Auditoría de la CGR señaló que decisiones del ICE y Aresep aumentaron riesgo de apagones y afectaron tarifas.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) rechazó los cuestionamientos formulados por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la nueva metodología para calcular el Costo Variable de Generación (CVG) y defendió su actuación como legítima, técnica y amparada en la ley.
Mediante el oficio OF-0564-RG-2025, el regulador general Eric Bogantes Cabezas respondió al informe de auditoría DFOE-SOS-IAD-00002-2025 de la CGR, que señaló deficiencias en la gestión y regulación del servicio eléctrico por parte de ARESEP y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En el documento, Aresep cuestionó la validez técnica del informe de la Contraloría y alegó que “emite criterios parciales sin análisis metodológico ni técnico suficientes”, lo que a su juicio lleva a “aseveraciones incorrectas y potenciales infracciones a normas legales específicas que sobrepasan el ejercicio de control de la hacienda pública”.
Bogantes recordó que Aresep actuó en el marco de sus competencias legales y reprochó que “no puede sustituirse el juicio técnico de órganos especializados” como la Autoridad Reguladora en materia tarifaria.
El punto de mayor controversia es la modificación de la metodología del CVG, implementada mediante resolución RE-0106-JD-2023. Este cambio sustituyó la revisión trimestral por una revisión anual, buscando, según Aresep, “corregir distorsiones existentes y mejorar la estabilidad financiera de los prestadores”, además de generar “señales de precios más consistentes y estables para los usuarios”.
La Contraloría, por su parte, criticó que el cambio fue adoptado “sin analizar el efecto sobre criterios regulatorios como el equilibrio financiero, la eficiencia económica, la devolución oportuna de excedentes a los usuarios y el envío de señales de precio estacionales que incentiven la eficiencia energética”. Según la auditoría, esa modificación impidió una rebaja más significativa en las tarifas eléctricas del 2025 y generó un aumento del 36,5% en el CVG de ese año.
No obstante, Aresep argumenta que de no haberse hecho el ajuste, “se habrían dado tarifas mucho más altas durante periodos más cortos de tiempo”. Según el regulador, si se hubiera mantenido la antigua metodología, en el cuarto trimestre de 2023 se habrían tenido que recuperar 45 mil millones de colones (15 mil millones por mes) y en el primer trimestre de 2024 otros 41 mil millones, lo que habría implicado tarifas más elevadas que las finalmente cobradas.
Aresep también aseguró que “la CGR no realizó un análisis integral” de la regulación tarifaria, y más bien presentó “valoraciones parciales de temas específicos” sin tomar en cuenta los efectos compensatorios de otras medidas regulatorias aplicadas durante el mismo periodo.
En su oficio de respuesta, la Aresep indicó que los cambios fueron producto de estudios técnicos internos y la utilización de escenarios de impacto regulatorio, conforme a su marco normativo. Además, defendió la posibilidad abierta en la nueva metodología para realizar hasta tres ajustes tarifarios intra-anuales a solicitud de las empresas prestadoras, como una herramienta de equilibrio financiero.
La Contraloría, por su parte, ordenó a la Aresep realizar un informe técnico integral sobre la nueva metodología y su impacto, así como reforzar la fiscalización contable del ICE y la evaluación periódica de las regulaciones tarifarias en aplicación.
En su pronunciamiento, Aresep subrayó que la fijación de tarifas “no puede evaluarse solo desde una perspectiva contable”, sino que responde a una complejidad técnica que exige respeto por el conocimiento especializado y los límites institucionales.
