En Costa Rica, las personas adultas mayores LGBTQ+ viven en la intersección de dos formas de discriminación históricas: el edadismo y la heteronormatividad. Aunque en los últimos años se han dado avances normativos importantes —como la aprobación del matrimonio igualitario—, las políticas públicas aún no integran de forma clara y explícita las necesidades específicas de esta población. Esta exclusión estructural no solo limita el acceso a derechos, sino que perpetúa la invisibilización, la marginalidad y la desprotección.
Una de las formas más persistentes de violencia hacia las personas mayores LGBTQ+ es precisamente la invisibilización. Esta comienza con la ausencia de desagregación de datos en censos nacionales, se reproduce mediante omisiones en planes, protocolos y programas institucionales, y culmina en el borramiento simbólico dentro de discursos públicos y representaciones sociales. Al no existir en las estadísticas oficiales ni en los lineamientos técnicos de atención geriátrica, las personas mayores sexualmente diversas quedan atrapadas en un vacío estructural que legitima su exclusión como norma social. Esta invisibilización no solo borra identidades y vínculos afectivos, sino que también profundiza el abandono y refuerza mecanismos de discriminación institucionalizada.
Los espacios destinados a la atención de personas mayores, como los centros diurnos y hogares de larga estancia, representan algunos de los entornos donde esta violencia simbólica se manifiesta con mayor fuerza. Muchas personas LGBTQ+ mayores deben ocultar su identidad para evitar el rechazo, la burla o la exclusión. Se les niegan sus vínculos afectivos, se impone un modelo de convivencia heteronormativo, y se limita su posibilidad de vivir el envejecimiento desde la autenticidad. Esta forma de violencia cotidiana, aunque no siempre física o verbal, es profundamente estructural: invalida trayectorias de vida, borra biografías y perpetúa el miedo como forma de supervivencia.
Frente a esta realidad, es necesario adoptar un enfoque de derechos humanos articulado con una mirada gerontológica inclusiva. Las personas mayores LGBTQ+ tienen el derecho inalienable a vivir su identidad y expresión de género sin discriminación ni estigmas, incluso en contextos institucionales como residencias, hospitales y centros de atención. Este enfoque exige garantizar mecanismos accesibles y eficaces para denunciar actos de violencia por homofobia, transfobia, lesbofobia o edadismo, así como establecer rutas claras de acompañamiento psicosocial y sanción a las prácticas discriminatorias. También implica asegurar el acceso a servicios de salud integral libres de prejuicios, lo cual requiere la formación continua de profesionales con competencias culturales en diversidad sexual y envejecimiento.
La promoción de viviendas dignas, seguras e inclusivas, así como el reconocimiento social y legal de los vínculos afectivos no normativos, resulta esencial para garantizar el bienestar integral de esta población. Es igualmente necesario asegurar el acceso equitativo a pensiones, seguridad social y servicios estatales, sin exclusiones derivadas de relaciones afectivas no reconocidas. La ciudadanía plena de las personas mayores LGBTQ+ solo será posible si se respeta su derecho a participar activamente en la vida política, cultural y comunitaria, y si se garantiza su acceso continuo a la educación, la información y la expresión pública. De igual forma, el acceso a la justicia debe ser real y efectivo, con rutas institucionales claras para denunciar violaciones a los derechos humanos, obtener reparación y asegurar garantías de no repetición.
Envejecer no significa renunciar a los derechos fundamentales. Las personas adultas mayores LGBTQ+ tienen derecho a vivir plenamente su identidad y a no ser discriminadas ni por su edad, ni por su orientación sexual, ni por su identidad de género. Esto incluye el respeto a su nombre elegido, el reconocimiento de sus relaciones afectivas, el acceso igualitario a servicios de salud, el derecho a una vivienda inclusiva y la participación ciudadana en igualdad de condiciones. Estos derechos no son secundarios ni optativos: son esenciales para una sociedad democrática, plural e inclusiva.
Ante la evidencia de las múltiples formas de exclusión, violencia e invisibilización, se vuelve urgente reformar las políticas públicas de envejecimiento e inclusión en Costa Rica. Aunque la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2023–2033 consolida algunos avances en materia de derechos, su omisión de la diversidad sexual y de género constituye una debilidad crítica: no aborda ni protege de forma específica a las personas mayores LGBTQ+. Es indispensable incorporar acciones afirmativas, formación institucional especializada y recolección de datos desagregados que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia. También se requiere capacitar al personal de salud, trabajo social, justicia y servicios comunitarios en competencias culturales inclusivas, y promover entornos institucionales libres de prejuicios y estereotipos.
Además, la inclusión de variables de orientación sexual e identidad de género en los sistemas públicos de información es vital para visibilizar a esta población y responder a sus necesidades reales. Se deben crear espacios seguros de socialización, redes comunitarias y canales participativos que reconozcan y celebren las múltiples formas de vivir la vejez. La promoción de investigación social con enfoque interseccional permitirá ampliar la comprensión de estas realidades y generar herramientas para abordarlas con sensibilidad, evidencia y justicia.
No podemos seguir viendo la vejez de forma homogénea ni sostener una visión romántica que la idealice como etapa uniforme y desvinculada de las tensiones sociales. Es indispensable reconocer la vejez como una etapa compleja, diversa y profundamente atravesada por factores sociales, culturales, económicos, afectivos y políticos. Asumir que todas las personas envejecen de la misma manera niega las desigualdades estructurales que condicionan esta etapa de la vida y silencia las experiencias particulares de grupos históricamente excluidos, como las personas LGBTQ+. Idealizar la vejez como un tiempo “naturalmente sereno” o “asexual” refuerza estereotipos que invisibilizan las realidades de abandono, discriminación y pobreza que muchas personas mayores enfrentan. Una mirada crítica y situada implica cuestionar los modelos tradicionales de envejecimiento y adoptar enfoques interseccionales donde se reconozcan los efectos del género, la clase, la orientación sexual, la identidad de género, la etnia o la discapacidad en los modos de envejecer.
Hablar de vejez LGBTQ+ en Costa Rica es una tarea impostergable que debe asumirse desde una ética del reconocimiento y la justicia social. No basta con nombrar a esta población: es urgente transformar las estructuras que históricamente les han silenciado, excluido y marginado. Avanzar hacia un país verdaderamente democrático exige garantizar los derechos humanos de todas las personas mayores, sin importar a quién amen, cómo se identifiquen o qué cuerpo habiten. Es tiempo de escuchar sus voces, reconocer sus luchas y construir un futuro donde envejecer con orgullo y dignidad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
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