Las tensiones entre los requisitos para la rendición de cuentas con responsabilidad y la acción ejecutiva eficaz pueden, razonablemente, ser descritas como el dilema clásico de la administración pública, según el reconocido académico inglés Peter Self.
Esto se refiere al desafío de lograr y mantener un equilibrio entre los controles de todo tipo sobre la acción pública (político, jurisdiccional, técnico, social) y la eficacia (oportunidad y calidad), con la cual esa acción logre atender las necesidades sociales; procurando, según nuestro mandato constitucional, el mayor bienestar para todos, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (art. 50), mediante una gestión pública sostenible, transparente y responsable (art.17).
Esas tensiones, propias de la humanidad (porque las necesidades son ilimitadas y, en cambio, los recursos escasos; y entre estos, además, el tiempo apremiante), se agravan en nuestros días. Por una parte, porque la acción pública ha venido acumulando desaciertos, no obstante, todo el control interno y externo del cual es objeto; y, por otra parte, porque los desafíos del entorno son mayores, más acuciantes y generadores de incertidumbre, especialmente desde ámbitos como el climático, tecnológico, demográfico, económico-financiero, de crimen organizado y fenómenos políticos locales y globales altamente conflictivos.
En ese contexto, el discurso de que el control y la rendición de cuentas entorpecen la eficacia en la gestión pública, e incluso de que son culpables en buena medida de esa ineficacia, encuentra eco en el populismo y el autoritarismo, que prometen superar las tensiones si se les otorgan facultades extraordinarias, aunque vayan a contrapelo de principios esenciales de una democracia; lo cual a su vez halla, como es de esperar, el apoyo en diversos sectores de la sociedad, por la eficacia y la vulnerabilidad de la administración, sobre todo ante aspectos como la desigualdad creciente, privilegios y corrupción; con algunos sectores susceptibles incluso al enardecimiento, especialmente mediante el uso avieso de las redes sociales y otros medios de comunicación masiva.
Los años 70 del siglo pasado vieron hacerse célebre la frase de que “uno quiere barrer pero se le paran en la escoba”. En las décadas siguientes se posicionó el tema de la ingobernabilidad como razón para los malos resultados. Luego, a inicios del presente siglo, cobró relevancia el concepto de la “huida del derecho administrativo” con la supuesta intención de agilizar la acción pública. Y, recientemente, no puede ser más directo el deseo de “contratar a dedo”; léase, por extensión, el deseo de gobernar con la mayor arbitrariedad posible.
Es notorio, entonces, que un círculo vicioso, a partir del referido dilema, se ha venido agravando al punto de atizar hoy la polarización en torno a la gestión pública. El ejemplo más reciente de esto ha sido, sin duda, la serie fallida de los llamados proyectos de ley jaguar, con la lamentable distracción de recursos, energías y tiempo, escasos y valiosos, frente a las agudas necesidades en todos los campos del quehacer estatal.
En la óptica del Estado de la Nación, el desarrollo normativo e institucional del país, desde finales de la década de los noventa del siglo pasado e inicios del siglo XXI (Evolución de los mecanismos de control y rendición de cuentas en la década de los noventa, documento especial para el X Informe, 2004), logró “llenar la mayoría de vacíos existentes en la materia de controles, es suficiente y adecuado para los requerimientos del Estado costarricense”, de modo que lo mantendría ocupado por al menos una década, mientras se lograba implementar. Siendo, desde entonces, el mayor desafío, justamente, lograr esa implementación cuanto antes y en todos sus extremos, con el cuidado de que los controles establecidos “no sean vistos como un fin en sí mismo, sino más bien como el medio para lograr una administración pública más cercana a las aspiraciones de la gente”.
Superado con creces ese horizonte, es evidente que esa mayor cercanía entre la administración y la ciudadanía, aun con los controles de todo tipo, no se ha venido concretando o manteniendo en nuestro país, al punto de que constituyera el fundamento central para una credibilidad y confianza vigorosas en la democracia y su promesa de bienestar inclusivo y sostenible. Muy al contrario, la confianza y el apoyo a la democracia a venido en retroceso, valga agregar, como una tendencia no solo nacional sino mundial, según diversas y ampliamente conocidas mediciones periódicas nacionales e internacionales.
Razón de más para que los aspirantes a tomar las riendas de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el 2026, lejos de la improvisación, tengan claro, desde ya, y así se lo vayan explicando a la sociedad, cómo entienden la dinámica causa-efecto de ese dilema entre acción eficaz y controles en nuestro país, con idea de los medios y recursos a emplear para, no pretender solucionarlo en el plazo de cuatro años (cosa inviable), sí ir creando las condiciones para gestionarlo de manera concreta, gradual, significativa y sostenible, coordinada entren todos los poderes del Estado y la sociedad, e ir revirtiendo en la medida de lo posible ese círculo vicioso, que en nada beneficia a la continuidad y fortalecimiento de nuestra democracia.
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