Documento fue remitido este 4 de julio.
La Contraloría General de la República (CGR) presentó ayer una consulta de constitucionalidad ante la Sala Constitucional sobre el proyecto de Ley Jaguar que se pretende llevar a referéndum por iniciativa ciudadana, y que se suma a la consulta presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) días atrás.
Según informó el ente auxiliar del congreso en un comunicado, la institución está solicitando un análisis integral de la constitucionalidad de las reformas propuestas, advirtiendo que estas reducen el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violan principios y derechos constitucionales, y alteran la distribución de competencias establecidas por el legislador constituyente a la Contraloría.
El proyecto de Ley Jaguar, que también el Poder Ejecutivo solicitó llevar a referéndum mediante la vía mancomunada con el congreso, propone modificaciones a varios artículos de la Ley General de Control Interno y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que, de acuerdo con la institución, eliminarían controles previos esenciales, como la aprobación presupuestaria de municipalidades, el refrendo de contratos, y debilitarían el control de eficiencia y legalidad en el manejo de fondos públicos.
Además, la Contraloría argumentó que las reformas suprimirían la posibilidad de adoptar medidas cautelares durante investigaciones, afectando la protección adecuada de los recursos públicos; y que las modificaciones propuestas no solo violan su independencia, sino que también deterioran la calidad de los insumos que provee a la Asamblea Legislativa para ejercer control político, y contradicen la jurisprudencia de la Sala Constitucional dada en la sentencia 1998-998.
En cuanto a las reformas al artículo 67 de la Ley de Contratación Administrativa y al numeral 5 bis de la Ley de Japdeva que el Poder Ejecutivo ha dicho son necesarias para la construcción de Ciudad Gobierno y de la Terminal de Cruceros y Marina de Limón, la CGR señaló que permitirían la selección directa de contratistas o aliados estratégicos, lo que podría fomentar la corrupción y la desviación de poder en la función pública.
Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la república, afirmó:
Es nuestra responsabilidad histórica accionar los mecanismos y procesos pertinentes en defensa de nuestro modelo democrático y de nuestra Constitución Política, que tantos beneficios le ha procurado a muchas generaciones de costarricenses".
La consulta se tramitará bajo el expediente judicial 24-018167-0007-CO.
El artículo 96 inciso c) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habilita a la Contraloría General de la República a presentar consultas de constitucionalidad sobre proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, en cuya tramitación, contenido o efectos se estimen como indebidamente ignorados, interpretados o aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional.
