Los derechos laborales y las victorias que se obtuvieron hace un siglo sobre las jornadas laborales están bajo ataque del gobierno, la Asamblea Legislativa y el empresariado.
En el marco de la discusión legislativa sobre las jornadas extenuantes de 12 horas sin pago de horas extra, 4 días a la semana, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, ha sostenido públicamente que este tipo de esquemas mejorarían la competitividad del país. Pero cuando se le solicita al ministerio sustentar esa afirmación con evidencia técnica, estudios científicos o datos verificables, la respuesta oficial resulta ser un vacío: una colección de documentos que, en realidad, no tienen nada que ver con lo que se discute.
Personalmente solicité al Ministerio de Comercio Exterior los estudios que supuestamente respaldan su apoyo a este tipo de jornadas laborales. Lo que recibí fueron cinco informes de la OCDE que, al analizarlos cuidadosamente, revelan una verdad incómoda: ninguno de ellos menciona, respalda o siquiera analiza las jornadas de 12 horas como herramienta de política económica. Es decir, no existe sustento técnico para justificar este retroceso laboral.
Veamos los documentos proporcionados:
- Estudio económico de la OCDE: Costa Rica (2023). Aunque se centra en el contexto económico nacional, no aborda las jornadas extendidas ni evalúa su impacto en la competitividad.
- Estudios de políticas de inversión de la OCDE: Costa Rica (2013). Tiene ya más de una década y, aunque toca el tema de inversión, omite por completo cualquier mención de jornadas de trabajo de 12 horas.
- Perspectivas de empleo de la OCDE (2019). Ni se enfoca en Costa Rica ni analiza esquemas de trabajo como el que se intenta implementar.
- Perspectivas de empleo de la OCDE (2021). Idéntica situación: informe global, sin datos relevantes sobre Costa Rica ni sobre jornadas extenuantes.
- Estudio económico de la OCDE: Costa Rica (2020). A pesar de su enfoque en el país, no presenta ningún análisis sobre jornadas laborales de 12 horas.
En resumen: Ni un solo estudio, ni un solo dato que justifique la afirmación de Tovar. Lo más grave es que esta falta de evidencia no ha sido reconocida ni corregida. Peor aún, ha sido validada por otras figuras políticas, como el candidato presidencial Álvaro Ramos, quien decidió tragarse, y reproducir, sin reparos estas afirmaciones sin fundamento.
Este tipo de jornadas laborales no sólo implican trabajar más horas al día por menos salario (al no pagarse horas extra), sino que representan un grave retroceso en los derechos conquistados. Atentan especialmente contra mujeres, madres jefas de hogar y personas en condición de vulnerabilidad, quienes se verían forzadas a enfrentar jornadas extenuantes que limitan su acceso al cuidado, al estudio, a la salud y al descanso.
Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos hemos presentado numerosos estudios y argumentos en contra de estas jornadas. Hemos acudido al diálogo público con datos, con evidencia, con historia. Del otro lado, lo que encontramos son improvisaciones, falsedades y una peligrosa indiferencia hacia el daño que esta política causaría en la vida real de miles de personas trabajadoras.
Lo mínimo que merece el país es una discusión basada en información seria, no en titulares ni discursos vacíos. Si el gobierno y sus aliados van a insistir en cambiar la estructura laboral de Costa Rica, que lo hagan con estudios legítimos en la mano (y no con documentos que, al ser examinados, desnudan la falta total de sustento de su propuesta).
Manipular la verdad para justificar el debilitamiento de derechos no es una estrategia política: es una falta ética grave. Y quienes callan o aplauden, también son responsables.
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