Consideran que acciones del Gobierno atentan contra derechos de la niñez, adolescencia, mujeres, poblaciones LGBTIQA+ y personas viviendo con VIH.
La organización no gubernamental Acceder, presentó una denuncia formal ante los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas (ONU) por medidas adoptadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) que consideran como una violación a los derechos humanos de la niñez, adolescencia, poblaciones LGBTQIA+ y personas viviendo con VIH.
El documento va dirigido a las siguientes representaciones de la ONU: Relatoría Especial de Educación, Relatoría Especial de Salud, Relatoría Especial de Violencia contra las Mujeres y Niñas, Experto Independiente de Orientación Sexual e Identidad de Género y Relator Especial de Cuestiones de las Minorías.
Acceder puntualiza que el Gobierno de Costa Rica anunció una serie de decisiones el 29 de enero del 2025 que, en su opinión, retrasan más de una década el avance en derechos humanos y atacan directamente los derechos sexuales y derechos reproductivos de la niñez, adolescencia, mujeres, poblaciones LGBTIQA+ y personas viviendo con VIH.
En detalle, ese día el Poder Ejecutivo, bajo orden del presidente Rodrigo Chaves Robles, eliminó el “Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral” y el “Protocolo de Atención del Bullying contra Población LGBTQIA+”.
Estos cambios se justificaron con el argumento de evitar "clasificaciones que generan segregación", promoviendo una visión supuestamente neutral que es criticada por reproducir discursos de odio, desinformación y estigmatización. Las decisiones incluyeron además la eliminación de la figura del Comisionado de Inclusión Social y la derogación de decretos ejecutivos sobre no discriminación. Además, se introdujo de un nuevo programa de educación religiosa desde un enfoque cristiano, señalaron desde Acceder.
En ese momento organizaciones denunciaron que las decisiones contradicen compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado costarricense. Además, vulneran derechos fundamentales como la educación, la salud, la integridad física y emocional, y la igualdad ante la ley.
Janekeith Durán, vocero de la organización sobre las acciones para preservar la Educación Sexual Integral, comentó:
Las acciones del Gobierno de la República evidencian retrocesos y violaciones de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, lo cual es especialmente grave. Además, se contravienen las responsabilidades internacionales que el Estado está obligado a cumplir, así como los propios marcos legales costarricenses”.
Acceder también dio a conocer que presentó dos solicitudes de información pública al MEP con la intención de conocer los criterios técnicos que justificaron estas decisiones violatorias de derechos humanos. Ante la falta de respuesta en tiempo y forma por parte del ministerio, la ong presentó dos recursos de amparo. Ambos fueron resueltos y la Sala Constitucional constató que el MEP violentó además el derecho fundamental de acceso a la información pública.
