Colegio profesional subrayó que el Estado debe ser garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Costa Rica comentó que analiza con preocupación la definición de espacios de alta contención en el sistema penitenciario nacional, anunciados el 9 de abril por el Ministerio de Justicia y Paz. Ese ministerio indicó que los espacios serán para ubicar a población privada de libertad con un “perfil de más elevada peligrosidad”.
Para los profesionales, esto se traduce en un retroceso en materia de derechos humanos señalados desde la Constitución Política. Además, consideran que esta decisión debe ser analizada de manera crítica, comprendiendo que estas medidas no vienen a resolver ni la seguridad ciudadana, ni la prevención del delito.
Los trabajadores sociales recordaron que en 2018, el Estado Costarricense a través de la política penitenciaria vigente, estableció que “el punto de partida tiene que ser el reconocimiento de las personas recluidas en centros penitenciarios como sujetos de todos estos derechos, con las únicas restricciones que implica su privación de libertad”.
En esta política pública penitenciaria, se detalló que el objetivo de las acciones y lineamientos es la persona, su entorno y capacidades, en lugar de enfoques criminológicos que colocan al delito como centro de la atención del servicio penitenciario.
De esta manera, desde el colegio consideran urgente que se trabaje en un plan destinado a potenciar las capacidades laborales, fortalecer procesos educativos, generar integración y habilidades sociales para mejorar las posibilidades de inserción social de la población privada de libertad. "Es a partir del desarrollo de capacidades, que finalmente se impacta en la posibilidad de comisión de nuevos delitos", indicaron.
Además de los espacios de alta contención, Justicia y Paz anunció el 23 de abril que las personas en esos circuitos tendrán nuevas restricciones. Entre los cambios destacan la reducción de visitas familiares a una vez al mes, las conyugales cada dos meses, y la prohibición de visitas íntimas sin vínculo demostrado.
Además, las encomiendas solo se permitirán una vez al mes con artículos de primera necesidad, y las llamadas telefónicas se limitarán a 10 minutos semanales, reemplazando el acceso libre actual.
Jorge Arturo Sáenz, presidente del Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Costa Rica, comentó:
Las medidas adoptadas recientemente en esta institución restringen el derecho de las personas privadas de libertad al contacto con sus familias, al acceso a los medios de comunicación, y a las condiciones dignas y humanizadas en prisión; contravienen lo señalado en la política pública, el reglamento penitenciario vigente y las normas internacionales que Costa Rica ha suscrito como país”.
El representante del colegio subrayó que el Estado debe ser garante, respecto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Agregaron, que en ese sentido, la Corte Interamericana señala: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal.”
El Colegio, denuncia además que las y los profesionales de trabajo social que laboran con esta población, enfrenta condiciones objetivas complejas. Pese a esto, el gremio reiteró su compromiso con el ejercicio profesional relacionado con la defensa y exigibilidad de derechos de la población privada de libertad.
