Critican, no obstante, que Gobierno les prohíbe a los migrantes trabajar y les exige el pago de una tasa de $55.

Organizaciones que velan por los derechos humanos reconocieron la decisión del Gobierno de Costa Rica de otorgar estatus legal temporal y libertad de movimiento a 94 migrantes deportados por Estados Unidos que aún se encuentran en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), en el cantón fronterizo de Corredores.

El grupo de personas fue enviado de Estados Unidos a Costa Rica en febrero anterior, en el marco de expulsiones masivas de migrantes a naciones de Centroamérica.

Tras más de 50 días de detención, el Consejo Global de Litigio Estratégico (GSLC), el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESOH) y la Clínica de Disputas Transnacionales de la Facultad de Derecho de Cornell presentaron una demanda ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en la que condenan la detención de niños migrantes por parte de Costa Rica y exigiendo una reparación urgente.

Tras esto, el Gobierno costarricense devolvió los pasaportes y ahora brinda la posibilidad de tramitar permisos de estancia temporal válidos por tres meses. También permite que se sigan utilizando como refugio las mismas instalaciones del Catem.

Los grupos de derechos humanos reconocen el avance, pero siguen preocupados debido a que el Gobierno les prohíbe a los migrantes trabajar y les exige el pago de una tasa de $55 para obtener permisos humanitarios. Tampoco prevé un alojamiento ni una educación adecuados para los niños, sino que solo ofrece a las familias acceso a las instalaciones de detención actuales.

Silvia Serna Román, litigante principal en este caso y abogada del Consejo Global de Litigio Estratégico, comentó que las alarmas siguen encendidas especialmente por la situación de niños y niñas.

Sin la posibilidad de trabajar, sin un alojamiento adecuado para los niños y sin acceso a la educación, estas familias siguen en una situación de incertidumbre”.

La principal preocupación de los grupos pro derechos de migrantes ahora es que el Gobierno de Costa Rica cumpla con sus obligaciones legales internacionales en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, proporcionando acceso a la educación, garantizando una vivienda adecuada para los niños y garantizando condiciones que favorezcan un desarrollo saludable.

"Nuestro objetivo siempre ha sido claro: garantizar que Costa Rica cumpla con sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, afirmó Juan Rodríguez, coabogado y coordinador jurídico del IIRESODH, con sede en Costa Rica.

Esta demanda tiene por objeto garantizar la seguridad y la protección de estas familias y asegurar que sus hijos no se vean afectados de forma permanente por esta experiencia traumática”.

La demanda internacional hizo eco en medios de comunicación fuera de Costa Rica, como por ejemplo en el diario estadounidense, The New York Times. El recurso fue interpuesto en conjunto por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Jesuita a Migrantes de Costa Rica y el American Friends Service Committee (AFSC).

Serna Román agregó que los deportados merecen más que una libertad temporal, "merecen la oportunidad de un futuro”. La abogada finalizó:

Instamos a Costa Rica a que cumpla con sus obligaciones legales y adopte medidas inmediatas para proporcionar alojamiento adecuado, educación y acceso a asistencia letrada, dando a estas familias una oportunidad real de recuperarse y reconstruir sus vidas”.