Costa Rica celebra cinco siglos desde la creación de su primer ayuntamiento en 1524, un acontecimiento que estableció los cimientos de la gobernanza local en el país. A lo largo de estos 500 años, las municipalidades han evolucionado hasta convertirse en actores clave en el desarrollo de sus comunidades. Sin embargo, el régimen municipal enfrenta hoy desafíos significativos que requieren reformas profundas para fortalecer su papel en la construcción de un Estado más eficiente, transparente y participativo.

En la última década, la Asamblea Legislativa ha sido testigo de la presentación y debate de diversos proyectos de ley enfocados en modernizar el régimen municipal. Como diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, he procurado contribuir activamente en este proceso, presentando iniciativas que buscan resolver algunos de los retos más apremiantes del sector municipal costarricense.

Uno de los desafíos más complejos que he experimentado personalmente, tras mi paso como alcalde de Belén, es la naturaleza bifronte del régimen municipal costarricense, donde coexisten dos figuras de poder: los alcaldes y los concejos municipales. Esta dualidad, concebida para equilibrar la gestión operativa con la supervisión política, a menudo genera tensiones que dificultan la gobernanza local.

Los alcaldes, elegidos por voto popular, cuentan con una legitimidad y un poder ejecutivo que puede entrar en conflicto con los concejos municipales, cuya función es normativa y de control. Esta dinámica, en muchos casos, resulta ineficiente, causando bloqueos en la toma de decisiones y retrasando la ejecución de proyectos cruciales para las comunidades.

Es fundamental tener claridad en que el papel de los regidores se centra en promotores de la política pública que requiere el cantón, no en su administración.

Para abordar estos desafíos, presenté el proyecto de ley 24.385, Reforma al Código Municipal en materia de salario, descanso y autonomía funcional de las alcaldías, vicealcaldías, intendencias y vice intendencias. Esta iniciativa busca fortalecer la autonomía funcional de las autoridades municipales, permitiéndoles tomar decisiones más ágiles y efectivas en sus jurisdicciones. Además, mejora las condiciones laborales de los funcionarios de alto rango en las municipalidades, al pretender asegurar sus salarios y condiciones de trabajo estén alineados con sus responsabilidades, lo que ayudaría aliviar parte de la tensión existente con los concejos municipales.

Además, propuse el proyecto de ley 23.396, Reforma del artículo 167 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, con el objetivo de aclarar a partir de cuándo la Alcaldía puede interponer el veto ante los acuerdos del Consejo, a la vez, aclara, independiente del rechazo del veto por parte del Consejo, debe ser elevado al Tribunal Contencioso Administrativo. Esta reforma ataca la incerteza jurídica que hoy viven los alcaldes para refutar las decisiones del Consejo.

En esa misma línea de modernización del sistema municipalista se logró la promulgación de la Ley 10.416, conocida como la "Ley que faculta a los regidores suplentes a integrar, con voz y voto, las comisiones permanentes de los concejos municipales"; ese rol activo del regidor suplente fortalece la participación democrática, mejora la gestión municipal, optimiza el uso del recurso humano, reduce la carga de trabajo de los regidores propietarios y fortalece la gobernanza local.

Otro tema crucial para el régimen municipal es la sostenibilidad financiera. Con el propósito de optimizar la recaudación municipal, presenté el proyecto de ley 24.384, Mejoramiento de la eficiencia en la recaudación por parte de los gobiernos locales, a través de mecanismos para la revisión y actualización de las tarifas y tasas municipales.

Este proyecto propone la implementación de mecanismos que permitan a las municipalidades actualizar sus tarifas y tasas de manera más eficiente, garantizando así los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades. Esta medida es vital para mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta de las municipalidades frente a las demandas de sus comunidades.

Como estas, existen numerosas iniciativas valiosas de otras personas que igual buscan enfrentar los retos actuales y futuros del régimen municipal. Estas propuestas, desarrolladas con visión, son fundamentales para la evolución del sistema municipal en Costa Rica.

A medida que nuestro país avanza hacia una nueva era, es imperativo abordar los desafíos estructurales que enfrenta el régimen municipal. La implementación efectiva de las reformas dependerá de la capacidad de las municipalidades para adaptarse a los nuevos roles y de la disposición del gobierno central para ceder control en favor de una mayor autonomía local.

En este proceso es imperativo hacer uso de las nuevas tecnologías para que contribuyan en la integración y labores que ejecutan los gobiernos locales a efectos de aprovecharlas en pro de mejores y mayores servicios para los ciudadanos.

La conmemoración de los 500 años de la fundación del régimen municipal nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre el pasado y proyectar un futuro en el que las municipalidades sean verdaderos motores de desarrollo local, eficientes y democráticos.

Con las reformas adecuadas, Costa Rica puede transformar su régimen municipal en un modelo de gobernanza local que responda eficazmente a las necesidades de sus ciudadanos en el siglo XXI y mejorar su calidad de vida.

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