ICE disminuyó nivel del embalse Arenal en último trimestre de 2022, pese a saber de la posibilidad de El Niño en 2023.
La Contraloría General de la República (CGR) señaló este lunes que la gestión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en materia de generación eléctrica no cumplen con el marco normativo y técnico aplicable, lo que ha incrementado el riesgo de racionamientos eléctricos y ha trasladado costos acumulados a las tarifas del 2025.
Una auditoría, contenida en el informe DFOE-SOS-IAD-00002-2025, abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, y concluyó que las decisiones tomadas “han comprometido el principio de servicio al costo y la seguridad del suministro eléctrico”, al priorizar la estabilidad tarifaria sin considerar plenamente las consecuencias sobre la capacidad de respaldo del sistema.
Entre los hallazgos más relevantes, la CGR señaló que el ICE retiró unidades de generación térmica sin atender sus propios estudios técnicos, exportó energía en contextos de déficit hídrico y arrendó plantas térmicas de forma tardía, lo que provocó racionamientos y costos adicionales para la ciudadanía. Además, cuestionó que Aresep modificara la metodología tarifaria del Costo Variable de Generación (CVG) sin analizar adecuadamente sus impactos.
La Contraloría cuestionó que el ICE retirara en 2021 y 2022 las unidades 8 y 10 de la Planta Térmica Moín —68 MW en total— pese a que “sus estudios técnicos indicaban que las unidades eran necesarias y no estaban obsoletas”, y que “si se retiraban debía restituirse su capacidad para 2024 y contar con planes de contingencia para suplir la necesidad; lo cual no fue efectuado por el ICE”.
También criticó que en el último trimestre de 2022 el ICE “disminuyó el nivel del embalse Arenal al vender energía en el Mercado Eléctrico Regional (MER)”, aunque conocía la probabilidad del fenómeno de El Niño en 2023, lo que redujo la disponibilidad hídrica en un contexto ya desfavorable.
A raíz de estas decisiones, el ICE tuvo que contratar de forma urgente el arrendamiento de 140 MW de plantas térmicas por $82,4 millones, pero su entrada en operación “sufrió retrasos de hasta dos meses, afectando la capacidad requerida por el Instituto para enfrentar el fenómeno de El Niño”.
Esto derivó en que el 9 de mayo de 2024 se produjera un “racionamiento no programado” que afectó el 5,88% de la demanda nacional, cortando 100 MW de servicio eléctrico entre las 5:30 p.m. y las 7:38 p.m., con una energía no servida equivalente a 149 mil dólares.
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La auditoría identificó diferencias promedio de hasta 357% entre las estimaciones del ICE y la generación térmica real, así como diferencias de 220% en las importaciones y de 213% en las exportaciones de energía.
“Las imprecisiones en las estimaciones del ICE impactan el cálculo del factor CVG y podrían afectar la toma decisiones de la Administración en cuanto a la gestión de los recursos de generación”, advirtió el informe. Este desfase puede traducirse en tarifas mayores para los usuarios, al acumularse costos no previstos.
En noviembre de 2023, la Aresep modificó la metodología del CVG para establecer tarifas anuales en lugar de trimestrales, a solicitud del ICE. Según la Contraloría, esta decisión se tomó “sin analizar el efecto sobre criterios regulatorios como el equilibrio financiero, la eficiencia económica, la devolución oportuna de excedentes a los usuarios y el envío de señales de precio estacionales”.
La Intendencia de Energía advirtió que este cambio “desvirtúa la naturaleza extraordinaria de esta metodología, perdiendo su propósito esencial”, e imposibilita a los operadores recibir recursos oportunamente para mantener su equilibrio financiero.
Asimismo, se incluyó un transitorio que impidió reconocer en tarifas de 2024 un total de 86 mil millones de colones en gastos adicionales incurridos entre mayo y octubre de 2023, obligando al ICE a asumirlos y financiarlos durante 24 meses. La Contraloría cuestionó que no se verificara el origen de estos fondos ni su impacto sobre otras necesidades del servicio.
El informe también señaló que las liquidaciones tarifarias correspondientes a los años 2021 y 2022 no fueron incluidas en las tarifas de 2023 y 2024, como correspondía, sino que se trasladaron a 2025. Esto implicó una devolución acumulada de 58 mil millones a los usuarios hasta ese año.
Además, la CGR detectó que Aresep no aplicó el mismo criterio para reconocer en 2024 los efectos tarifarios del cumplimiento de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 en 2020, lo que genera “incertidumbre acerca de si existen saldos a favor de las personas usuarias” por ese año.
Los costos que no se reconocen oportunamente no desaparecen; por el contrario, se acumulan y, tarde o temprano, recaen sobre las personas usuarias; además se compromete la estabilidad financiera del ICE y limita la inversión en infraestructura, debilitando así su capacidad para responder ante condiciones climáticas y operativas adversas. A largo plazo, esto no solo pone en riesgo su sostenibilidad, sino que impacta a toda la sociedad, ya sea con posibles incrementos tarifarios tardíos, menor desarrollo del sector o un riesgo de deterioro en la calidad del servicio".
La Contraloría ordenó al ICE y a la ARESEP una serie de medidas con plazos específicos, entre ellas revisar y mejorar el modelo de estimación del ICE para reducir las brechas entre lo proyectado y lo real, elaborar un informe técnico conjunto sobre la metodología del CVG y, si corresponde, proponer su modificación, realizar una fiscalización contable del ICE para verificar su sostenibilidad financiera, establecer un proceso sistemático para evaluar los impactos de las regulaciones tarifarias y garantizar al menos un estudio tarifario anual por operador del servicio eléctrico.
Según el ente contralor, estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio y su incumplimiento injustificado podría derivar en responsabilidad administrativa.
