Piden a la Defensoría que se analice si nuevo programa respeta los derechos de la niñez y adolescencia.
Un grupo de organizaciones y entidades que integran la Mesa por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Adolescentes expresaron su preocupación por el mandato del Consejo Superior de Educación (CSE) de suspender la implementación del Programa de Afectividad y Sexualidad en secundaria.
A través de una carta abierta dirigida a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, solicitaron una intervención urgente ante lo que consideran una medida arbitraria y sin respaldo técnico.
Dato D+: La solicitud fue suscrita por Fundación Paniamor, Aldeas Infantiles SOS, World Vision, Colegio de Profesionales en Psicología, Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Colegio de Profesionales en Orientación, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Acceder, Nosotras Women Connecting, Soy Valentía, Gafadis, Cipac, Transvida, Colectiva por el Derecho de Decidir y Detrás del Arcoiris.
El pasado 29 de enero, la entonces jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anna Katharina Müller Castro, anunció la decisión de dejar sin efecto ese proyecto. En su lugar, adoptarán el Programa de Estudio de Educación para la Paz y la Convivencia.
Desde el MEP indicaron que el nuevo documento incluirá prevención de embarazos en adolescentes, la prevención de infecciones de transmisión sexual, decisiones con consentimiento, respeto en las relaciones afectivas, y paternidad y maternidad responsables. "No eliminamos la educación sexual, lo que eliminamos fueron los manuales de erotismo", dijo Müller Castro.
Las organizaciones advierten que el MEP pretende sustituir el programa por uno nuevo sin haber seguido los procedimientos de revisión y consulta establecidos por el CSE.
Además, señalan que personal técnico del propio MEP manifestó su disenso técnico y ético sobre la suspensión del programa, que si bien requiere mejoras, tiene beneficios a la población destinataria, a sus familias y a la sociedad en general. Estos resultados se traducen en la prevención del embarazo en la adolescencia y también en la identificación temprana de situaciones de violencia basada en género, como la ocurrencia de relaciones impropias en la vida de las adolescentes.
Llamado a la Defensoría
Ante este panorama, las organizaciones firmantes instan a la Defensoría a revisar la documentación oficial para verificar si el nuevo programa cumple con los procedimientos administrativos exigidos. También piden que se analice si este programa respeta los derechos de la niñez y la adolescencia y se ajusta al marco legal vigente.
Otra de las peticiones es interponer acciones legales y administrativas si se encuentran irregularidades en el proceso de sustitución del programa.
