Autoridades del Ejecutivo valoran la posibilidad en caso de que se reselle decreto para la pensión anticipada para el OIJ.
El Gobierno de la República afirmó que trabajan en un proyecto de ley para liquidar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial y trasladar sus afiliados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Marta Esquivel Rodríguez, detalló que la propuesta se presentaría en caso de que las diputaciones de la Asamblea Legislativa resellen el veto que el presidente, Rodrigo Chaves Robles, impuso sobre la creación de una pensión anticipada para agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El cambio generaría un ahorro del 10% en los salarios de muchos funcionarios judiciales, con respecto al régimen actual, dijo la jerarca este miércoles en la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo.
El veto
Este 6 de mayo, el Ejecutivo vetó un proyecto de ley que permitiría a funcionarios del OIJ acceder a una pensión anticipada al cumplir como mínimo 55 años de edad si laboraron en puestos donde se requiera portación de armas.
El Gobierno alegó tres razones principales: inconstitucionalidad por trato discriminatorio, falta de estudios técnicos y razonabilidad y riesgo para la sostenibilidad financiera del fondo de pensiones del Poder Judicial.
Este miércoles Esquivel Rodríguez indicó que ese fondo ya arrastra un déficit de más de ₡600.000 millones y que este proyecto aumentaría la presión sobre el sistema que fue reformado en 2017.
Por su parte, el presidente cuestionó que no hay financiamiento para sostener el proyecto aprobado por las diputaciones.
No dice de dónde va a salir la plata. No dice que se van a aumentar las contribuciones del patrono, no dice que se van a aumentar las contribuciones del funcionario, no dice que los funcionarios que no cargan pistola del OIJ van a trabajar más años para pagarles a los que salen antes. No dice, y Dios guarde lo dijera, que eso va a ser parte del presupuesto general de la República que va a pagar esos recursos".
Además, Chaves Robles dijo que esta ley representa un trato desigual para las otros funcionarios que también arriesgan sus vidas en los trabajos.
¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué los policías de la fuerza pública tienen que jugarse la vida hasta los 65 años o más? ¿Por qué los bomberos que combaten verdaderos infiernos e inhalan los gases más tóxicos para ganarse el sustento no pueden pensionarse a los 55? ¿Por qué los paramédicos, que se desvelan atendiendo los accidentes más aparatosos cuando la mayoría dormimos, tienen que esperar más para jubilarse?".
Los integrantes del Ejecutivo cuestionaron si esta ley más bien no generaría la salida de funcionarios especializados que ya cumplan con los requisitos para acogerse a la pensión. Asimismo, dudaron del efecto que esta ley tendría sobre otros funcionarios judiciales, como secretarias, asistentes administrativos y personal de limpieza, quienes también aportan al fondo, pero no recibirían el mismo beneficio.
