Fiscalía busca reactivar restricciones contra cinco imputados investigados por presuntas irregularidades en aprovechamiento forestal.
El Tribunal Penal de Hacienda y la Función Pública anuló parcialmente la resolución que había rechazado la imposición de medidas cautelares contra cinco personas investigadas por presuntas irregularidades en la emisión de permisos forestales en Playa Manzanillo, cantón de Talamanca. La decisión se dio tras declarar con lugar la apelación presentada por el Ministerio Público (MP).
Los imputados, de apellidos Pacheco, Campbell, Cruz, Salas y Camacho son investigados por la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Anticorrupción bajo el expediente 24-00003-0611-PE por presuntos delitos de prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio ilegal de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso.
En julio de 2024, las fiscalías solicitaron medidas cautelares como impedimentos de salida del país, firmas periódicas ante la fiscalía y suspensiones en el ejercicio de cargos públicos. Además, plantearon medidas atípicas, como la anotación de fincas en el Registro Público, la suspensión de permisos forestales y la prohibición del transporte de madera desde las propiedades investigadas.
El Juzgado Penal de Hacienda había rechazado estas medidas al considerar que no existía un grado de probabilidad suficiente sobre los hechos atribuidos. No obstante, el tribunal de apelación concluyó que la resolución fue inmotivada y carecía de fundamentación adecuada en la valoración de la prueba, especialmente respecto a la intencionalidad atribuida a los investigados.
La investigación gira en torno a presuntas gestiones irregulares para cambiar el uso de suelo en áreas de bosque y humedales con el supuesto objetivo de desarrollar un proyecto urbanístico.
Con esta anulación parcial, el Juzgado Penal deberá convocar a una nueva audiencia en la que el MP reiterará la solicitud de las medidas cautelares que le habían sido rechazadas inicialmente.
¿Cuáles eran las medidas solicitadas?
En contra de Pacheco Dent la Fiscalía pidió que se le ordenara suspender inmediatamente todo aprovechamiento forestal en dichas fincas, así como el transporte de madera proveniente de estas; suspender inmediatamente todo movimiento de tierra, así como cualquier obra civil en dichas fincas; e impedir el tránsito de vehículos y personas a través de las fincas, ya sea en las trochas realizadas, o en cualquier sector de la finca donde se hayan talado árboles o corresponda a humedal.
Asimismo se pidió que el juzgado ordenara retirar a todos los trabajadores presentes en la finca, retirar toda maquinaria pesada, residuos, así como cualquier instrumento que se encuentre en las fincas que permitiera el aprovechamiento de productos forestales o construcción de obras civiles; y abstenerse a sembrar pastos, plantas ornamentales, vegetación decorativa, árboles frutales, palmeras o cualquier vegetación ajena a la composición del bosque, así como abstenerse a realizar la siembra de árboles bajo un patrón de plantación forestal que provoque el cambio del uso del suelo del bosque.
Finalmente y siempre sobre Pacheco, se pidió que en el plazo máximo de un mes eliminara el relleno sobre el humedal utilizado como camino localizado en las fincas; que depositara ante el Juzgado Penal de Hacienda el pasaporte y se le impidiera la salida del país; y que se presentara a firmar una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental, con sede en Pococí.
En contra de la imputada Camacho la fiscalía pidió que se le inhabilitara del cargo como regente forestal y se le prohibiera emitir certificaciones para la determinación de cobertura forestal; así como que se le prohibiera ejercer como regente forestal para el aprovechamiento de productos forestales, bajo cualquiera de las categorías, como planes de manejo, certificados de origen, permiso de aprovechamiento.
La fiscalía ambiental también pidió la inmediata comunicación de la inhabilitación ante el Colegio Profesional respectivo y a la dirección ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); e igualmente que entregara su pasaporte, se le prohibiera salir del país y que firmara una vez al mes ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.
Por su parte la Fapta pidió en contra de los imputados Campbell, Cruz y Salas que fueran suspendidos en el ejercicio del cargo, que no se acercaran a oficinas del Sinac, y que no tuvieran contacto perturbatorio con testigos.
