Además, señalaron que la estrategia Ruta de Género 2.0 impulsada por el Inamu se caracteriza por "falta de impacto real y su enfoque propagandístico".
Organizaciones como el Grupo de Trabajo Agenda CEDAW Costa Rica, la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud), la Alianza de Mujeres Costarricenses, la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), el Centro Feminista de Información y Acción (Cefemina) y la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, se unieron con el fin de evidenciar por medio de un informe "el retroceso en las políticas de igualdad de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en Costa Rica".
Para estas agrupaciones, la gestión de la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, así como la de Adilia Caravaca Zúñiga en su momento, y actualmente la de Yerlin Zúñiga Céspedes, al frente de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), ha sido "fallida, poniendo en riesgo conquistas históricas de los derechos de las mujeres en el país".
Según el análisis presentado por estas organizaciones, la tasa de femicidios en Costa Rica ha experimentado un alarmante aumento en los últimos tres años, pasando de 0.97 en 2022 a 0.99 en 2024. Lo más preocupante de esta tendencia es el incremento en los femicidios íntimos o de pareja, que aumentaron de 0.59 a 1.00 en el mismo período. Las organizaciones atribuyen este crecimiento a varios factores, entre ellos, el debilitamiento de las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, el desmantelamiento progresivo de la institucionalidad de género, y un aumento generalizado de la violencia simbólica y social contra las mujeres.
Además, señalan el incremento de la violencia simbólica y mediática como un factor clave en este contexto, respaldado por el IV Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica (PROLEDI, 2023) y un estudio de las Naciones Unidas sobre Costa Rica (2024). Estos informes evidencian un aumento del 67% en los mensajes de odio de género en las redes sociales en 2024, lo cual refleja una tendencia creciente en los discursos de odio y discriminación contra las mujeres.
Por otro lado, el informe destaca un retroceso peligroso en la prevención del embarazo adolescente, luego de que el actual Gobierno decidiera desmantelar los programas de educación sexual integral que habían logrado una significativa reducción en la tasa de embarazos en adolescentes. En 2018, la media de nacimientos diarios de madres menores de edad era de 11, cifra que, según las organizaciones, aumentará tras la eliminación de estos programas.
En cuanto a la inversión social, el II Informe de Proyecciones Macroeconómicas 2024 indica que ha caído de manera drástica, afectando especialmente a las mujeres. Esta disminución empeora la pobreza femenina, limita su autonomía económica y reduce sus posibilidades de salir de situaciones de violencia, según las organizaciones.
Asimismo, las organizaciones criticaron la estrategia Ruta de Género 2.0 impulsada por el Inamu, considerando que sus acciones han tenido un impacto limitado y carecen de una verdadera efectividad. Entre las iniciativas cuestionadas se encuentran los Puntos Violeta, cuya cobertura es restringida y solo abordan el acoso y hostigamiento sexual, sin atender otras formas de violencia más urgentes. También se mencionó el bajo impacto y la falta de seguimiento de los Espacios Seguros, así como las preocupaciones sobre la tercerización de servicios, donde la contratación de asesorías externas sin especialización en género ha generado dudas sobre la calidad y sostenibilidad de la atención.
Por lo tanto, las organizaciones firmantes del informe exigen:
- Rendición de cuentas inmediata de la ministra Cindy Quesada, así como del Inamu.
- Reactivación y fortalecimiento de políticas públicas efectivas en prevención de la violencia de género y protección de los derechos de las mujeres.
- Revisión urgente del financiamiento para programas de asistencia social, especialmente aquellos que benefician a mujeres y niñas.
A modo de conclusión, agregaron:
Se ha tratado de demostrar que la ministra Cindy Quesada ha estado muy lejos de cumplir con las obligaciones que las leyes estipulan para quienes ostentan la posición de dirección política del INAMU y del ministerio en esta materia. Sus falencias, tanto por acción como por omisión, son evidentes en muchos de los campos de acción tradicional del INAMU donde se espera una gestión ágil y beligerantemente comprometida con defender y ampliar los derechos de las mujeres. Frente a la muerte y el dolor de muchas familias sobrevivientes del femicidio, la ministra Quesada manifiesta insensibilidad y desinterés, sus respuestas son retóricas y, por ello, ofensivas. Esto no es un asunto personal. Las decisiones que ella tome en su vida privada no nos interesan. Pero sí nos interesan sus actuaciones y decisiones en el campo público, como cabeza de una cartera que tiene que ver con todas nosotras. No nos corresponde a las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil indicarle a la ministra Quesada qué debe o no hacer. Suponemos que al haber aceptado el cargo sabía lo que tenía que hacer. Aun así, a lo largo de estos tres años las organizaciones de las mujeres nos hemos tratado de acercar a ella para manifestarle nuestras preocupaciones y sugerirle rutas reales de acción. En este momento, después de 32 meses de gestión, lo mejor que puede hacer por el país y por las mujeres es reconocer sus limitaciones y dar un paso al costado".
