El proyecto introduce la obligación de que todo requerimiento de información por parte del Ministerio de Hacienda a terceros sea necesariamente individualizado, de manera que la Administración dirija su petición a un sujeto o grupo de sujetos determinados, descartando las solicitudes de naturaleza genérica, indeterminada o meramente exploratoria. Asimismo, se impone la exigencia de motivación por escrito que detalle con precisión la finalidad perseguida, el periodo temporal del que se solicitan datos y la descripción pormenorizada de la información requerida, atendiendo al principio de minimización previsto en la Ley de Protección de Datos Personales. Además, se incorporan asimismo excepciones expresas al deber de entrega para ministros de culto, profesionales sujetos a secreto profesional y funcionarios con obligación legal de reserva, así como para los ascendientes, descendientes o afines hasta el tercer grado y el cónyuge del contribuyente.