Fuga de cerebros, allanamientos ilegales y el silencio de la Corte Plena.
En una Costa Rica que se enorgullece de ser un Estado de Derecho, el reciente fallo del Tribunal Penal de Hacienda, que anuló los allanamientos y pruebas del denominado “Caso Topo”, no debería pasar desapercibido.
Este fallo revela un Poder Judicial desbordado, desorganizado y peligrosamente influenciado, tanto interna como externamente.
La resolución del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José (Penal de Hacienda y Función Pública) es contundente. Destaca un patrón preocupante: jueces de garantías que firman resoluciones sin análisis propio, fiscalías que presentan noticias criminis como si fueran pruebas de cargo, y lo más alarmante, funcionarios detenidos, suspendidos y expuestos públicamente sin un sustento jurídico sólido en las sentencias. ¿Es esto justicia o un espectáculo mediático institucional del OIJ y la Fiscalía?
¿Dónde está la Corte Plena cuando una jueza de garantías convierte una solicitud fiscal en un simple “copiar y pegar” de resoluciones mal fundamentadas del Ministerio Público? ¿Por qué nadie aborda el efecto devastador que estas actuaciones tienen sobre la carrera judicial y sobre las personas acusadas que resultan ser inocentes?
Actualmente, los jueces más preparados en materia penal de los diferentes Tribunales de Apelación de Sentencia Penal, quienes mantienen viva la ética en medio del caos, están renunciando.
Se trasladan al sector privado, hartos de la presión mediática, del abandono institucional y de un sistema que, en lugar de incentivarlos, los convierte en potenciales chivos expiatorios. Estamos presenciando la mayor fuga de cerebros que ha sufrido la judicatura costarricense en décadas. El Poder Judicial se desmorona y sufre de una elefantiasis jurídica.
Mientras tanto, la Corte Plena guarda un silencio cómplice y malicioso. No existen planes estratégicos serios para fortalecer la carrera judicial. No hay incentivos para que los mejores se queden. No hay defensa institucional cuando un juez o una jueza actúa con valentía y aplica el debido proceso, aunque eso signifique ir contra el “sentido común” mediático. La pregunta es: ¿ya no se puede ser juez sin miedo a perderlo todo por hacer lo correcto?
Sabemos que hay corrupción en todas partes. Pero en lugar de realizar investigaciones exhaustivas con rigor y legalidad, el Ministerio Público ha optado por fabricar casos basados en conjeturas y chats extraídos de otros expedientes penales.
Frecuentemente, el Ministerio Público fundamenta sus solicitudes de prisión preventiva en relatos de narconovelas y cuentos fantasmagóricos, citando al escritor alemán Thomas Mann, al sugerir que los imputados podrían ser rescatados de los centros penales por capos de la droga en helicópteros Apache, como si la investigación fuera una película de ciencia ficción. Eso no es lucha contra la corrupción. Eso es populismo punitivo con toga y birrete.
Volviendo al contexto, hoy, gracias a la resolución de la jueza Mercedes Muñoz Campos, sabemos que el Poder Judicial autorizó detenciones y allanamientos sin prueba válida, sin análisis jurídico, sin proporcionalidad ni razonabilidad. Los principios más elementales del debido proceso fueron desechados por conveniencia institucional.
Urge una reforma judicial, que actualmente se encuentra en cuidados intensivos. Pero no como la claman algunos desde el populismo penal. Se necesita una reforma que devuelva la dignidad al juez de carrera, que recupere la independencia interna frente al Ministerio Público, y que castigue, con el mismo rigor, tanto al corrupto como al funcionario que viola la ley para “combatir” la corrupción.
Porque lo que está en juego ya no es solo la libertad de unos cuantos imputados. Lo que está en juego es el alma misma de nuestra justicia.
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