Proyecto incorpora lineamientos del Marco de Reporte de Criptoactivos de la OCDE a la legislación costarricense.

El Poder Ejecutivo presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.811) que busca establecer la obligación de las personas físicas o jurídicas que sean proveedores de servicios de criptoactivos en el país de reportar información a la Administración Tributaria. Esto con el fin de cumplir con el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El CARF es una iniciativa global liderada por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE, con el objetivo de promover el intercambio automático de información entre países para abordar los riesgos emergentes de evasión fiscal relacionados con las criptomonedas y los activos digitales.

Esta iniciativa requiere que los países obliguen a los proveedores de servicios de criptoactivos a que recopilen información sobre las personas usuarias, incluyendo datos como sus residencias fiscales y números de identificación fiscal, y que reporten dicha información a su autoridad fiscal nacional, la cual deberá intercambiar esa información con los demás países que adopten el CARF para facilitar el cumplimiento, la evaluación y el monitoreo de las obligaciones tributarias.

El proyecto presentado señala que el Foro Global y el grupo CARF informaron al Ministerio de Hacienda de que el país ha sido identificado como una jurisdicción relevante, identificando por lo menos una empresa de servicios de criptoactivos que ya opera en Costa Rica (SLEX Crypto Exchange), y solicitaron el compromiso del país para implementar el Marco de Reporte de Criptoactivos. Según indica el texto, el Gobierno se comprometió a cumplir con este requisito antes del 2028.

Adicionalmente, el proyecto justifica incorporar esta nueva legislación señalando:

La opacidad inherente a las operaciones con criptoactivos, facilitada por la posibilidad de transferir fondos de manera transfronteriza de forma rápida y anónima, crea un entorno propicio para la evasión fiscal, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas”.

El texto añade:

La volatilidad de los mercados de criptoactivos y la complejidad de sus productos derivados agravan aún más la situación, dificultando la valoración precisa de los activos y la aplicación de normas fiscales coherentes”.

La propuesta de ley no especifica la información que los proveedores de servicios de criptoactivos deberán reportar en el país, y señala que "tanto los obligados tributarios como la información a reportar se establecerán según la resolución de alcance general que emita la Dirección General de Tributación".

Además, le corresponderá a la Administración Tributaria definir el tiempo y la forma en que los obligados tributarios deberán suministrar la información correspondiente al reporte anual y los tipos de procedimientos internos de control de cumplimiento y suministro de información que deberán ejecutar previo a la elaboración de dicho reporte. El proyecto da un plazo de un año al Poder Ejecutivo para reglamentar la ley, en caso de ser aprobada.

Adicionalmente, el proyecto pretende autorizar a la Administración Tributaria para que "traslade la información obtenida a las jurisdicciones con las que tenga instrumentos internacionales vigentes que contemplen el intercambio de información en materia tributaria, mediante el intercambio de información automática".

Según señala la exposición de motivos, para cumplir con el Marco de Reporte de Criptoactivos de la OCDE, también se requiere la aplicación de un marco sancionatorio por el incumplimiento de reportar la información requerida. La sanción propuesta en el texto es 2% de los ingresos brutos del año anterior del sujeto infractor, con un mínimo de tres y un máximo de 100 salarios base.

Dato D+: El salario base utilizado corresponde al monto equivalente al salario base mensual del "Oficinista 1" del Poder Judicial, que para el 2025 está fijado en 462.200 colones.

El proyecto, presentado con las firmas del presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, deberá ahora asignarse a una comisión legislativa para que inicie su trámite correspondiente.