El 27 de julio se dio el vuelco de un camión que derramó litros del fungicida Mancozeb afectando a comunidades de Puntarenas.

El colectivo ecologista Bloque Verde denunció que autoridades del Gobierno distribuyeron agua contaminada con el agroquímico Mancozeb hasta en 55 veces por encima del límite de ley, tras el derrame del agroquímico ocurrido en Barranca, Puntarenas.

En julio anterior se dio el vuelco de un camión que derramó 17,000 litros del fungicida sobre las fuentes de agua potable de más de 90,000 personas de la zona. 

Este compuesto es altamente tóxico y puede causar serios problemas de salud, como irritaciones cutáneas y oculares, náuseas, vómitos y convulsiones.

Los primeros análisis del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en ese momento revelaron niveles alarmantes de contaminación. En los pozos de Esparza, los niveles de Mancozeb resultaron 70.000 veces superiores al límite permitido, mientras que en la toma del río Barranca, estos niveles son 2.7 millones de veces más altos. Frente a tales registros se suspendió el suministro de agua potable a la población cercana de forma inmediata.

Apenas tres días después, el 3 de agosto, las autoridades decidieron reanudar el servicio. Esta decisión la tomaron ya que, luego de estudios, no detectaron concentraciones de Mancozeb ni de su metabolito Etilentiourea (ETU) en los puntos finales de la cuenca, ni en los pozos de agua de consumo humano, según comunicó la cartera de Salud. 

AyA entregó agua potable en cisternas días después al accidente. Fotografía: AyA

Actualmente el reglamento para la calidad del agua potable 38924-S estipula que el valor máximo admisible de mancozeb es 0.1 microgramos por litro (µg/L).

Este 5 de setiembre, Bloque Verde compartió que a través de un recurso de amparo ( 24-023137-0007-CO) contra el AyA por acceso a la información, han obtenido los datos de monitoreo que las autoridades han realizado desde el 27 de julio, el día del accidente.

Según los datos obtenidos, el 3 de agosto, cuando se reanudó el suministro de agua, los valores del río Barranca en el punto de muestreo denominado “Mitad de Quebrada” eran de 4276.50 μg/L, es decir, 4276 veces más del límite legal permitido para consumo humano.

En el punto de muestreo "Planta Barranca Cruda", el valor era de 5.05 μg/L, es decir, 50 veces por encima del límite legal.

En los días siguientes, los valores fueron de 5.56 μg/L el 4 de agosto y 5.16 μg/L el 5 de agosto, comenzando a no ser detectado en este punto solo a partir del 6 de agosto.

El grupo ecologista indicó que se siguieron registrando valores en otros puntos de muestreo del río. Por ejemplo: el 6 de agosto, el punto de muestreo “Salida alcantarilla a Quebrada” mostró 1,644.60 μg/L y el 8 de agosto, 249.55 μg/L. En el sitio “Mitad de Quebrada”, los valores fueron 993.60 μg/L el 6 de agosto y 275.98 μg/L el 8 de agosto. Posterior a esa fecha no tiene datos de más análisis.

Desde Bloque Verde consideran que la negativa de las autoridades a proporcionar esta información demuestra una falta de transparencia y un intento de ocultar irregularidades a la ciudadanía, especialmente a los residentes afectados.

Por esta razón, compartieron toda la información a la Fiscalía para que evalúe los posibles delitos derivados de estas acciones.

El abogado ambientalista Álvaro Sagot consideró que la contaminación puede violentar los límites de lo prudente en cantidades considerables.

El informe que se hace supuestamente a propósito de este derrame tiene inconsistencias muy serias, pues rebasa exponencial y regresivamente lo permitido para consumo humano. Lo más nefasto es que expresamente se señala que los efectos en ecosistemas fluviales y a la biodiversidad asociada no fueron ponderados, como si la vida silvestre no importara nada”.

El pasado 2 de setiembre, el grupo ecologista denunció un informe (MS-DPRSA-USA-1536-2024) del Ministerio de Salud que buscaba autorizar niveles de contaminación del agroquímico en agua potable que sobrepasan 60 veces lo estipulado por la legislación nacional.

El documento de Salud sugería establecer nuevos límites máximos permitidos de 6 microgramos por litro para el ingrediente activo mancozeb y 0.16 microgramos por litro para el subproducto etilentiourea (ETU).

Luego de la denuncia del colectivo, Salud aclaró que debido a la situación de emergencia causada por la contaminación en el río Barranca, el informe proponía valores provisionales, como medida temporal, "para proteger la salud pública mientras se implementaban las acciones de remediación necesarias".

"Estos valores provisionales fueron una propuesta dentro de las mesas de trabajo y fueron considerados como la opción que ofrecía menor riesgo para la población, con el fin de restablecer el suministro de agua potable, siendo que este es un bien de primera necesidad, y su ausencia también genera riesgos sanitarios a la población", justificó el ministerio.

Salud compartió aclaró que el servicio de agua se reanudó el 3 de agosto ya que no detectaron concentraciones de Mancozeb ni de su metabolito ETU en los puntos finales de la cuenca, ni en los pozos de agua de consumo humano. Fotografía: Casa Presidencial/Julieth Méndez.

Aclararon que los límites actualmente establecidos que fijan un valor máximo admisible de 0,1 µg/L para plaguicidas y sus metabolitos en agua potable, se mantienen sin cambio. En la aclaración argumentaron que "la presencia de una sustancia química en el agua potable no implica automáticamente un riesgo para la salud; el riesgo depende de la concentración y del tiempo de exposición". 

Entre otras acciones realizadas posterior al derrame, Salud recomendó la destrucción de residuos peligrosos mediante un gestor autorizado. Además de observaciones al Plan de Monitoreo por parte de las empresas involucradas, en conjunto con la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía.

Por último ordenaron el seguimiento de las acciones de remediación por parte de las autoridades competentes.

El fungicida Mancozeb, figuró entre los agroquímicos con más productos registrados en territorio nacional según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De mayor a menor estos son el clorotalonil (con 983), el glifosato (con 892), y el mancozeb (con 839), los tres con antecedentes de peligrosidad para la salud humana y el ambiente.

Dicho estudio indicó que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tienen usos promedio de 2 kg de plaguicidas activo por hectárea de uso agropecuario al año, mientras que Costa Rica registró valores de 34.45 kg de ingrediente activo por hectárea por año.

Ese dato ha sido cuestionado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en su propio estudio 'Uso aparente de plaguicidas en Costa Rica, Período 2017-2023', elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) y el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE). En este afirman que en Costa Rica se utilizó aproximadamente 9.15 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (kg i.a./ha) en 2023.