La reciente visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a Costa Rica reavivó debates sobre seguridad nacional y el sistema penitenciario. Este contexto, sumado a la retirada del proyecto de Ley de Ejecución Penal en nuestro país, plantea una pregunta crucial: ¿Estamos enfrentando adecuadamente los desafíos de nuestro sistema penitenciario?

El modelo salvadoreño, basado en medidas autoritarias y represivas, contrasta con el enfoque garantista de Costa Rica. Si bien las políticas de Bukele han sido criticadas por violaciones a derechos humanos, también han recibido apoyo por su aparente eficacia frente a décadas de violencia. Este apoyo refleja un contexto de dolor y desigualdad en El Salvador, donde muchas personas ven estas medidas como una solución desesperada a problemas históricos.

Sin embargo, estas políticas conllevan sacrificios. En El Salvador, el "sacrificio humano" parece justificar la seguridad de la mayoría frente a los derechos de unos pocos. Este dilema no es nuevo, pero el enfoque actual del gobierno salvadoreño ha llevado esta lógica al extremo. En este marco, debemos preguntarnos: ¿es sostenible seguir sacrificando derechos a cambio de seguridad?

El modelo costarricense, por otro lado, enfrenta sus propios retos. Aunque históricamente ha priorizado los derechos humanos, su sistema penitenciario evidencia limitaciones graves, como el hacinamiento y la incapacidad de reducir la actividad delictiva de una parte de su población penal. Más recientemente, la retirada del proyecto de Ley de Ejecución Penal refleja tensiones entre la necesidad de reforma y la resistencia a perpetuar un sistema que ha mostrado falencias.

Ambos modelos presentan lecciones importantes. El salvadoreño demuestra cómo la desesperación puede llevar a medidas extremas, mientras que el costarricense subraya los desafíos de mantener un enfoque garantista en un contexto de creciente inseguridad. Pero ninguna de estas aproximaciones es completamente sostenible. En El Salvador, la dependencia en un liderazgo fuerte plantea dudas sobre la continuidad del modelo. En Costa Rica, la falta de reformas estructurales amenaza con perpetuar un sistema ineficaz.

Para avanzar, Costa Rica debe aprender de estas experiencias sin sacrificar los principios que han guiado su tradición penitenciaria. La protección de los derechos humanos no puede ser solo un ideal; debe traducirse en políticas efectivas que garanticen seguridad y justicia para todos. El desafío radica en equilibrar estos objetivos, evitando tanto el autoritarismo como la inacción.

El costo de las políticas salvadoreñas debe entenderse en su contexto histórico, como respuesta a fallos sistemáticos que llevaron a niveles alarmantes de violencia. Costa Rica, en cambio, tiene la oportunidad de abordar sus problemas penitenciarios desde una posición menos desesperada, pero esto requiere voluntad política y un compromiso renovado con los derechos humanos.

En última instancia, el éxito de cualquier modelo depende de su capacidad para ofrecer soluciones sostenibles que respeten la dignidad humana. Costa Rica debe trabajar hacia un sistema penitenciario que no solo sea justo, sino también eficaz y resiliente frente a los desafíos del futuro.

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