Empresarios argumentan que la iniciativa afectaba a micro y pequeñas empresas y contradecía normas regionales.
Diversas cámaras empresariales costarricenses expresaron su satisfacción tras la decisión de la Asamblea Legislativa de archivar el proyecto de ley 23.861, que proponía la implementación de un etiquetado frontal nutricional en alimentos y bebidas procesadas.
Según un pronunciamiento conjunto del sector empresarial privado, la iniciativa contemplaba multas de entre tres y diez salarios mínimos, la posibilidad de que la Fuerza Pública ingresara a establecimientos comerciales y la suspensión de permisos sanitarios.
El proyecto fue archivado con el apoyo de las diputadas María Marta Padilla (independiente) y Daniela Rojas (PUSC), quienes votaron en contra del proyecto, empatando la votación dos veces contra las diputadas Priscilla Vindas (Frente Amplio) y Andrea Álvarez (PLN), obligando al archivo inmediato del expediente.
Maritza Hernández, presidenta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), calificó la decisión como una “señal positiva” para la industria. “Fue valioso conversar con congresistas que equilibran las necesidades de regulación con la realidad de las empresas, especialmente las pequeñas, que generan empleo y desarrollo”, expresó.
Por su parte, Juan Ignacio Pérez, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), reconoció la importancia de la información nutricional, pero aseguró que la iniciativa planteaba una regulación “excesiva” para la producción. "La industria está de acuerdo con promover la educación del consumidor, pero las medidas propuestas no eran razonables", indicó.
Desde la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), su presidente Sergio Capón advirtió que las micro y pequeñas empresas, que representan el 95% del sector, habrían sido las más afectadas. “La normativa debía ser armonizada con las reglas regionales para no aumentar costos y afectar la competitividad”, sostuvo.
Victor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), resaltó que la propuesta podría haber puesto en riesgo la armonización técnica en Centroamérica, afectando las exportaciones del país, especialmente en el sector agroalimentario.
La Cámara Nacional de Comerciantes Detallistas, a través de su presidente Gerardo Araya, cuestionó las sanciones contempladas en el proyecto, mientras que Oscar Arias Moreira, de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, instó a promover la educación nutricional sin generar estigmatización hacia los alimentos.
El sector empresarial alegó en que futuras regulaciones deben basarse en evidencia científica independiente y respetar los tratados regionales e internacionales vigentes. Actualmente, la normativa sobre etiquetado de alimentos es discutida en el Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica (COMIECO), con participación del gobierno costarricense.
