El proyecto pretende crear una pena de dos a cuatro años de prisión a quien introduzca, facilite o procure por cualquier medio, el ingreso a un centro penitenciario de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos tecnológicos o partes de estos, cuyo objetivo sea la comunicación con el exterior, así como tarjetas sim, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables. La pena se agrava en un tercio si quién lo hace es un funcionario público, proveedores de servicios o productos en los centros penitenciarios, abogados en el ejercicio de su profesión o cualquier otra persona a la que se le haya otorgado una autorización de ingreso especial a un centro penitenciario.