Ejecutivo afirmó que obra tendría un ahorro de 25 millones de dólares gracias a alianza con El Salvador.
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, encabezó recientemente una misión oficial a El Salvador con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia penitenciaria y trabajar en el modelo de lo que será la nueva cárcel de Costa Rica.
Este 9 de abril en la conferencia de prensa semanal del Poder Ejecutivo, Campos Valverde junto al presidente Chaves Robles comentaron que lograron la ratificación de acuerdos que permitirán a Costa Rica acceder a los diseños, planos y procesos de construcción de los centros penales salvadoreños. Afirmaron que esto significará un ahorro de aproximadamente 25 millones de dólares para el país en la construcción de esta obra.
El ministro comentó:
El costo estimado del nuevo centro penitenciario costarricense rondaba los 60 millones de dólares, pero gracias a esta cooperación, podría reducirse a unos 35 millones. Además, el país ya trabaja en la identificación de fuentes de financiamiento propias para llevar a cabo el proyecto”.
La delegación costarricense visitó varios centros penales, incluyendo el conocido como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y la cárcel llamada "CERO OCIO". Además, el jerarca sostuvo reuniones con el Ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador y los equipos técnicos responsables de la infraestructura penitenciaria.
En el intercambio con el gobierno salvadoreño se acordó una relación de cooperación recíproca entre el personal de ambos ministerios. Según detalló el Ejecutivo el vínculo está enfocado en temas como disciplina, seguridad, inserción social, oportunidades laborales dentro del sistema y la aplicación de modelos preventivos impulsados por el Viceministerio de Paz.
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Este miércoles Campos Valverde comentó que ampliarán los cupos de máxima seguridad a 1.000 internos, para ejercer un control más estricto sobre las personas privadas de libertad.
El jerarca agregó que denunciaron penalmente a las operadoras telefónicas que no cumplen con el bloqueo de señales en las cárceles, tras agotar el tiempo prudencial que se les dio para ese cumplimiento. El encargado de la cartera de Justicia y Paz detalló que se denunció a las empresas Kölbi, Claro y Liberty.
La ley le da esa obligación a las operadoras telefónicas del bloqueo. Ayer las denunciamos penalmente y, ahora sí, que el OIJ las investigue. Es su responsabilidad y ahí no debe haber comunicación. Nos cansamos de estar en mesas de trabajo, si no cumplen que le apliquen la ley y, si son condenados, que vayan a la cárcel".
El ministro también comentó que, en coordinación con la Academia Nacional de Policía, los policías penitenciarios que aún no han completado su curso básico lo harán este año, para ser nombrados oficialmente en propiedad.
