El 1 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de las Personas Adultas Mayores (PAM), segmento etario que representa un procentaje cada vez mayor de nuestra población.
Según datos del INEC, se estima que la población de personas adultas mayores está conformada por 576.017 personas, de las cuales al menos un 26,6% viven en pobreza y tan solo un 13,3% tiene empleo. El 48, 2% no recibe pensión y 2,1% no tiene seguro social. Se destaca en los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares que al menos un 64% de esta población requiere de algún tipo de asistencia en aspectos como movilidad, atención de labores domésticas y cuidado personal. Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023, se estima que el 37,4% de la población mayor presenta esta condición (58,9% mujeres y 41,1% hombres); el 92,8% enfrenta una discapacidad severa, mientras que solo un 7,2% presenta una discapacidad leve o moderada. Estos y otros datos revelan, entre otros aspectos, la importancia de planificar e invertir en espacios habitables más acordes y adecuados a las necesidades actuales y proyectadas de esta población.
La Ley No.10214 de "Creación del Régimen Especial de Viviendas Comunitarias para garantizar el acceso al derecho a la vivienda a la persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad" (2022) establece mecanismos para la implementación de un régimen especial de viviendas subsidiadas, mediante un “bono de viviendas comunitarias” para el uso y habitación de las personas adultas mayores costarricenses y extranjeras con residencia legal en Costa Rica, autovalentes y en condición de vulnerabilidad.
Según esta Ley, reglamentada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), es el Consejo quien define los instrumentos para calificar a las personas mayores de 65 años que se encuentran en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema y que necesitan vivienda. Un aspecto innovador es que otorga un derecho de uso y habitación de la vivienda a las personas beneficiarias; es decir, se trata de un usufructo (que dura hasta que la persona ya no pueda valerse por sí misma, no cumpla más las condiciones del contrato o haya fallecido), que posteriormente no es heredado a familiares, sino que es aprovechado por otras personas adultas mayores.
Esto es importante, por cuanto podrá ayudar a reducir la pérdida del bien por violencia patrimonial de familiares o allegados, y permite que la vivienda mantenga con el tiempo la función social para la cual fue financiada y desarrollada por el Estado en primer lugar. En otras palabras, un mismo inmueble podrá servir para atender la necesidad de vivienda de diferentes beneficiarios, sin la posibilidad de que su propiedad sea eventualmente transferida a privados que no necesitan el subsidio. Otro aspecto innovador es que estos conjuntos pasan a ser administrados por organizaciones de bienestar social (OBS debidamente certificadas) u organizaciones de utilidad pública. Además de administrar los cupos y el mantenimiento de la infraestructura, estas deberán brindar servicios complementarios de atención integral.
A la fecha, no hay todavía desarrollado algún proyecto bajo esta modalidad, pero se están haciendo esfuerzos conjuntos en el Sector Vivienda para avanzar a corto plazo en la materia. No obstante, hay un caso interesante a nivel local, el Proyecto de Viviendas Comunitarias de la Asociación Josefina Ugalde Céspedes (AJUCE), en Quebrada Ganado de Garabito, un conjunto de 28 soluciones habitacionales vinculadas a un centro diurno, en donde las personas adultas mayores reciben servicios de comida, terapia física, psicología y otros.
En lugares como España, países nórdicos y otros más cercanos, se han implementado experiencias llamativas de modelos de ‘coliving’ o ‘cohousing’ para PAM; se trata de esquemas donde las viviendas comparten algunos usos y actividades, lo que les permite también compartir gastos y potenciar la convivencia y el encuentro. Son hábitats colaborativos en donde muchas veces los esfuerzos mancomunados facilitan el acceso compartido a servicios de salud, recreación, producción, educación, etc. Hay modelos, incluso, que van más allá e incorporan la mezcla o interacción intergeneracional; es decir, la convivencia entre PAM y personas jóvenes, ya sea porque comparten el hábitat o realizan actividades productivas, comerciales, recreativas o de cuido de manera conjunta y colaborativa también. Algunos casos incorporan incluso guarderías infantiles en donde las PAM contribuyen en el cuido de los menores.
El concepto de "envejecimiento activo" (según la OMS) es "el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida". Para promover la implementación de esta noción de calidad de vida en la vejez, es crucial que se contemple desde las etapas de preinversión y diseño cómo deben ser estos espacios y el entorno al que se integran. En otras palabras, la vivienda adecuada para PAM debe pensarse más allá de la propia infraestructura y accesibilidad de la casa: hay que considerar otros aspectos importantes, como el confort ambiental, la accesibilidad a espacios públicos y servicios urbanos, y la posibilidad de desarrollar una convivencia comunitaria satisfactoria.
Estos factores ambientales, por cierto, han sido identificados en las "zonas azules" (Nicoya incluida) como determinantes para alargar una vida de calidad. Además, como han demostrado estudios en salud pública y ambiental, "el código postal es a veces más importante que el código genético". Esto significa que el lugar, el espacio y las condiciones, posibilidades o restricciones que estos brindan inciden más en el bienestar de las personas que su misma predisposición a enfermarse. Teniendo en cuenta que somos una sociedad en plena tendencia ascendente al envejecimiento, invertir en mejorar la planificación y el diseño de nuestras ciudades y viviendas es además invertir en salud preventiva.
Para esto, es necesario seguir avanzando hacia políticas públicas bien articuladas e intregradas en materia de envejecimiento digno y activo, así como de vivienda y hábitat adecuados. Esto pasa también por educar(nos) y concientizar(nos) mejor -en todos los niveles- sobre la importancia de diseñar y promover mejores respuestas, estrategias y programas en esta línea.
En estos días, por ejemplo, se estarán publicando y presentando los “Lineamientos generales de para el diseño del hábitat adecuado dirigido a la población adulta mayor de Costa Rica”, un esfuerzo multiactor coordinado por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, con apoyo del sector privado y otras entidades públicas y no gubernamentales. Es clave, además, realizar inversiones de corto plazo (con financiamientos mixtos, público-privado y municipal) en proyectos piloto con efectos demostrativos que permitan construir conocimiento, escalar programas e ir ajustando y mejorando los marcos normativos a partir de las experiencias acumuladas.
Se está explorando también la posibilidad de aprovechar parte del amplio 'stock' existente de terrenos estatales (con condición patrimonial) para subsidiar y facilitar el desarrollo de proyectos de esta índole; hay instituciones públicas y municipalidades con terrenos a su nombre que están ociosos y subutilizados, muchos de los cuales se ubican en zonas bastante favorables para los efectos. Otros temas importantes en esta materia son: priorizar la atención de PAM en asentamientos informales; tomar en cuenta los criterios y experiencias de esta población en el diseño de programas y modelos habitacionales del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV); promover más iniciativas y acciones coordinadas para mejorar la situación de los espacios públicos, los servicios y equipamientos urbanos considerando la accesibilidad y el derecho a la ciudad de esta población; entre otros. Al fin y al cabo, una ciudad con espacios adecuados para las personas adultas mayores es una ciudad adecuada también para todo el resto de la ciudadanía.
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