Hoy lunes 23 de junio en el Auditorio del Colegio de Abogados y Abogadas, después de las 5 de la tarde, tendrá lugar la presentación del libro del Lic. Cristhian Arguedas A. “Tiempo y Justicia. Inercias Judiciales y omisiones inconstitucionales en el caso Miguel Angel Rodríguez E”.

Me tomo la libertad de invitarlo.

Tiempo y justicia, o ¿más bien tiempo e injusticia?

Este libro es una importante contribución a la justicia de Costa Rica. Esto es lo que es realmente importante.

Por supuesto que mi familia y mi vida han sido dolorosa y lamentablemente afectadas por la tardanza de acusaciones judiciales y por los graves agravios que poderes de la nación, políticos y medios vienen ejecutando en mi contra.

Regresé hace ya casi 21 años al país tras renunciar por mi personal determinación a la Secretaría General de la OEA, el puesto de mayor jerarquía al que haya sido elevado centroamericano alguno. Lo hice avisando al Fiscal General de mi llegada y pidiéndole cita para ir a declarar y ponerme a las órdenes de los tribunales de mi patria. La respuesta fue el circo de agravios que el Ministerio Público, el Gobierno y algunos medios de comunicación cuidadosamente montaron para recibirme.

Se unieron poderes de la República para exhibirme cruelmente como no es legítimo hacer siquiera a un reo condenado; se me ocultaron pruebas; se me acribilló de falsas acusaciones en los medios a los cuales se usó para ilegalmente suministrarles informaciones sesgadas en mí contra; se usaron pruebas falsas para enviarme a prisión; se dejó en libertad y con cuantiosos recursos dolosamente adquiridos a culpable confeso; se desviaron fondos destinados al combate del narcotráfico para usarlos en mi contra; se me negó protección a mis derechos constitucionales, y mil violaciones más que he descrito detalladamente en dos libros y muchas oportunidades. Muchas de estas violaciones al debido proceso y a mis derechos naturales fueron declaradas por la Sala Constitucional y por Tribunales de la República, que 13 años después de mi regreso me exoneraron y declararon mi inocencia, considerando todas las pruebas, incluso las que adecuadamente habían sido declaradas inadmisibles.

Las consecuencias de esos agravios son muchas y evidentes. Perdí muchos años de mi vida activa; se me cerraron oportunidades para ejercer actividades públicas y privadas —a una persona sometida a un proceso penal enormemente publicitado, aunque legalmente es inocente, se le cierran las puertas—; no pude disfrutar del desarrollo de la vida de mis hijos y nietos, ni siquiera de sus graduaciones pues por años se me impidió visitarlos; se perjudicaron mi salud y mis finanzas.

Lo peor fue vivir tantos años sufriendo el dolor que mi situación causaba a Lorena, a mis hijos, nietos, hermanos y amigos.

Recuerdo la brillante y despejada mañana de abril de 2007 cuando tuve el gusto de recibir la visita del joven abogado Cristhian Arguedas.

Para entonces, dos años y medio después de mí regreso, el Ministerio Público ni siquiera había presentado la acusación en mi contra, a pesar de que desde antes de mi voluntario regreso había anunciado que tenía listo el caso.

Cuando me visitó el abogado Arguedas todo el panorama lucía muy oscuro en mi contra. La opinión pública me condenaba muy mayoritariamente. Las fuerzas políticas trataban de sacar rédito de la persecución en mí contra, incluso la mayor parte de los dirigentes de mi partido que me había expulsado de manera atropellada, irregular y antirreglamentaria sin siquiera oírme a los dos días de la acusación interesada del testigo de la corona.

Todo aparentaba un caso perdido.

¡Y en aquellas tenebrosas circunstancias llegaba Cristhian a ofrecerme su voluntaria ayuda!

Venía yo disfrutando de la profesionalmente muy valiosa y humanamente muy confortante ayuda de los dos grandes penalistas Rafael Gairaud y Eduardo Araya, verdaderos amigos.

Cristhian muy generosamente se unió al grupo y su aporte resultó de enorme valor.

No tengo como expresarle mi gratitud, que es ahora aún mayor por la preparación de este libro que resalta características que deben ser conocidas por la historia respecto a la persecución que ya por más de 20 años llevo sufriendo.

Tengo por delante —a mis 85 años— que someterme a un juicio por investigaciones iniciadas hace 24 años. Un juicio que se da después de que hace ya más de 3 años la Sala Constitucional —resolviendo a mi favor un recurso de amparo— declaró sin tapujos que con este procedimiento se estaban violando mis derechos constitucionales a justicia pronta y cumplida. Un juicio al que se llama después de que el Tribunal Penal declaró hace 2 años y 7 meses que ese proceso penal está viciado por defecto absoluto que no es subsanable.

Este es un nuevo agravio de incalculables proporciones que debo atender en circunstancia muy dolorosa de mi vida. Y que como siempre lo he hecho atenderé dando la cara.

Pero a pesar de todo eso, y a pesar de que esta obra jurídica de Cristhian Arguedas se refiere a ese caso, no es por eso por lo que invito a Ud. estimado lector a la presentación de este libro. Tampoco es por mi gratitud al autor por su inquebrantable amistad y por la inconmensurable valía de sus capacidades profesionales.

Lo hago porque mi gratitud es aún mayor por su trabajo en pro de la justicia costarricense.

Pocos profesionales del derecho utilizan sus años más valiosos de ejercicio profesional dedicando su capacidad y tiempo a estudiar a fondo problemas de nuestra legislación judicial. Cristhian lo hace al extremo de proponer un proyecto de ley para resolver la injusticia que en nuestro país impera por el generalizado incumplimiento del mandato de justicia pronta.

Lo que propone es urgente.

Lo saben tanto víctimas de la delincuencia, como las personas contra quienes se abren causas penales en el Ministerio Público.

Cuanto más importante podría ser un caso penal, más grande es el espectáculo que se monta contra los potenciales culpables a la hora de hacer público que se inician los procesos con base en la investigación que ha venido realizando la Fiscalía. A menudo después pasan años y años sin que se concrete una acusación que pueda resolver el caso, lo cual daña gravemente a las víctimas, y a los potenciales culpables que bien pueden ser inocentes, pero que ante la opinión pública han quedado sindicados como culpables.

Son casos en que sufre la justicia, los derechos constitucionales y el aprecio de los ciudadanos por nuestro sistema judicial.

Es una situación en la cual la justicia costarricense ha retrocedido.

Con el viejo Código de Procedimientos Penales con el que me tocó estudiar derecho, abierta una investigación, si en un año no se presentaba la acusación se podría dar una prórroga extraordinaria de un año más, después de la cual si no se presentaba la acusación se extinguía la acción penal.

Hoy víctimas e imputados quedamos huérfanos de protección, aunque sin justificación se atrase la acusación o la desestimación o sobreseimiento según corresponda.

Y luego de la acusación y la audiencia preliminar vienen los injustificados atrasos en llevar a cabo el debate oral y público, el juicio propiamente dicho, y las posteriores posibilidades de apelación a que tienen derecho las partes.

No cabe la menor duda de que es un campo en el que está en grave deuda nuestro sistema jurídico.

Por eso don Cristhian nos ilumina con un proyecto de ley de reforma a aspectos del proceso penal.

La elaboración jurídica de Cristhian es contundente. Su propuesta de ley es urgente y resuelve el problema desde muchos ángulos. El Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte están en deuda con el país que sufre por la violación constante del derecho fundamental a justicia pronta y cumplida.

Aquí tienen las autoridades una propuesta concreta para no simplemente denunciar sino resolver esta grave injusticia.

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