Ahorrantes pidieron que se tomen las acciones necesarias para recuperar el dinero que le confiaron a BCR SAFI.

Un grupo de ahorrantes de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del Banco de Costa Rica (BCR) se manifestó este lunes frente a las oficinas centrales del BCR en Avenida Segunda, para solicitar a las autoridades que tomen las acciones necesarias para recuperar el dinero que le confiaron a la subsidiaria del banco estatal, como parte del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIIND).

El grupo de ahorrantes denunció que el BCR y BCR-SAFI han intentado evadir su responsabilidad en el manejo del FIIND por medio de apelaciones y la judicialización de procesos ya ratificados por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), cuyas resoluciones permitirían recuperar el dinero de los inversionistas que se perdió por la compra del Parque Empresarial del Pacífico.

La manifestación se da luego de que hace un mes, la Junta Directiva del BCR acudiera al Tribunal Contencioso Administrativo para suspender la orden administrativa SGV-R-179-2024 de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que obligaba a la entidad financiera y a BCR SAFI a ejecutar una serie de acciones relacionadas con el Parque Empresarial del Pacífico, inmueble incluido en el FIIND, incluyendo la orden de sacar el parque de ese fondo, lo que implicaría un traslado definitivo de más de 70 millones de dólares de la entidad bancaria a su subsidiaria.

El vocero del movimiento, Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, explicó:

Desde hace ya tres años venimos demostrándole a la gente del Banco de Costa Rica que de ahí, de ahí adentro, se robaron plata, muchísimo dinero, muchísimo dinero, que se le había confiado al banco, por su buen nombre, por su condición de ser banco estatal. No hicieron caso. Pusieron, más bien, una red inexpugnable de cuido. Se protegen entre sí, no permiten que las investigaciones avancen, no permiten que las soluciones se concreten".

En los videos compartidos por el movimiento se observa que los manifestantes fueron atendidos por el gerente general del BCR, Julio César Trejos Delgado, pero no detallaron los resultados de la conversación.

El caso BCR SAFI

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) es una sociedad anónima fundada en 1999, subsidiaria del BCR, que es dueño del 100% del capital social, y que administra activos en el mercado de inversiones nacional y centroamericano.

El BCR SAFI es administrador del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) del BCR, el cual en febrero del 2020 compró, a una sociedad que era propiedad del exdiputado socialcristiano, Humberto Vargas Corrales, el Parque Empresarial del Pacífico —un conjunto de unas bodegas industriales en un terreno de 540.400 metros cuadrados, ubicadas en Caldera, en el cantón de Esparza— a un precio de 70 millones de dólares.

En setiembre del 2022 varios inversores del BCR SAFI denunciaron ante la Superintendencia General de Valores (Sugeval) la compra de ese bien inmueble alegando, según informó La Nación en enero anterior, preocupación por “el alto valor de adquisición de la propiedad, supuestas anomalías en el arrendamiento del edificio y que el endeudamiento contraído para comprar el inmueble drena las ganancias de los inversionistas”.

El 19 de junio de 2023 Teletica informó que la junta directiva del BCR recibió un informe de avalúo que confirmaba que en la compra del Parque Empresarial del Pacífico se pagaron 43,4 millones de dólares por encima del valor de la propiedad. Ese mismo día renunciaron a la entidad financiera el gerente de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica (BCR), Juan Carlos Bolaños Azofeifa y el subgerente de Banca Corporativa de esa misma entidad bancaria, Álvaro Camacho de la O —quien fue gerente general de BCR SAFI—.

En agosto de 2024 la Junta Directiva de BCR SAFI anunció que había interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público por la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), propiedad de BCR Fondo de Inversión Inmobiliario.

La denuncia se presentó a raíz del Informe de Relación de Hechos elaborado por la Auditoría Interna de la Sociedad, que había sido solicitado por la Junta Directiva tras recibir tres denuncias anónimas en marzo de 2021.

Este caso es investigado desde enero del 2023 por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.