Desde el despertar democrático de occidente que se origina con la Independencia de los Estados Unidos, el desarrollo gradual del parlamentarismo inglés y la Revolución Francesa se ha venido promoviendo la democracia como un bien en sí mismo.
Eso no es suficiente. La democracia debe ser eficiente.
Entendemos generalmente por democracia liberal un sistema de gobierno basado en libertades públicas, elecciones libres, abiertas y justas y un sistema jurídico que dé fundamento a un Estado de derecho.
Legitimidad de la democracia
La legitimidad de la democracia se fundamenta tanto por la equidad en sus procedimientos para la elección y manejo de sus gobiernos, como por los resultados que obtienen los ciudadanos.
En sus diversas concepciones se ha procurado la implementación de la democracia liberal por las ventajas que aporta para la libertad, la dignidad y el progreso de los ciudadanos.
Así se ha hecho tradicionalmente con indiferencia de que se conceptúe la democracia como soberanía del pueblo, como sistema pacífico de cambio de gobierno o como medio para el debate inteligente para llegar a tomar decisiones por decisión mayoritaria con respeto a las minorías.
En el artículo “Delivering for Democracy: Why Results Matter” (Cumpliendo con la democracia: Por qué los resultados son importantes) publicado en la edición de abril del Journal of Democracy, Francis Fukuyama, Chris Dann y Beatriz Magaloni argumentan que la legitimidad de la democracia hoy se fundamenta menos en la equidad de sus procedimientos y más en sus resultados.
Estos autores señalan:
Las afirmaciones sobre la supremacía de la democracia basadas en sus méritos procedimentales pueden carecer de la resonancia que alguna vez tuvieron. Aunque las anteriores "olas" de democratización pudieron haber tocado los corazones y las mentes de los ciudadanos a través del derecho al voto y la adquisición sin precedentes de nuevos derechos, estos vehículos de legitimidad posiblemente han alcanzado su límite. En las democracias con bajo rendimiento, los ciudadanos muestran cada vez más insatisfacción con el sistema político al participar con poca frecuencia en las elecciones, protestar y apoyar en las urnas a candidatos anti institucionales o incluso abiertamente antidemocráticos.”
La ascendencia de los populismos autoritarios se relaciona fuertemente con el fracaso de gobiernos electos democráticamente en su capacidad para ofrecer crecimiento económico, servicios públicos eficientes y seguridad.
Daron Acemoglu premio nobel de economía del año pasado en el artículo de su coautoría “Democracies Breed Their Own Support” (Las democracias tejen su propio éxito) concluye que el apoyo a las democracias depende más de experimentar eventos exitosos de la democracia que de una vida de vivir en democracia. Como eventos exitosos se entiende rápido crecimiento económico, estabilidad política, baja desigualdad de ingresos y buena prestación de servicios públicos.
Democracia y resultados
Regímenes autoritarios que generan buenos resultados para sus habitantes obtienen apoyo.
En nuestros días algunas autocracias —como es el caso de China— han sido muy beneficiosas en crecimiento, disminución de la pobreza y provisión de infraestructura, educación y salud. Claro que esos sistemas tienen un costo inaceptable por violar la libertad y la dignidad de las personas.
Ciertamente es evidente que no todos y ni siquiera la mayoría de los regímenes autoritarios producen buenos resultados. Consideremos Cuba, Nicaragua y Venezuela en nuestro vecindario.
Pero los casos de autoritarismos con resultados exitosos hacen aún más importante que las democracias también sean exitosas en sus resultados para obtener el apoyo de sus ciudadanos.
Como decía el gran político demócrata cristiano venezolano Arístides Calvani “gobernar es difícil, gobernar en democracia es más difícil”.
En democracia se debe vencer la tentación siempre presente al cortoplacismo, que es aún más fuerte que en una autocracia, por el deseo de resultados inmediatos que favorezcan la reelección, sea la reelección personal de los gobernantes, o la de su partido.
Esto lleva a los gobiernos a invertir menos de lo conveniente en la preparación de proyectos, y más de lo que sería adecuado en la ejecución de obras no bien preparadas.
Por otra parte, la democracia —adecuadamente— exige procedimientos de control mucho más exigentes para garantizar el buen manejo de los recursos, lo que hace más lentos sus procedimientos.
También en una democracia es preciso atender las legítimas acciones de diversos grupos que procuran defender sus intereses y de diversas instancias institucionales públicas con participación en la toma de decisiones. Esos son procesos necesarios para la vigencia del Estado de derecho y para la defensa de libertades públicas, que demandan tiempo y atrasan las acciones de los gobiernos democráticos. Incluso, en algunas ocasiones por problemas de balances políticos o de regulaciones insatisfactorias se convierten en instancias con poder de veto que impiden las acciones convenientes de una administración.
El debate abierto y participativo esencial para la vigencia de una democracia liberal por sí mismo propicia un ambiente complejo sobre los temas, con versiones contradictorias que a menudo ofuscan y confunden a los ciudadanos. La transparencia de los asuntos y el debate se vuelven de una intensidad increíblemente mayor con el mundo actual de las redes sociales, y los enfrentamientos políticos a menudo lo que generan es desconfianza. Los “fake news” promueven prejuicios que llevan a encontrar corrupción incluso donde no la hay.
Por eso hoy es muy generalizada en muchos países la opinión de que la democracia no es capaz de rendir buenos resultados, o al menos de que los rinde muy ineficientemente. Y como lo demuestra el Informe del Estudio de Opinión Pública del CIEP de la UCR de este mes, ese es desdichadamente también el caso en nuestro país.
Una de las principales responsabilidades del gobierno y de los partidos políticos es revertir esa opinión con sus obras y con los cambios que la institucionalidad pública demanda a gritos.
Hacerlo no es fácil.
Requiere al menos un acuerdo sustancial entre las fuerzas políticas sobre los cambios institucionales necesarios para que se dé un justo equilibrio entre la capacidad de ejecución de obra y prestación de servicios del gobierno y su obligación de transparencia y rendición de cuentas.
Por ahora no veo que se esté actuando de manera conducente a producir un cambio en la eficacia del gobierno tal que la opinión pública costarricense vuelva a dar pleno respaldo a la vigencia de la democracia.
Es urgente hacerlo.
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