El caso BCR SAFI revela una cadena de omisiones, apelaciones y maniobras que prolongan el perjuicio a los ahorrantes.

Para resolver cualquier problema, lo primero es definirlo con claridad y luego ejecutar las acciones que su solución requiere.

En el caso BCR SAFI, la punta del iceberg —los efectos de la actuación indebida a las normas de varios funcionarios del Banco de Costa Rica en el año 2020— siguen causando perjuicio a más de 1.700 ahorrantes, la mayor parte de ellos adultos mayores, a diversas operadoras de pensiones cuyos fondos pertenecen a cientos de miles de afiliados, y al sistema financiero nacional en general.

Está plenamente demostrado y aceptado que, en ese año, como culminación de un patrón de prácticas malsanas, la SAFI del BCR, administradora de recursos ajenos, compró a un precio desmedido el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), hoy cerrado por inservible. Esa compra continúa hoy desangrando el patrimonio de quienes confiaron en el “sello Banco de Costa Rica” y depositaron allí sus ahorros.

Habiéndose probado tales conductas, no queda duda —ni siquiera para las propias autoridades del Banco— de que, como señaló la Procuraduría General de la República, corresponde al Banco de Costa Rica reparar los entuertos causados por sus funcionarios, unos por acción y otros por omisión.

La Sugeval, autoridad supervisora del mercado de valores, así lo determinó en octubre de 2024, al ordenar que el Banco recompre el inmueble, que el producto de esa venta se utilice para pagar las deudas con el propio Banco, y que se informe a los inversionistas en Asamblea General sobre la ejecución de la medida. Sin embargo, el Banco optó por apelar la orden, atrasando ocho meses la aplicación del mandato. Conassif, la máxima autoridad financiera, ratificó la resolución, recordándole al Banco la gravedad de sus actuaciones y el daño a los inversionistas.

Firme la orden, el Banco simuló cumplirla: convocó a Asamblea indicando fecha, hora, lugar y orden del día, e incluso propuso un plan para recomprar el PEP. Sin embargo, alguien dentro del Banco aconsejó mal a las autoridades, quienes en pocas horas revirtieron su decisión y recurrieron a barreras judiciales para detener nuevamente el proceso. Hace ya más de dos meses que la ejecución de la orden permanece paralizada, sin avances visibles.

Dos comportamientos del Banco de Costa Rica resultan inaceptables en un sistema democrático de derecho:

  • Que un banco estatal actúe repetidamente contra los intereses de sus clientes, se le demuestre y aun así intente encubrir las graves faltas.
  • Que una entidad pública desafíe el mandato legítimo de su órgano supervisor, poniendo en entredicho la institucionalidad que garantiza la legalidad y la confianza pública.

Las autoridades del Banco prolongan la inacción. En vez de asumir la responsabilidad y reparar el daño, posponen las decisiones para que sean otros quienes carguen con las consecuencias futuras. Cada día de retraso agrava la pérdida patrimonial de las personas afectadas, pone en riesgo la solvencia del Fondo de Inversión y profundiza el deterioro de la reputación institucional.

Conviene identificar a quienes deben decidir. Son los siete miembros de la Junta Directiva del Banco, nombrados por el Poder Ejecutivo por periodos de ocho años, con vencimientos alternos. Tres de ellos son recientes, ajenos a los hechos iniciales; dos fueron designados en 2022, presentándose como especialistas en temas financieros y de fondos de inversión; y dos más, nombrados desde 2018, estuvieron en funciones cuando se realizaron las compras señaladas por irregularidades. Todos, al asumir el cargo, juraron defender la Constitución y las leyes de la República, por encima de cualquier consideración de estrategia u oportunidad.

Hoy corresponde a Mahity Flores F., Néstor Solís B., Fernando Víquez S., Manuel Rodríguez del Paso, Sonia Mora J., Pilar Muñoz F. y Jean Carlo Calderón C. actuar con aplomo e integridad. Están en posición de acatar el mandato de SUGEVAL, reparar el daño y devolver la confianza al público.

Las personas afectadas, la ciudadanía, el mercado financiero y el propio Banco de Costa Rica merecen decisiones responsables. Cumplir con lo ordenado por el supervisor no solo es un acto de justicia y transparencia, sino también la única vía para iniciar una solución integral.

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