Contraloría señaló que las decisiones del ICE y Aresep aumentaron riesgo de racionamientos y afectaron tarifas eléctricas.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emitió un comunicado de prensa defendiendo las decisiones que han tomado en materia energética, tras la publicación de un informe de la Contraloría General de la República que señaló que la gestión del Instituto y la regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en materia de generación eléctrica no cumplen con el marco normativo y técnico aplicable, lo que ha incrementado el riesgo de racionamientos eléctricos y ha trasladado costos acumulados a las tarifas del 2025.

Al respecto, desde el ICE señalaron que el informe analiza la actuación del ICE y ARESEP durante el período 2020-2024, pero que durante la presente administración se tomaron “medidas urgentes y necesarias para solventar el déficit heredado en plantas de generación eléctrica, estabilizar las tarifas y garantizar un servicio continuo en las siete provincias”.

Entre los hallazgos más relevantes, la Contraloría señaló que el ICE retiró unidades de generación térmica sin atender sus propios estudios técnicos, exportó energía en contextos de déficit hídrico y arrendó plantas térmicas de forma tardía, lo que provocó racionamientos y costos adicionales para la ciudadanía. Además, cuestionó que Aresep modificara la metodología tarifaria del Costo Variable de Generación (CVG) sin analizar adecuadamente sus impactos.

La Contraloría cuestionó que el ICE retirara en 2021 y 2022 las unidades 8 y 10 de la Planta Térmica Moín —68 MW en total— pese a que “sus estudios técnicos indicaban que las unidades eran necesarias y no estaban obsoletas”, y que “si se retiraban debía restituirse su capacidad para 2024 y contar con planes de contingencia para suplir la necesidad; lo cual no fue efectuado por el ICE”.

Al respecto, desde el ICE indicaron:

La desincorporación de unidades de la Planta Térmica Moín se ejecutó según estudios técnicos que no proyectaban afectación al abastecimiento eléctrico. Sin embargo, la presente Administración detuvo esta acción e inició un proceso urgente de modernización del parque de respaldo térmico”.

Adicionalmente, el informe criticó que en el último trimestre de 2022 el ICE “disminuyó el nivel del embalse Arenal al vender energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER)”, aunque conocía la probabilidad del fenómeno de El Niño en 2023, lo que redujo la disponibilidad hídrica en un contexto ya desfavorable.

Sobre este tema, desde el ICE aseguraron que “las exportaciones de electricidad de 2022 no comprometieron la seguridad energética, ya que Arenal cerró el año con niveles por encima de lo programado. Producto de medidas aplicadas desde entonces, dicho embalse alcanzó niveles históricos en 2025”.

Dato D+: El 9 de mayo de 2024 se produjo un “racionamiento no programado” que afectó el 5,88% de la demanda nacional, cortando 100 MW de servicio eléctrico entre las 5:30 p.m. y las 7:38 p.m., con una energía no servida equivalente a 149 mil dólares.

Adicionalmente, el ICE aseguró que, a pesar de un crecimiento acelerado en la demanda eléctrica y condiciones hidrológicas adversas para el segundo semestre de 2024, la presente administración actuó con celeridad para evitar racionamientos mediante la contratación de generación térmica de respaldo.

Además, el informe de la Contraloría identificó diferencias promedio de hasta 357% entre las estimaciones del ICE y la generación térmica real, así como diferencias de 220% en las importaciones y de 213% en las exportaciones de energía.

“Las imprecisiones en las estimaciones del ICE impactan el cálculo del factor CVG y podrían afectar la toma decisiones de la Administración en cuanto a la gestión de los recursos de generación”, advirtió el informe. Este desfase puede traducirse en tarifas mayores para los usuarios, al acumularse costos no previstos.

En noviembre de 2023, la Aresep modificó la metodología del CVG para establecer tarifas anuales en lugar de trimestrales, a solicitud del ICE. Según la Contraloría, esta decisión se tomó “sin analizar el efecto sobre criterios regulatorios como el equilibrio financiero, la eficiencia económica, la devolución oportuna de excedentes a los usuarios y el envío de señales de precio estacionales”.

Además, se señaló que las liquidaciones tarifarias correspondientes a los años 2021 y 2022 no fueron incluidas en las tarifas de 2023 y 2024, como correspondía, sino que se trasladaron a 2025. Esto implicó una devolución acumulada de ₡58 mil millones a los usuarios hasta ese año.

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Al respecto, desde el ICE aseguraron que “el cambio a una aplicación anual de la metodología CVG permitió mayor estabilidad tarifaria, en beneficio de los usuarios finales, sin comprometer la solidez financiera del ICE”, y sobre las liquidaciones tarifarias añadieron:

Se siguió el procedimiento normativo vigente y se actuó con transparencia en la presentación de liquidaciones ante ARESEP. Desde hace tres años, Grupo ICE ha logrado utilidades positivas, al tiempo que ha mantenido tarifas estables y ha evitado incrementos de hasta un 70% en los recibos eléctricos”.

El ICE finalizó su comunicado señalando que la institución “reafirma su compromiso con la eficiencia, la planificación responsable y el servicio eléctrico de calidad. Como corresponde, continuará fortaleciendo sus procesos internos, con un enfoque técnico y transparente, para robustecer el Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.