Hacienda suele hacer solicitudes masivas de datos personales a terceros, como las empresas proveedoras de servicios públicos, para fines de control tributario.
La diputada independiente, electa por el Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando Bonilla, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.994) que propone reformar el artículo 105 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Ley 4755) para establecer límites más estrictos a los requerimientos de información que realiza el Ministerio de Hacienda.
Según el texto presentado, la iniciativa surge como respuesta a la práctica administrativa de realizar solicitudes masivas de datos a terceros, luego de que este año se conociera que Hacienda solicitó datos personales a empresas proveedoras de servicios públicos, para localizar e investigar a personas contribuyentes que podrían estar incumpliendo con sus obligaciones fiscales.
Dato D+: Según Hacienda, entre 2020 y 2024 las solicitudes de información permitieron ejecutar más de 1,4 millones de actuaciones tributarias, detectar inconsistencias por 328.072 millones de colones y recuperar 256.278 millones de colones en gestiones de cobro.
La iniciativa de ley propone que cada solicitud de información deba ser individualizada, motivada por escrito y limitada a lo estrictamente necesario,. Además, establece que la persona requerida deberá notificar al titular de los datos entregados, salvo cuando ello ponga en riesgo la obtención de pruebas.
La exposición de motivos justifica esta reforma señalando:
El impacto de esta reforma será doblemente positivo: por un lado, permitirá a la Dirección General de Tributación focalizar sus esfuerzos en casos concretos y debidamente justificados, optimizando recursos y agilizando los procedimientos de verificación; por otro, garantizará a los ciudadanos y a los terceros obligados un marco de seguridad jurídica claro, reduciendo la litigiosidad derivada de solicitudes inespecíficas y promoviendo la colaboración voluntaria informada".
También se incorporan excepciones al deber de entrega para ministros de culto, profesionales con secreto profesional, funcionarios obligados por ley a mantener confidencialidad, y familiares directos del contribuyente hasta el tercer grado.
Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto podrá iniciar su trámite legislativo ordinario si es convocado por el Poder Ejecutivo, o a partir del 1 de agosto.
