Organización añadió que, a pesar de oponerse al texto propuesta, “renunciar a un proceso que depure y mejore nuestro modelo de control sería un error”.

La organización Costa Rica Íntegra (CRI) emitió un pronunciamiento oponiéndose al proyecto de ley Jaguar (expediente 24.364) que el Poder Ejecutivo pretende llevar a referendo. Desde CRI señalaron que su posición la tomaron tras cinco consideraciones y valoraciones.

La primer consideración señalada es que “la corrupción no es solo cosa del pasado, está presente y es creciente, el momento amerita fortalecer los controles”, por lo cual valoraron que “frente a los peligros de cooptación del crimen organizado y la alta incidencia de actos de corrupción en la contratación pública, no se deben debilitar la normativa ni la institucionalidad de control y supervisión de la gestión pública”.

La segunda consideración que analizaron es que “la contratación pública, en especial de obra pública, es un área altamente vulnerable a la corrupción que amerita una fiscalización robusta desde entes técnicos y ciudadanía”.

Ante esto, la organización valoró que “el riesgo de corrupción aumenta al introducirse mayores áreas de opacidad en cuanto a la selección de proveedores, arrendatarios, alianzas estratégicas, entre otras decisiones discrecionales, en un país que en los últimos años está retrocediendo sistemáticamente en las mediciones de transparencia, anticorrupción, en el derecho humano de acceso a la información y la libertad de prensa”.

Como tercera consideración se tuvo que “el diseño del Estado costarricense tiene controles que se complementan y refuerzan entre sí, cualquier cambio afecta la distribución de pesos y contrapesos y afectará la detección de las irregularidades”, concluyendo que:

Se deben proteger la independencia, la integridad y las competencias previas y posteriores de fiscalización de la Contraloría General de la República, como garante en nuestro Estado Democrático de Derecho, de la protección del dinero público y de los procedimientos de control, vigilancia y transparencia en beneficio del conjunto de la ciudadanía”.

Además, señalaron en su valoración que “la reducción de la fiscalización preventiva por parte de la CGR, las auditorias, control interno y capacidad de denuncia y sanción pueden permitir que decisiones administrativas se tomen sin una supervisión adecuada. La falta de supervisión preventiva aumenta el riesgo de que se tomen decisiones administrativas de manera opaca, facilitando prácticas corruptas y la malversación de fondos públicos. La detección tardía de irregularidades limita la capacidad de corregir errores y sancionar a los responsables”.

La cuarta consideración fue que la Contraloría “es un control efectivo de los fondos públicos, con áreas de mejora, pero su debilitamiento no contribuye en nada al desarrollo nacional”, y agregaron que la Contraloría “debe revisar sus procedimientos de fiscalización de la gestión pública para hacerlos más expeditos y sensibles a las necesidades de la población. La apertura de la discusión sobre el modelo de control se debe aprovechar para identificar técnicamente y co-crear soluciones para esas áreas de mejora, incluyendo una efectiva participación ciudadana”.

Finalmente, la última consideración fue que “el cumplimiento de distintos compromisos del país y los estándares internacionales apuntan hacia el fortalecimiento de la autonomía y las capacidades de los órganos de control”.

Sobre ese tema, valoraron que “varios principios constitucionales clave, compromisos de convenios internacionales anticorrupción y estándares internacionales OECD, y objetivos de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción se ven violentados por la posibilidad de contratos abusivos a largo plazo, el aumento de discrecionalidad y falta de regulación que se pretende para la adquisición de bienes y uso de inmuebles”.

La organización concluyó:

En un proyecto complejo, enfocamos nuestras valoraciones iniciales en la oportunidad de detectar y sancionar la corrupción para no apoyarlo. Aún así, concluimos que renunciar a un proceso que depure y mejore nuestro modelo de control sería un error, por el contrario, podría aprovecharse para una mejora significativa en la cultura de transparencia, probidad y participación ciudadana”.

El tramite del Poder Ejecutivo de llevar a referendo el proyecto de Ley Jaguar se encuentra suspendido tanto por la vía de iniciativa ciudadana, como por medio de la Asamblea Legislativa, debido a la consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones y que se espera sea evacuada por la Sala Constitucional el próximo 29 de julio, mientras que, la consulta presentada desde la Asamblea Legislativa y otra desde la Contraloría General de la República no se han anunciado si fueron o no admitidas a estudio.

Lea el pronunciamiento completo de Costa Rica Íntegra en este enlace.