Normativa habilita la instalación de postes en aceras sin exigir uso compartido ni criterios de diseño urbano, lo que ya genera afectaciones en accesibilidad, autonomía municipal y seguridad peatonal.
Diversas municipalidades, entre ellas la de Desamparados, han expresado su preocupación por el reglamento del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) que regula la instalación de postes y estructuras de telecomunicaciones en el espacio público.
Según consta en el Acta de Sesión Extraordinaria N.° 28-2025, el municipio retomó un borrador técnico trabajado durante más de un año con criterios legales y urbanísticos para establecer su propia regulación y evitar una proliferación desordenada de postes en aceras y vías peatonales.
Recientemente vecinos de diversas comunidades han empezado a percibir una proliferación de torres sobre las aceras.
El acta documenta que los regidores Jesús Rodríguez y Mario Raitt señalaron que la propuesta del MICITT “no se ajusta a las necesidades territoriales” y que el cantón trabaja un documento suficientemente robusto para avanzar con reglas propias, incluso si esto implica no adherirse de inmediato al reglamento ministerial.
El MICITT, por su parte, sostuvo que las municipalidades “no pueden establecer vía reglamentaria cantonal dónde desplegar infraestructura”, criterio que distintos gobiernos locales consideran una afectación a su autonomía para la gestión del espacio público.
La normativa nacional reconoce que los gobiernos locales son responsables de administrar el espacio público y regular la construcción en aceras, calles y zonas peatonales. La Ley de Construcciones, la Ley de Planificación Urbana y la Ley General de Caminos Públicos establecen que corresponde a las municipalidades velar por la seguridad vial, el alineamiento, la accesibilidad y la integridad de las obras civiles que afectan el tránsito peatonal.
No obstante, el reglamento 44335-MICITT limita estas potestades al impedir que los gobiernos locales definan dónde puede instalarse infraestructura de telecomunicaciones, incluso si afecta la continuidad de las aceras o la movilidad de personas con discapacidad. Esto reduce la capacidad de los gobiernos locales para ordenar el territorio y proteger el uso seguro del espacio público.
Preocupación por impacto en accesibilidad
El documento municipal evidencia que la instalación de postes en aceras ya está comprometiendo la accesibilidad peatonal, incluyendo a personas con discapacidad —por ejemplo, usuarios de silla de ruedas—, lo que atenta contra la Ley 7600.
Dato D+: La Ley 7600 obliga al Estado a garantizar que todo entorno físico —incluidas aceras, parques y vías públicas— sea accesible y libre de barreras (artículos 4 y 41). Cualquier obstáculo fijo que impida el tránsito seguro de una persona con discapacidad constituye una forma de discriminación sancionable.
Desde enero de 2024 rige el Reglamento a la Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones (Decreto N.° 44335-MICITT), que permite a las empresas gestionar permisos directamente con los municipios. Si bien la normativa busca agilizar trámites, no exige uso compartido de torres ni incorpora criterios de planificación urbana, dos elementos clave en la gestión del espacio público.
Sala Constitucional rechazó acción contra el reglamento
La situación ha generado reclamos ciudadanos e incluso gestiones legales para detener los efectos del reglamento e impedir, en palabras de Álvaro Sagot, “un enjambre de postes de telecomunicaciones sin regular”. Preocupado por “el grosero impacto tanto visual como urbano”, el abogado presentó ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad.
Los postes de telecomunicaciones, que se pueden poner a cualquier acera sin ningún problema, están totalmente relevados de ocupar cualquier licencia ambiental”.
En conversación con Delfino.CR, Sagot explicó: “La acción pretendía que se regulara con licencias ambientales los postes de telecomunicaciones, puesto que lo único para lo que existían regulaciones —y de una manera muy simplona— eran las torres. Después de presentada la acción, se dan una serie de situaciones donde incluso cambia la normativa, etcétera, pero lo que fundamentalmente dispuso la Sala es que los postes son de baja significancia ambiental, siguiendo un supuesto estudio que nunca nadie vio que hizo la Setena”.
El abogado ambientalista Álvaro Sagot contó a Delfino.CR que actualmente acompaña a sus estudiantes en la gestión de denuncias por contaminación visual en San Ramón, Alajuela y Grecia.
Aunque la Sala declaró sin lugar la acción, Sagot considera que la proliferación desordenada de postes sin análisis previo representa un atentado contra el derecho a un ambiente sano:
Yo creo que el efecto negativo —incluso solamente visual— era más que suficiente, pero la Procuraduría dijo que no bastaba con que yo lo señalara, sino que debía aportar prueba...”
El abogado sostiene que la prueba “salta a la vista”: postes voluminosos están siendo colocados en zonas públicas sin evaluación de impacto en accesibilidad y convivencia urbana, e incluso sin estándares mínimos de seguridad, como cajas metálicas a media altura sobre aceras transitadas.
Los estándares de seguridad exigidos para los torres (atrás) no aplican a los postes (al frente), por lo que se pueden apreciar estructuras voluminosas amarradas a media altura sobre la acera.
La proliferación de torres se ve incrementada por un factor adicional: según la norma vigente (MH-DGT-RES-0010-2024), los operadores pagan entre $35 y $50 anuales por instalar postes en aceras, un monto muy inferior al costo de ubicar infraestructura en propiedades privadas. Para gobiernos locales consultados por Delfino.CR, esto incentiva desplazar la infraestructura hacia el espacio público, incluso cuando no existe necesidad técnica.
A esto se suma que el reglamento del MICITT no exige el uso compartido, lo que facilita la duplicación o triplicación de torres y postes en una misma zona. En telecomunicaciones, el principio de “compartición de estructura” implica que varios operadores utilicen una misma torre o soporte, reduciendo interferencias, costos y ocupación del espacio público.
La ausencia de esta práctica contrasta con los criterios internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Su Recomendación UIT-R SM.1132-1 considera que la compartición es esencial para evitar duplicación de estaciones y optimizar el uso del espacio urbano.
Un estudio académico publicado en la revista Módulo Arquitectura CUC (2021) concluye que torres, mástiles y postes pueden generar contaminación visual, percepción de abandono y un aumento en la sensación de inseguridad, especialmente cuando se instalan sin integración al diseño urbano.
En Costa Rica, los reclamos vecinales documentados en Aserrí, Alajuela, Heredia y Pavas muestran que el problema no es aislado. En el caso de Pavas, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda confirmó la clausura de un poste por incumplir la Ley General de Caminos Públicos, al invadir el derecho de vía y representar un “riesgo inminente”.
Estructura de telecomunicaciones clausurada en Rohrmoser, tras una resolución del Tribunal de Apelaciones.
Más de la mitad de municipios no se han adherido
A nivel nacional, 24 de los 84 gobiernos locales ya adoptaron el reglamento 44335-MICITT. Esa lista incluye a Sarapiquí, Tarrazú, Corredores, Coto Brus, Alvarado, Puntarenas, Monte Verde, Guácimo, El Guarco, Esparza, Limón, Liberia, Oreamuno, San Pablo, San Carlos, La Cruz, San Ramón, Matina, Poás, Sarchí, Río Cuarto, Talamanca, Naranjo y Palmares.
Delfino.CR confirmó que otros gobiernos locales están evaluando desarrollar normas propias para mantener control sobre la instalación de infraestructura y aplicar criterios correctos de planificación local.
Impacto en seguridad urbana
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su guía Los espacios públicos en América Latina y el Caribe, señala que la seguridad ciudadana está estrechamente ligada al diseño urbano, la accesibilidad y la visibilidad del entorno. La movilidad peatonal continua y sin obstáculos es clave para rutas seguras, con buena iluminación y circulación sin barreras.
Según el BID, la saturación de elementos fijos en aceras reduce la visibilidad, interrumpe el flujo peatonal seguro, fragmenta la conectividad y deteriora la accesibilidad universal. Estos factores se asocian con mayor percepción de inseguridad.
ONU-Hábitat ha reiterado que las aceras deben mantenerse libres de obstáculos que generen puntos ciegos o dificulten la movilidad de personas con discapacidad, incluyendo usuarias de bastón, andadera o silla de ruedas.
Ambos organismos señalan que el desorden en el mobiliario urbano afecta la seguridad vial, la coherencia del entorno y la calidad del espacio público.
“La acera no está construida para tener infraestructura”
El abogado Josué Bogantes Carvajal, consultor jurídico en materia urbana, señaló que la discusión no es tecnológica, sino de modelo de ciudad:
“La discusión de fondo radica en la visión de ciudad que queremos proyectar. Debemos definir si invitamos al costarricense a un casco urbano repleto de infraestructura o si buscamos limpiar visualmente nuestros espacios, tomando en cuenta que la acera no está construida para tener infraestructura”.
Por su parte, la arquitecta Adriana Fuentes Fernández advirtió que “si no planificamos, convertiremos nuestras ciudades en zonas congestionadas, inseguras y poco habitables”, señalando que la falta de planificación urbana ya es un problema histórico en el país.
Lo que estamos viendo es el resultado de años de improvisación. La tecnología es vital para el desarrollo, pero debe integrarse de forma armoniosa en nuestras ciudades”.
Al igual que Bogantes, sostiene que el desarrollo tecnológico es necesario, pero debe de ir de la mano con legislación que no contravenga principios elementales de urbanismo y respeto por el derecho ambiental: “No se trata de frenar la conectividad, sino de planificarla con visión. Cada poste mal ubicado o duplicado representa un retroceso en la calidad del espacio público, que es el alma de nuestras ciudades. Así mismo, cuando se instalan sin tomar las precauciones necesarias, puede resultar un riesgo importante para los vecinos”.
Claramente, nadie quiere que le lleguen a instalar un poste de telecomunicaciones frente a su casa, cuando hay muchas otras opciones para construir infraestructuras ordenadas y en armonía con la ciudad”.
La arquitecta Adriana Fuentes fue consultora en planificación urbana del proyecto mUEve.
La especialista recordó que la situación de Latinoamérica en general y de Costa Rica en particular (especialmente en el caso de San José) ya es de por sí complicada a nivel de urbanismo, por lo que hace un llamado a atender esta situación con celeridad: “Costa Rica enfrenta hoy un desafío decisivo y como sociedad nos urge que las autoridades competentes ordenen la situación tan crítica en la que nos encontramos, por el bien de todos los habitantes del país”.
Ambos coinciden en que la conectividad es necesaria, pero debe integrarse al entorno sin sacrificar seguridad, diseño urbano y ambiente.
