Ante un desafortunado comunicado de prensa que circuló esta semana donde se desacredita el proyecto de ley 23.783, Regulación de Plaguicidas Altamente Peligrosos para la Salud y el Ambiente, propuesto por nuestro despacho, es importante aclarar:
Impacto documentado en la salud pública
Diversos estudios, tanto en el país como de los centros de investigación más reputados del mundo, han demostrado que la exposición a plaguicidas está asociada con problemas de salud graves como cáncer, enfermedades neurológicas y desórdenes endocrinos. Por ejemplo, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional de Costa Rica ha documentado casos de intoxicaciones agudas y crónicas en comunidades agrícolas de nuestro país.
Asimismo, en mayo del año pasado, una investigación llamada: “Zona norte de Cartago con alto uso de plaguicidas muestra aumento en incidencia de cáncer”; realizada por periodistas del medio SEMANARIO UNIVERSIDAD en Cipreses de Oreamuno expuso una relación muy significativa entre el alto uso de plaguicidas y el aumento en la incidencia de cáncer, Parkinson y linfoma no Hodgkin. En esta investigación se expone el Análisis de la Situación en Salud (ASIS) 2019-2020 del Área de Salud Oreamuno – Pacayas – Tierra Blanca, que cubre a la comunidad de Cipreses. El cual detalla como hallazgos en las condiciones de vida: Un “aumento de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y patologías de cáncer y tumores malignos” y un “alto uso de agroquímicos en el área de atracción”.
Además, en el año 2022, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se publicó la investigación denominada “Diagnóstico de Afectación a la Salud por uso de plaguicidas en Costa Rica” la cual detalló el panorama de las enfermedades reportadas en Costa Rica con el porcentaje de incidencia en personas relacionadas con el uso y manipulación de plaguicidas. Se cita textualmente en uno de sus hallazgos:
La situación general de las enfermedades reportadas en Costa Rica es:
- Tumor maligno de los bronquios y del pulmón; se reportaron entre 2012-2020 un total de 2406 casos, de los cuales un 8.35% corresponden a ocupaciones relacionadas con el uso y manipulación de plaguicidas.
- Linfoma no Hodking de otro tipo y el no especificado reportó entre 2012-2020 un total de 1837 casos, siendo la ocupación del 8.11% de las personas afectadas el uso y manipulación de plaguicidas.
- Leucemia linfoide reporta 2651 casos en el periodo antes mencionado, siendo la ocupación del 4.06% de las personas afectadas el uso y manipulación de plaguicidas.
- Leucemia mieloide reporta 1581 casos entre 2012-2020, siendo la ocupación del 7.27% de las personas afectadas el uso y manipulación de plaguicidas.
- Leucemia monocítica estimó 44 casos, siendo la ocupación del 11.36% de las personas afectadas el uso y manipulación de plaguicidas.
- Otras leucemias de tipo celular especificado reportaron 28 casos, siendo la ocupación del 3.57.% de las personas afectadas el uso y manipulación de plaguicidas
- Leucemia de células de tipo no especificado son 229 casos, siendo la ocupación del 7.42% de las personas afectadas el uso y manipulación de plaguicidas.
- Enfermedad de Parkinson reportó 425 casos, siendo la ocupación del 5.65% de las personas afectadas el uso y manipulación de plaguicidas.
Estos son apenas unos cuantos ejemplos de los múltiples informes bien documentados que existen dentro del análisis realizado por instituciones nacionales, organismos internacionales, ONG’s, periodistas y estudiantes universitarios en publicaciones de revistas científicas y tesis de grado, sobre el impacto de los agroquímicos en la salud pública costarricense.
Casos de contaminación en Costa Rica: investigaciones recientes han encontrado residuos de plaguicidas en fuentes de agua potable en comunidades de nuestro país, afectando la salud de sus habitantes. Por ejemplo, en la región de Los Santos, San Carlos y en Oreamuno de Cartago, se han reportado niveles elevados de plaguicidas en el agua, superando los límites permitidos y generando preocupaciones de salud pública.
La denuncia de contaminación por agroquímicos es constante, no solo afectando cuerpos de agua con repercusiones a largo plazo en la salud de las personas, sino afectando a otras actividades agroproductivas como la apicultura. El último envenenamiento masivo reportado según la Asociación Nacional de Apicultores, fue el pasado 16 de julio del 2024 en Puntarenas, en el que el apicultor afectado estima una pérdida aproximada a 25 millones de colones. Siendo la principal causa el manejo indiscriminado del agroquímico Fipronil en cultivos vecinos.
Estándares internacionales de seguridad: los supuestos especialistas que cita el comunicado objetan la normativa costarricense sobre el límite de plaguicidas en el agua potable, que está alineada con los estándares de la Unión Europea, considerados de los más estrictos a nivel mundial. Estos estándares están basados en rigurosos estudios científicos y epidemiológicos, y su adopción no es arbitraria, sino precautoria para proteger la salud pública de los costarricenses, que es el bien jurídico de mayor importancia en toda esta discusión.
Flexibilizar los estándares en la medición de la concentración de agroquímicos en agua contaminada, no solo generaría una gran incertidumbre en las poblaciones afectadas, sino que afectaría sensiblemente la trazabilidad en los análisis de zonas que están bajo estudio del Ministerio de Salud y del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA). Como es el caso en Oreamuno, donde tras meses de prohibición del Clorotalonil, por decreto presidencial después de una gran lucha de la comunidad, la permanencia de trazas en el agua advierte de un posible trasiego y una aplicación ilegal del químico; lo cual es un dato fundamental para futuras investigaciones de la fiscalía.
Recomendaciones de Organismos Internacionales: la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) tienen directrices claras y bien fundamentadas sobre los niveles seguros de plaguicidas en el agua, basadas en extensos estudios científicos y análisis de riesgos.
Distintas organizaciones internacionales con altos estándares de investigación como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la OMS, la OPS y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomiendan la reducción y eliminación progresiva de los plaguicidas más peligrosos para mitigar sus efectos negativos en la salud humana y el medio ambiente. En un estudio publicado en noviembre del 2003 en conjunto con la OPS y el Ministerio de Salud de Costa Rica denominado “Efectos de los plaguicidas en la salud y el ambiente en Costa Rica” se concluye lo siguiente:
Representa un reto especial para el estado costarricense, conseguir que los productores y comercializadores de plaguicidas se responsabilicen plenamente de los riesgos y efectos ocasionados por estas sustancias.
Para ello, se propone hacer efectiva la aplicación de tres principios:
- Principio precautorio, el cual cita que “Cuando subsisten dudas sobre la existencia o alcance de riesgos para la salud de las personas, las instituciones podrán adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y gravedad de tales riesgos”.
- Principio “el que contamina paga”, el cual estima que las personas o empresas tienen que responsabilizarse de los contaminantes que producen o utilizan.
- Principio “de la cuna a la tumba”, el cual señala que los fabricantes deben responsabilizarse de los costos del control integral de sus productos, desde su origen hasta su disposición final.
Casos de éxito en regulaciones estrictas: Países como Dinamarca y Suecia han implementado regulaciones estrictas sobre plaguicidas, logrando una reducción significativa en los niveles de contaminación del agua y mejorando la salud pública sin afectar negativamente la productividad agrícola. Conciliar los intereses de la industria con los de la salud es posible, lo que no es aceptable es que prevalezcan los intereses de las casas comerciales por encima de la salud pública de los costarricenses.
Apoyo de la comunidad científica local: Instituciones como la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han realizado estudios que respaldan la necesidad de una regulación más estricta de los plaguicidas para proteger la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, escuelas de agronegocios y laboratorios de biotecnología de las distintas casas universitarias generan avances importantes en el desarrollo de bioplaguicidas y mejores técnicas de control biológico.
Responsabilidad con las generaciones futuras: la regulación de plaguicidas no solo protege la salud de las generaciones actuales, sino que también es una medida responsable hacia las futuras generaciones, asegurando un ambiente menos contaminado y más saludable.
Irresponsabilidad y riesgo criminal: afirmar que no hay pruebas de la afectación directa a la salud de las personas por el uso excesivo de plaguicidas es una irresponsabilidad que raya en lo criminal. Ignorar la evidencia científica y los estudios documentados que demuestran los efectos nocivos de estos productos no solo es engañoso, sino que pone en riesgo la salud y la vida de miles de personas. Este tipo de negacionismo es inaceptable y debe ser confrontado con hechos y datos científicos contundentes que están incluidos en la exposición de motivos del proyecto de ley que presentamos.
El comunicado de la llamada Alianza para la Sostenibilidad Agrícola (ASA) presenta serios conflictos de interés; ya que el señor Roberto Cordero, asesor legal mencionado, es un conocido abogado vinculado con la industria piñera, caracterizada por su uso intensivo de plaguicidas.
Asimismo, la afirmación realizada por el representante del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), el señor Greivin Pérez, es desafortunada al desacreditar totalmente el proyecto de ley ignorando las investigaciones antes mencionadas.
Lamentablemente el señor Pérez hace un flaco favor a la investidura del CICA y de la UCR al figurar en un mismo comunicado donde se desacredita la labor de la fiscalía ambiental al afirmarse algo tan irreal como:
Hoy en día no tenemos ni un solo caso ni en el tribunal ambiental ni en la fiscalía ambiental de condenatoria por contaminación de agua por uso de plaguicidas.”
Esto contradice totalmente el trabajo imparcial que realizó el propio CICA entre los años 2015 y 2017 que evidenció contaminación con Bromacil en acueductos de Río Cuarto de Alajuela y que fue fundamental para que la Sala Constitucional condenara al Estado por su inacción ante una cuestionada piñera.
Lamentablemente, la influencia de las grandes corporaciones productoras y comercializadoras de productos tóxicos y agroquímicos es poderosa. Influenciando incluso a la Cámara de Agricultura para aparecer en foros que deberían ser más objetivos, técnicos y apegados a la problemática nacional.
Como es evidente en su comunicado, este conglomerado hará el ruido que sea necesario con tal de que no se vean afectados sus intereses, aunque esto implique seguir envenenando a la población agricultora costarricense.
El proyecto de ley aún está en construcción
El expediente 23.783, Regulación de Plaguicidas Altamente Peligrosos para la Salud y el Ambiente, recién comenzará su paso por la Comisión de Ambiente en el próximo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. En este proceso se convocarán a audiencias a los distintos grupos de representantes del sector agrícola, así como a especialistas técnicos y científicos para escuchar sus argumentos y de ser necesario ajustar el texto que plantea el proyecto de ley.
No es justo que de manera tan mal intencionada se desacredite y mal informe a la población sobre una propuesta que ni siquiera ha sido convocada para su discusión. Como es usual en estos grupos, lejos de dialogar prefieren el ataque y el engaño.
Costa Rica tiene más de 20 años de rezago en materia de registro de nuevas moléculas y la cámara en lugar de apoyar con alternativas para mejorar se presta al juego de las casas comerciales. Este proyecto no solo busca prohibir, también establece métodos para registro de nuevas moléculas, incentivos para la agricultura sostenible e impulso para la producción de plaguicidas biológicos.
Abrimos las puertas al diálogo, más no estaremos de acuerdo con sacrificar los intereses de los costarricenses por el de unos pocos. Ante estos ataques, seguiremos adelante con la convicción de hacer lo mejor para Costa Rica.
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