- El Informe Anual de Situación Nacional del Delito de Femicidios 2020 fue presentado ayer en la Asamblea Legislativa.
- Foro discutió los retos legislativos y de política pública que enfrenta el país en el tema.
El día de ayer, el Salón de Ex jefes de Estado, presidentes y presidenta de la República, en la Asamblea Legislativa, fue el escenario en el que el Grupo de familias sobrevivientes al feminicidio, el Colectivo para el Acceso a la Justicia para las Mujeres y la Red Feminista contra la Violencia hacia las mujeres, en compañía del despacho de la diputada liberacionista Monserrat Ruiz Guevara, presentaron el Informe Anual de Situación Nacional del Delito de Femicidios 2020, un documento que realiza autopsias psicosociales sobre los femicidios que afrontó el país en ese año.
El informe es un proyecto realizado mediante la aplicación de la Estrategia ILAFEM (Informes Locales de Análisis de Femicidios) que fue ejecutado por la red mediante un acuerdo de subvención entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su programa Infosegura, y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
El propósito de la subvención fue la formular recomendaciones para la institucionalización de la metodología ILAFEM en el país, la cual fue creada por el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el INAMU para la generación de autopsias psicosociales sobre los femicidios ocurridos en el año 2020.
Autopsia psicosocial de un femicidio
Según señala el informe, la autopsia psicosocial es una "herramienta para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género".
En este sentido, la estrategia aborda el femicidio "como una problemática social compleja, en la cual confluyen diversidad de factores asociados a la esfera íntima y relacional de la víctima, pero también factores de tipo macrosocial y comunitario que lo posibilitan":
La producción de conocimiento en cada caso tiene en cuenta el modelo ecológico de análisis de la violencia avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que integra todos los ámbitos de proyección, contexto y socialización de las víctimas, desde una visión integral. De esta forma se lograron rastrear factores de riesgo, condiciones diversas de vulnerabilidad y elementos precipitantes del delito, caracterizar las dinámicas de la violencia y escenarios en los cuales estos se producen, incluyendo la forma en que lo viven las personas informantes y las fuentes a las que se tenga acceso".
En este sentido, el documento implementó esta metodología en los 28 casos de femicidios identificados en Costa Rica en el año 2020, al tiempo que dio conclusiones y recomendaciones específicas para cada caso.
El estudio se realizó entre junio 2022 y octubre 2023 e incluye un resumen de los principales hallazgos y de los desafíos encontrados en el proceso.
A su vez, el documento presenta estos resultados en tres secciones: el informe síntesis nacional sobre los femicidios del 2020; un documento que realiza un análisis jurídico sobre el acceso a la justicia de las mujeres en el país y que revela las falencias que existen en esta materia; y un último documento llamado "Reporteando Femicidios", que trata el abordaje de los femicidios en los medios de comunicación durante el 2020.
Así lo indicó la investigadora parte del proyecto, Ana Hidalgo Solís, en una entrevista concedida el pasado 17 de julio a Delfino.cr en la que señaló que las recomendaciones de la investigación están planteadas para el ámbito local, reconociendo todos los aspectos diferenciadores que existen entre los diferentes casos registrados, según el contexto en el que la situación se presentó.
Según señaló Hidalgo:
El informe de cada uno de los 28 femicidios es una autopsia social que busca darle un insumo a las instituciones para que vean cuáles son los elementos de política pública que se deben implementar, específicos para cada comunidad. Por ejemplo, en relación con el doble femicidio de Fernanda y Rashia que sucedió en León Cortés, la realidad que nosotros encontramos es muy diferente a la que podemos encontrar en Alajuela. En León Cortés nos dimos cuenta, por ejemplo, de que hay una cultura de impunidad, de tolerancia, de miedo en relación con el abuso sexual y las relaciones impropias que es impresionante. Ahí nadie habla de eso a pesar de que es una cosa absolutamente común y este doble femicidio tiene que ver con una historia de abuso sexual y con una historia de relaciones impropias, las dos, porque a la mamá de Raisha este hombre, un depredador sexual, la captó cuando era una muchachita de 14 años. Por eso las recomendaciones para León Cortés son muy diferentes de las recomendaciones para Desamparados donde la realidad es otra".
Otro de los casos que documentaron fue el de Justina Galo Urtrecho, una adulta mayor que vivía en el Barrio Martina Bustos, a las afueras de Liberia y en la que el informe entendió la realidad que viven las alrededor de 600 familias, el 80% de ellas en condición migratoria irregular, que se mueven allí.
Según indicó Hidalgo, la investigación permitió identificar que "este es el femicidio de una mujer que además cumple con un montón de características de interseccionalidad porque vive en un sistema de pobreza, es adulta mayor y migrante irregular":
Cuando hicimos la investigación en la comunidad nos dimos cuenta de que en ese barrio habían habido, en los últimos dos años, dos femicidios y que nadie los tenía registrados. Luego fuimos a hablar con la policía y lo que nos dijeron es que '¡Ah sí, es que este es un barrio muy violento!'. Por eso esta investigación tardó casi los dos años, porque literalmente tuvimos que ir a buscar la información debajo de las piedras: en el femicidio de Justina sabíamos cómo se llamaba la señora, sabíamos cuál era el barrio, pero aparte de eso nada más. Yo recuerdo que para este caso tuve que llamar a los colegas de La Voz de Guanacaste porque ellos sacaron una nota y ahí pedir alguna información para localizar a otra señora que era la sobrina, que vive en Nicaragua, pero que fue la que nos pudo decir donde era que ella creía que vivía la víctima para llegar ahí después a tocar puertas... y así fue en prácticamente todos los casos".
Otra muerte investigada fue la de una mujer en condición de violencia sexual en calle en cuyo caso, al conversar con la familia, se identificó al esposo como una persona agresora y alcohólica, parte de un ambiente donde los hijos de la pareja no eran solo testigos de la violencia, si no también víctimas directos de ella pues eran presa de explotación laboral desde que tenían cuatro años:
Así construís toda esta historia de vulnerabilidades que son las que te permiten entender la historia de la mujer que termina en calle por una situación de alcohol y termina víctima de un femicidio. Todas estas son las cosas que alimentan el informe y los hallazgos de este", señaló Hidalgo.
Los hallazgos también hablan de la relación de la violencia con la pobreza, con la exclusión y con el crimen organizado, entre otros factores.
Las investigadoras, además, realizaron la investigación a partir de acompañamiento y cobertura de los procesos de juicio, con el objetivo de explicar quiénes eran estas mujeres víctimas, más allá de "solamente una estadística".
Este fue el caso de la investigación sobre el crimen de la doctora María Luisa Cedeño y de la herediana María Tacsan, con quienes se realizó un recuento de la realidad que vivían las mujeres víctimas y de los factores que influyeron en cada uno de sus casos.
Según indicó la investigadora:
La investigación lo que pretende es hacer una autopsia: quiénes eran estas mujeres, con una semblanza que nos permitiera identificar que María era una mujer a la que le encantaba la vida, que nadaba a aguas abiertas, que era una mujer que tenía sueños y no solamente una estadística".
Durante la presentación se brindó un minuto de silencio por las victimas de feminicidio en el país.
Problema enorme: transversal a todos los problemas del país
Cada una de las 28 autopsias realizadas incluye recomendaciones específicas para ser analizadas en el nivel local y regional pero, a nivel general, el informe realiza una serie de solicitudes nacionales de carácter político que, señala Hidalgo, van dirigidas a las instancias que formulan la política pública en materia de violencia contra la mujer.
Entre ellas destacan el garantizar la institucionalización de la estrategia ILAFEM como mecanismo de producción de información y prevención del femicidio; el fortalecimiento de la detección temprana y la valoración de riesgos en los casos de violencia contra la mujer; y, además, el actuar sobre los factores estructurales de este mal, entre los que se incluyen los programas de seguridad ciudadana y de seguridad pública.
El informe también solicita garantizar la prestación de servicios de calidad en materia de violencia contra la mujer en todo el país, a partir de acciones de supervisión y seguimiento.
Según indicó Hidalgo en la entrevista sostenida con este medio:
Nosotros confirmamos de aunque este país ha avanzado mucho en las políticas públicas a nivel de la institucionalidad, nos dimos cuenta que la respuesta institucional es un arcoíris, donde hay desde buenas prácticas hasta prácticas fatales".
En este sentido, la experta puso como ejemplo al Ministerio Público aunque señaló que "te podría decir igual de la Policía o a cualquier otra institución de este país":
Hay dos puertas del Ministerio Público: una donde vos evidenciás una investigación acusiosa con enfoque de género que permite dar cuenta de los femicidios y poder acusar y garantizar que ese crimen no quede impune y eso es porque existen protocolos para investigar las situaciones de violencia contra las mujeres; sin embargo, y cuando nos vamos más para allá, nos damos cuenta de que también hay funcionarios y fiscales que tienen una respuesta atroz. Lo que hace falta es que haya un mayor seguimiento y que hayan consecuencias para que los parámetros y los protocolos que existen para la intervención de la violencia contra las mujeres, incluyendo el femicidio, se cumplan".
A su vez, Hidalgo agregó que:
No es posible que vos tengas un fiscal o un policía al que, probablemente dentro de su mente sea un machista, le interese más investigar otra cosa y esto no le importe. Tu caso no puede depender ni de la cultura de una oficina de Fiscalía ni de la forma de ver el mundo de un funcionario. Tienen que haber normas de calidad que garanticen el cumplimiento de los protocolos para garantizar una buena respuesta y que aquel funcionario o funcionaria que no lo haga tiene que tener consecuencias".
Las recomendaciones también piden ver la complejidad de estos casos en situaciones como sicariato o drogadicción; que se dé atención especializada, protección, representación y reparación a familias y entornos víctimas de este crimen; y que se aumente la inversión pública en servicios y programas institucionales de atención y prevención de la violencia contra la mujer a nivel nacional.
Ana Helena Chacón, Gloria Navas, Rocío Alfaro, Milena Grillo y Oscar Morera participaron del evento de presentación en la Asamblea Legislativa.
Según señaló Hidalgo, la inversión social en este tema, que abarca servicios de atención, acciones de prevención y demás, "está estancada por no decir que prácticamente no existe":
Los espacios de atención para las mujeres en este momento se están desbaratando por recortes presupuestarios. En el Estado la inversión no existe. Así como hay que exigir mejor calidad en la respuesta, esa respuesta hay que acompañarla de una mayor inversión. Si no hay inversión, si las municipalidades no invierten y dejan de cerrar las oficinas municipales de la Mujer, nosotros vamos a tener todavía menos espacios de atención. Si no se invierte no vamos a tener la posibilidad de que la respuesta sea mejor".
Para ejemplificar la experta agregó que:
Las reducciones de la inversión no son cosa de este gobierno únicamente: hace varios años se dejó de invertir y eso se ve cuando le pedís al Ministerio Público que tenga mejores respuestas pero, efectivamente, tienen a fiscales con 500 casos cada uno".
El informe también pide que se refuercen los programas de prevención primaria, detección temprana y prevención de la violencia de género porque, señaló Hidalgo, estos "dejaron de existir en esta administración, aunque desde antes no tenían suficiente inversión":
Todos los programas que la política nacional tiene en materia de trabajo con hombres, con niños y mujeres, con el trabajo en el cambio cultural, todo lo que es prevenir la violencia y lo que ocurra en el Ministerio de Educación Pública con las políticas de sexualidad, las políticas de igualdad de género y las políticas de masculinidad con estudiantes, eso ya no existe. Dejaron de existir en esta administración aunque desde antes no tenían suficiente inversión".
Por todo lo anterior, la investigadora asegura que el principal fallo en política pública del país en los últimos 20 años ha sido el de no poder "garantizarle a las mujeres que, junto a las leyes que aprobamos, se entienda que la violencia contra las mujeres tiene una materialidad" pues, señala, el país sigue viendo estos hechos como casos aislados o que se atienden en fracciones y no como un problema complejo que requiere de una labor conjunta y organizada:
Muchas mujeres, una importante cantidad, no puede salir de la violencia porque no tienen empleo, porque no tienen casa, porque las asistencias que lograban que se hicieran son bíblicas y porque la mujer víctima de violencia tiene que estar con el techo cayéndosele encima y muriéndose de hambre para que le den una ayuda que dura para un mes o dos. Esa mujer termina en una situación de tener que volver a la relación violenta con su pareja y a que se renueve el ciclo de la violencia. Ahí también está todo el tema de la pobreza y la exclusión que es determinante atender para poder cambiar las cosas de manera sustantiva para la vida de muchísimas mujeres".
En este sentido, el informe también pide entender la vulnerabilidad a la que se exponen las mujeres con temas como embarazos adolescentes y relaciones impropias pues esos factores tienen una relación muy directa con el femicidio "porque cuando reconstruimos la historia de varias de estas personas, encontramos una relación directa entre relaciones violentas que terminaron en femicidio, con mujeres que no tuvieron ninguna opción a lo largo de su ciclo de vida de salir de esas relaciones violentas".
La presentación se dio este 30 de julio en la Asamblea Legislativa.
La violencia contra la mujer, concluyó Hidalgo, es un problema "transversal a todos los otros problemas del país" y debe verse de esa manera:
Este es un problema enorme, transversal a todos los otros problemas del país. No se trata de fraccionar o de separar los problemas porque la realidad es que eso no es así: a la violencia contra las mujeres hay que entenderla como transversal a la igualdad. No es que yo tenga una política para la igualdad aquí y otra cosa para la violencia allá: nosotros lo que vemos y comprobamos todos los días es que la violencia en el trabajo, el acoso sexual en calle y la violencia en la casa, todo viene del mismo lugar".
Finalmente agregó que:
La gente cree que cuando uno habla de violencia contra las mujeres estamos hablando solamente de la violencia en las relaciones de pareja y eso no es cierto. Es la misma lógica de la misma violencia que todas las mujeres vivimos en cualquiera de nuestros espacios y comprender esto también es comprender por qué la violencia es estructural a nuestra sociedad y a eso que llamamos patriarcado y que mucha gente no entiende. Si alguien quiere sentarse a hablar seriamente sobre cómo reducir los femicidios, tenemos que sentarnos a hablar de todas esas cosas que hablamos en ese informe: de la pobreza, de la exclusión, del crimen organizado, de la política de seguridad que no está diferenciada para las mujeres y de todos los problemas país que las afectan diferenciadamente a ellas".
El informe ya es público y los interesados en leerlo con más detalle, pueden ingresar aquí o descargarlo completo en este link.
