Según el ente defensor, el país requiere aumentar acciones contra la corrupción.

La Defensoría de los Habitantes expresó su preocupación por el estancamiento de Costa Rica en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

El pasado martes se presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) para el año 2024, donde se destacó que Costa Rica obtuvo un 58 de 100. El dato representa una mejora de 3 puntos en comparación con el año anterior, pero el país se mantiene estancado en un desempeño deficiente y se ubica en la posición #42 en el ranking de 180 países.

Según el ente defensor, "preocupa también conocer que el país empeoró en 4 de los 7 indicadores analizados en la medición, y entre ellos el de “Estado de Derecho y Gobernanza”. Al respecto, desde un enfoque de derechos y obligaciones, las Convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción establecen, regulan y motivan la designación de un órgano de control superior anticorrupción, una especie de órgano rector en la materia, además de la formulación de una política nacional anticorrupción y su plan de acción, elementos esenciales de un sistema de gobernanza que carece el país". 

En septiembre del año pasado, varias instituciones, incluida la Defensoría de los Habitantes, fueron convocadas por el Ministerio de Justicia y Paz para discutir el Modelo de Gestión de Integridad para la Política de Integridad y Prevención de la Corrupción. En esa ocasión, el ente defensor subrayó la urgencia de establecer una hoja de ruta para enfrentar la corrupción en el país.

Además, la Defensoría enfatizó la necesidad de designar un órgano superior que coordine las acciones institucionales, promueva un enfoque estratégico, y de formular una política nacional anticorrupción con el fin de prevenir, identificar, sancionar y erradicar este flagelo. También destacó la importancia de habilitar mecanismos de participación de la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, y de garantizar la rendición de cuentas sobre el avance de la política y las acciones ejecutadas.

En esa misma línea, la Defensoría recordó que la propuesta de asignar la dirección de la estrategia anticorrupción a una Comisión Institucional de Alto Nivel,  integrada por entidades del Poder Ejecutivo, debía tomar en cuenta las recomendaciones de la OCDE, que sugieren delegar las tareas ejecutivas a dependencias especializadas en el tema. Y adicionalmente, hizo énfasis en la necesidad de garantizar la independencia y objetividad del órgano encargado de dirigir los esfuerzos en integridad, así como los recursos necesarios para cumplir su mandato, tal como lo estipula la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Finalmente, el ente defensor concluyó su comunicando de prensa indicando:

A partir de los esfuerzos iniciados, y de los pobres resultados que arroja el IPC 2025, es necesario que el Poder Ejecutivo retome, priorice y agilice el proceso iniciado para estructurar un sistema de gobernanza y emitir una política pública en materia de integridad y lucha contra la corrupción. También actualizar y fortalecer el marco normativo como por ejemplo, examinar reformas a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; actualizar el Decreto que crea la Comisión Nacional de Ética y Valores; reglamentar y cumplir la “Ley para perfeccionar la rendición de cuentas”, entre otras acciones".