El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes 7 de abril, en primer debate, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que busca sancionar penalmente a quienes introduzcan de manera ilegal teléfonos celulares, satelitales u otros medios electrónicos de comunicación en los centros penitenciarios del país.

La nueva normativa, tramitada bajo el expediente 24.162, adiciona el artículo 257 quáter al Código Penal para establecer penas de entre dos y cuatro años de prisión para quien, sin autorización legal o reglamentaria, posea, introduzca, facilite o procure por cualquier medio el ingreso de estos dispositivos a establecimientos penitenciarios de modalidad cerrada.

Además, la pena será incrementada en un tercio si el responsable es un funcionario público, proveedor de servicios, abogado o cualquier otra persona con autorización especial de ingreso a estos centros.

La iniciativa fue promovida por el Poder Ejecutivo y dictaminada de forma afirmativa por mayoría en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, y su finalidad es la de frenar el uso de celulares desde las cárceles para la comisión de delitos como extorsiones, estafas y coordinación de actividades criminales.

De acuerdo con datos aportados por el Ministerio de Justicia y Paz durante el proceso legislativo, entre mayo de 2022 y mediados de 2024 se decomisaron más de 5600 celulares, 7500 chips y 10.000 artículos electrónicos en operativos dentro de las cárceles.

El ministro de Justicia, Gerald Campos, defendió la iniciativa como una herramienta urgente para frenar un fenómeno que —según dijo— vulnera la seguridad ciudadana y entorpece los esfuerzos de rehabilitación. “Hay reglas que se tienen que respetar y si esto lo regulamos de esta forma, la gente va a saber que quien intente ingresar un celular, o se le encuentre uno dentro sin la autorización correspondiente, va a ser delito y sufrirá las consecuencias”, afirmó en audiencia ante la comisión.

La Policía Penitenciaria, por su parte, señaló que las formas de ingreso de estos dispositivos se han sofisticado, desde funcionarios corruptos hasta personas privadas de libertad que los introducen dentro del cuerpo o incluso mediante drones. “Este proyecto nos da una herramienta más para enfrentar un tema que está generando una crisis de seguridad nacional”, indicó Nils Ching, director de la Policía Penitenciaria.

El Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia respaldaron la reforma como necesaria y positiva. No obstante, instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Servicios Técnicos de la Asamblea advirtieron sobre posibles ambigüedades en la redacción del tipo penal, particularmente en la expresión “dispositivos cuyo objetivo sea la comunicación con el exterior”, lo que fue enmendado durante el trámite de mociones del proyecto de ley.

La bancada del Frente Amplio intentó este lunes en el plenario readecuar las penas propuestas por el proyecto, por considerar que las mismas podrían ser desproporcionales. En ese sentido, el FA intentó que el plenario aprobara una moción para que la pena mínima fuera de tres meses, y no de dos años de cárcel como actualmente se establece, sin embargo, fue rechazada.

De igual manera, se rechazaron otras mociones para que la pena mínima fuera de un año o seis meses, las cuales además, establecían que la pena de cárcel por este delito solo podría imponerse si la finalidad de ingresar los artefactos prohibidos a las cárceles era el cometer actos ilícitos, de modo que la introducción con fines "lícitos" no sería castigada.

Tras rechazar las cinco mociones reiteradas por la bancada frenteamplista, el proyecto recibió el voto unánime afirmativo de los 42 presentes y resta su votación en segundo debate antes de enviarse a la Casa Presidencial para firmarse como ley de la república.

Breves

— Con 42 votos en contra y 0 a favor se rechazó darle un nuevo plazo cuatrienal al expediente 22.460 "Adición de un inciso d) al artículo 31 de la Ley N° 7594, Codigo Procesal Penal, del 10 de abril de 1996 y sus reformas, para que los delitos de corrupción no prescriban en treinta años".

— Con 28 votos en contra y 12 a favor se rechazó darle un nuevo plazo cuatrienal al expediente 22.459 "Regulación de la cuota mensual de combustible para diputados y diputadas".

Proyectos dictaminados

— La Comisión Especial de Reformas Electorales dictaminó afirmativamente el expediente 24.346 "Reforma del artículo 96 del Código Electoral, Ley N.º 8765 de 19 de agosto de 2009, para la creación de las franjas electorales".

— La Comisión Especial de Alajuela dictaminó afirmativamente el expediente 24.018 "Declaración de interés público del desarrollo turístico de los cantones de Poás, Sarchí, Grecia y Alajuela" y el expediente 24.208 "Desafectación del uso público y autorización para que se segregue y done un terreno propiedad de la Junta Educación Escuela La Palma San Ramón, a la Asociación de Desarrollo Integral de San Miguel y Bajo Barrantes de Piedades Sur de San Ramón de Alajuela".

— La Comisión de Nombramientos acordó recomendar al Plenario la ratificación de Ana Lorena León Marenco como miembro de la Junta Directiva de la Aresep.

Leyes publicadas

Este lunes no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.