El ente defensor instó al Estado a garantizar derechos humanos y condiciones dignas.

El pasado lunes 17 de febrero, el Gobierno de Costa Rica anunció su decisión de colaborar con el Gobierno de los Estados Unidos en el proceso de repatriación de 200 inmigrantes a su país. Según informó Casa Presidencial en sus redes sociales, se trata de personas originarias de países del centro de Asia y de la India, y el primer grupo llegará al país en un vuelo comercial este jueves.

A raíz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento, en el cual indica que pese a que desconoce los detalles del acuerdo o negociaciones existentes entre el Gobierno de Costa Rica y el de los Estados Unidos, "hace un llamado de atención a las autoridades de nuestro país, en relación con los procedimientos migratorios que se implementarán una vez que se reciban a estas personas extranjeras provenientes de Asia y de la India".

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Según el ente defensor, el Estado costarricense debe garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que son sujetas de estos procesos migratorios coordinados:

  • Atención médica prioritaria: A su llegada a Costa Rica, las personas extranjeras provenientes de vuelos desde Estados Unidos deben recibir una valoración médica urgente para identificar posibles necesidades de salud críticas y garantizar su bienestar.
  • Condiciones de permanencia: Se requiere un espacio adecuado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para su estadía temporal, considerando que pueden incluir menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y grupos familiares. Además, es necesario verificar que el Centro de Atención Temporal de Migrantes en la frontera Sur (CATEM) tenga la capacidad suficiente para albergarlas en condiciones dignas, dado que ya acoge a más de 140 personas en tránsito, según indicó la Defensoría.
  • Garantía de derechos humanos: Costa Rica debe asegurarse de que ninguna persona deportada sea sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes en su país de origen, lo que implica un análisis de la normativa aplicable en cada caso antes de su retorno. La Defensoría recordó que a partir de la ratificación de la Convención contra la Tortura, Costa Rica asumió el compromiso de que “no se procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura” (artículo 3). Por otro lado, el Principio de No Devolución, regulado en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, pretende la protección de los bienes jurídicos de la vida, la libertad, la integridad y seguridad de las personas extranjeras.

El ente defensor culminó su posicionamiento indicando:

La Defensoría de los Habitantes se mantendrá vigilante de que el Estado costarricense, independientemente de la existencia de acuerdos de cooperación de carácter migratorio con otros países de la región, genere los mecanismos y acciones necesarias para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas extranjeras que, por diferentes razones se han visto obligadas a dejar sus países de origen y que, en este momento, están siendo forzadas a regresar a ellos, a pesar de no tener certeza de que su vida, libertad o integridad personal no estará en riesgo".

Cabe resaltar que la administración Chaves Robles aseguró que este proceso de repatriación es financiado completamente por el Gobierno de los Estados Unidos, bajo la supervisión de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ente que se encargará de la custodia de las personas migrantes hasta que salgan del país.