La editorial del 4 de diciembre del periódico La Nación plantea varias dudas sobre la propuesta que varios partidos políticos han presentado en esta campaña electoral, dirigida a reubicar institucionalmente a la Sala Constitucional fuera del Poder Judicial. Los puntos que se hacen en dicha editorial pueden reforzarse con lo señalado por el constitucionalista Víctor Orozco en su texto “Sobre la edificación de un Tribunal Constitucional como órgano independiente: un comentario crítico”.
Estas dudas pueden sintetizarse en dos señalamientos.
El primero es que la propuesta no aborda el problema del exceso de casos, en especial recursos de amparo, que recibe la Sala Constitucional, fenómeno que se ha agravado desde hace años. Según la editorial, la reforma no enfrentaría este problema, que sería el asunto genuino “de fondo” que afecta a dicho órgano.
El segundo es que, dado el contexto político actual, resulta peligroso impulsar una reforma de este tipo, pues podría diseñarse de modo que socave, y no proteja, la independencia del órgano en cuestión. A juicio de la editorial, es riesgoso someter este tema a la Asamblea Legislativa en un momento marcado por el avance de un movimiento populista con rasgos autoritarios, como es el chavista, que incluso habla de hacer “una limpia en el Poder Judicial”.
Uno de los partidos que sostiene dicha propuesta es el Frente Amplio (FA). Dado que he trabajado en su Plan de Gobierno y Legislación (en adelante, ‘el Plan’) justamente en este respecto, me interesa salir al paso de las importantes dudas que se han presentado. Los apuntamientos que presento a continuación, sin embargo, son a título personal.
¿Qué decir ante estas dudas y críticas?
Lo primero: cuando se extraen frases puntuales de un mensaje que, por su naturaleza, es unitario, se corre el riesgo de distorsionarlo. En el Plan efectivamente se propone convertir la Sala Constitucional en un Tribunal Constitucional autónomo del Poder Judicial. Esa propuesta aparece bajo el subtítulo “Reforma a la Sala Constitucional”, que incluye dos medidas.
La primera tiene como objetivo abordar el problema del exceso de casos que aqueja a la Sala. Para ello se plantea la creación de tribunales de garantía, dedicados a resolver recursos de amparo y de hábeas corpus. La Sala Constitucional se convertiría así en una instancia superior de revisión de las decisiones de esos tribunales. Ello tendería a disminuir la cantidad de casos que tendría que resolver, facilitándole concentrarse en el desarrollo de jurisprudencia constitucional y en la resolución cuidadosa de las delicadas acciones de inconstitucionalidad. Esta propuesta va en la misma línea que la que señala Orozco y la persona editorialista de la Nación en sus propios escritos.
La segunda medida, bajo el mismo subtítulo, consiste en reubicar la Sala Constitucional como órgano autónomo del Poder Judicial, estableciendo como condición necesaria la preservación de su esencial independencia frente a los demás poderes de la República y, en particular, un régimen administrativo y presupuestario propio. En otras palabras: el compromiso que se establece en el Plan del FA es que dicha reforma solo avanzaría bajo estos términos mínimos, garantizando de manera explícita la independencia del futuro Tribunal Constitucional frente a presiones políticas indebidas. Después de todo, lo que busca esta propuesta es acercar más a ese tribunal al ideal de independencia judicial, no alejarlo.
De forma que las preocupaciones formuladas en la editorial ya están contempladas en la propuesta del Frente Amplio.
En segundo lugar, la editorial plantea otra preocupación de fondo que vale la pena considerar: si acaso no es demasiado arriesgado siquiera proponer una reforma como esta en el contexto político actual y dado el órgano que tendría que tramitarla (la Asamblea Legislativa).
El FA es un partido democrático y respetuoso del orden constitucional: así lo consigna en el primero de sus principios ideológicos y así lo ha demostrado en su práctica política. Todas las propuestas de reforma de la “sala de máquinas” (al decir de Gargarella) del poder que el Plan presenta buscan la realización más plena de una República democrática. Lo mismo vale para la reforma aquí discutida.
Por ello, si las condiciones políticas de la próxima legislatura llevaran a concluir que existe algún riesgo para la independencia judicial de un órgano central de nuestra democracia, como la Sala Constitucional, cabe esperar que la nueva fracción del FA actúe como escudo contra cualquier intento de retroceso. Ya lo ha sido en ocasiones previas frente a iniciativas de los partidos tradicionales (PLN, PUSC, PAC) o del chavismo criollo, que han intentado socavar las instituciones y valores fundamentales de la democracia.
Sin embargo, la existencia de ese riesgo no puede llevarnos a ignorar una realidad: para cumplir sus altos ideales, nuestra República democrática requiere reformas que la protejan de quienes buscan debilitarla. Hoy, como ayer, las principales amenazas a la República democrática son el poder fáctico del dinero (que corrompe la vida pública y las instituciones) y el populismo autoritario, que deforma y coopta los espacios del pluralismo democrático y del Estado de derecho.
Esta propuesta de reforma de la Sala Constitucional se inscribe en ese horizonte: el de fortalecer los contrapesos y desconcentrar el poder, así como hacer más eficaz la protección judicial de los derechos fundamentales. El objetivo con ello es proteger y realizar los altos ideales republicanos y democráticos, que son los únicos legítimos para el orden constitucional de Costa Rica.
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