En 2015, las Naciones Unidas establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de metas diseñadas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
Uno de estos objetivos, el ODS 6, tiene como meta garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento. Para muchos países, el reto está en la provisión de agua segura, y Costa Rica no es la excepción. Sin embargo, la situación en nuestro país parece estar avanzando en una dirección preocupante: a pesar de los esfuerzos y los avances iniciales, la cobertura y calidad del agua potable han mostrado señales de retroceso.
En 2015, nuestro país reportaba que el 80,1% de su población tenía acceso a agua potable de forma continua. Este porcentaje, aunque notable, no ha experimentado un aumento significativo en los últimos años. En 2022, la cifra alcanzaba apenas un 80,4%, lo que indica que los avances han sido marginales.
Lo que es aún más alarmante, es la tendencia a la disminución de la cobertura y continuidad del servicio en algunas zonas del país, lo cual, pone en evidencia un estancamiento en el cumplimiento de este derecho básico y un desafío constante para el bienestar de la población.
Los estudios realizados por universidades públicas costarricenses, evidencian la creciente vulnerabilidad de las fuentes de agua que abastecen a diversas regiones del país. La contaminación de estos cuerpos de agua es diversa y preocupante, y no se limita únicamente a la presencia de microorganismos patógenos como virus, parásitos y bacterias multirresistentes a los antimicrobianos.
Además, la contaminación por plaguicidas, metales pesados e hidrocarburos ha aumentado considerablemente en ciertos territorios, lo que supone un riesgo grave para la salud de los habitantes.
El agua contaminada no solo pone en peligro el bienestar inmediato de las personas, sino que también genera consecuencias a largo plazo en la salud pública y en la economía nacional.
La presencia de microorganismos patógenos en el agua, incrementa la incidencia de enfermedades diarreicas, especialmente en los grupos más vulnerables como los niños y los adultos mayores. Esto provoca una sobrecarga en los sistemas de salud y, a su vez, una reducción en la productividad nacional, dado que muchas personas se ven afectadas por enfermedades prevenibles que deberían ser evitadas con un acceso adecuado a agua potable y segura.
Pero las consecuencias no terminan ahí. La exposición prolongada a compuestos químicos como plaguicidas, metales pesados e hidrocarburos también está vinculada con graves problemas de salud a largo plazo. Enfermedades crónicas, retrasos en el crecimiento infantil y alteraciones en el desarrollo cognitivo son algunas de las secuelas de este tipo de contaminación.
Ante este panorama, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos garantizar el acceso universal a agua potable y segura, como lo establece el ODS 6, si no protegemos nuestras fuentes de agua desde su origen? La solución no debe centrarse únicamente en la implementación de procesos de potabilización cada vez más complejos y costosos, sino que es necesario adoptar una estrategia preventiva. Debemos priorizar la protección de las fuentes de agua, evitando su contaminación desde el principio.
Es urgente implementar políticas públicas que fortalezcan la gestión del recurso hídrico, promuevan la conservación de los ecosistemas acuáticos y sancionen las actividades contaminantes. También es fundamental educar a la población sobre la importancia de proteger el agua y fomentar el uso responsable de este recurso vital. En lugar de esperar a que la situación se agrave, es hora de actuar de manera preventiva y sostenible.
Costa Rica tiene el compromiso de garantizar el acceso universal al agua potable, pero no podemos hacerlo sin antes cuidar nuestras fuentes de agua. El reto es grande, pero la solución está al alcance de nuestras manos.
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