Siete de cada diez personas consideran que este derecho está en riesgo, según la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios.
La percepción de que la libertad de expresión se encuentra amenazada en Costa Rica alcanzó su nivel más alto en los últimos tres años, según la III Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, elaborada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI), el Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El estudio muestra que siete de cada diez personas consideran que este derecho está en riesgo, lo que representa un aumento de nueve puntos porcentuales en comparación con 2024. Más de la mitad de los entrevistados percibe, además, la existencia de censura en el país, y una proporción similar asegura haber evitado publicar opiniones en redes sociales por temor a repercusiones laborales o personales.
La encuesta revela también un cambio significativo en los hábitos informativos. Por primera vez, las redes sociales superaron a la televisión como principal fuente de información sobre la realidad nacional. Sin embargo, la televisión sigue siendo el medio preferido, lo que refleja una coexistencia entre los formatos digitales y tradicionales.
Pese a las preocupaciones sobre el clima para la libertad de expresión, la confianza en los medios de comunicación y en los periodistas aumentó por tercer año consecutivo. La desconfianza total hacia el oficio es minoritaria, y la población distingue entre medios y profesionales a los que atribuye distintos niveles de credibilidad.
En este contexto, las universidades públicas se consolidaron como las instituciones más confiables para informar sobre temas nacionales, mientras que las diputaciones y los influencers ocuparon los últimos lugares en la escala de confianza ciudadana.
La coordinadora de PROLEDI, Giselle Boza Solano, explicó que medir la percepción ciudadana sobre la libertad de expresión permite “identificar barreras u obstáculos, sensibilizar a las autoridades públicas acerca de sus obligaciones como garantes, propiciar el diálogo y fortalecer las dinámicas democráticas”. Añadió que en un contexto de violencia digital, es fundamental reconocer tendencias hacia la autocensura o la desinformación, pues “una ciudadanía bien informada y con amplias posibilidades de participación es esencial para la democracia”.
El informe incluyó un apartado sobre el uso de la pauta estatal y el acceso a la información pública, tras la reciente sentencia de la Sala Constitucional que determinó que varias instituciones violaron indirectamente la libertad de expresión al retirar publicidad a un medio por emitir contenido satírico.
En ese sentido, el 74,8 % de los encuestados rechazó que la publicidad estatal se use para premiar o castigar a los medios según sus líneas editoriales. Además, la mayoría reportó no haber tenido dificultades para acceder a información pública desde la entrada en vigor de la Ley Marco de Acceso a la Información Pública, en noviembre de 2024.
El estudio también analizó la relación entre las percepciones sobre la libertad de expresión y la opinión hacia el presidente Rodrigo Chaves Robles. Las personas que valoran positivamente su gestión tienden a desconfiar más de los medios y de la prensa, mientras que quienes tienen una opinión negativa del mandatario muestran mayor confianza en ellos.
De igual manera, los sectores críticos con el gobierno son los que con mayor frecuencia reconocen haber limitado sus opiniones en redes sociales por temor a represalias. Según los investigadores, esta polarización influye en la forma en que la ciudadanía evalúa el estado de la libertad de expresión y el papel de los medios en la fiscalización del poder.
La encuesta fue aplicada por vía telefónica a 1001 personas mayores de 18 años, entre el 25 y el 29 de agosto y el 23 y 26 de septiembre de 2025. Tiene un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.
El equipo investigador estuvo conformado por Giselle Boza, Óscar Mario Jiménez y Johanna Rodríguez, con el apoyo del economista Surayabi Ramírez Varas.
