Diputada denunció que altos mandos de la cooperativa ocuparon cargos en el Banco Popular, una de las acreedoras.

La diputada frenteamplista, Sofía Guillén Pérez denunció este lunes la existencia de "puertas giratorias" y conflictos de interés en medio de la crisis que envuelve a CS Ahorro y Crédito (más conocida como Coopeservidores).

En su intervención en el espacio de control político la legisladora llamó la atención del resto de la asamblea sobre el factor común que tiene "prácticamente cualquier caso de manejo negligente de una institución o de una intermediaria financiera"..

Guillén explicó en términos simples que la crisis de Coopeservidores se había originado porque la cooperativa decidió, después de la pandemia, reclasificar plazos de moratoria de créditos de forma automática, sin adecuar las condiciones del 19% de los recursos que había prestado.

¿Cuántas pérdidas? A finales de marzo del 2024 de este año ya se alcanzaba una suma de 5121 millones de colones en pérdidas y para abril ya habían sufrido pérdidas de hasta 15 mil millones de colones".

La legisladora recordó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Supervisión de Sistema Financiero (Conassif), la razón para haber intervenido la cooperativa era "la negligencia y el manejo irregular y riesgoso de los órganos de dirección y de alta administración de la cooperativa [que] permitieron el ocultamiento de información financiera real al supervisor, a sus asociados, a los ahorrantes y a los inversionistas".

Al revisar quiénes integraban la alta gerencia de la cooperativa, continuó la legisladora, identificó un caso de "puertas giratorias", un concepto que hace referencia al movimiento de personas entre posiciones de influencia en el sector público y el sector privado, y viceversa.

"Resulta que uno empieza a sacar cuentas y al gerente general al que Coopeservidores acaba de despedir sin responsabilidad patronal, ese gerente general que tomaba decisiones dentro de Coopeservidores, al mismo tiempo formaba parte de la alta dirección del Banco Popular, que es uno de los acreedores de Coopeservidores y que en abril de este año había decidido comprarle una gran parte de la cartera de crédito a Coopeservidores. Uno dice: "¿Cómo? Usted era juez y parte. Usted estaba en Coopeervidores mientras había una crisis caótica y al mismo tiempo usted estaba en el banco que era parte de los acreedores de la institución de la que usted es gerente general y que pretendía comprarle la cartera de crédito". Y no es un caso aislado", dijo la diputada.

Además del caso del gerente general, Guillén mencionó el nombre de Fernando Faith Bonilla, quien era presidente de la cooperativa y entre 2014 y 2016 ocupó un cargo de director en el Consejo de Administración. Según su perfil de LinkedIn, Faith fue presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular de setiembre de 2018 a julio de 2022, y presidente de la Junta Directiva de Popular Pensiones de noviembre de 2018 a diciembre de 2021.

Asimismo la legisladora mencionó a Olga Tossi Vega, quien fungía como directora del Consejo de Coopeservidores hasta la fecha de la intervención, y había sido directora de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión entre 2020 y 2021, según un informe corporativo.

"¿A ustedes no les parece peculiar que cada cierto tiempo tengamos que lidiar con algún caos en alguna intermediaria financiera o inversionista, que tengamos que pasar ahora por Coopeservidores, que en su momento se tuvo que pasar por casos como Aldesa, que se tuvo que pasar por casos como Asebanacio, cada uno desde diferente (...) Pero en todos hay un común denominador, puertas giratorias, conflictos de interés, personas que están en dos entidades que tienen intereses contrapuestos y que no deberían estar tomando esas decisiones", dijo la diputada.

Guillén finalizó su discurso cuestionando que dado que Conassif "ya está haciendo su parte", qué iba a hacer el congreso al respecto.

Yo les insto a que revisen el expediente 24111 sobre puertas giratorias. Avancemos en eso de una vez por todas, no esperemos más casos. Compañeros del gobierno, convóquenlo. No esperemos más casos como este.

El proyecto de ley en cuestión busca implementar "periodos de enfriamiento" después de dejar un cargo público, tal y como se ha implementado en países de la OCDE tales como Alemania, Francia, México, Noruega y Hungría con plazos que van de 1 a 10 años; Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos y Letonia con plazos de 1 a 2 años, Portugal, Italia, España y Japón con plazos de 1 a 3 años.

Según la propuesta, las personas que sean altas exfuncionarias públicas, durante los tres años siguientes a la fecha en que dejen el cargo, no podrán laborar en, ni prestar servicios a, entidades privadas que estuvieren dentro del ámbito de competencias, supervisión, regulación o funciones del cargo público que ocupaban, o fueren destinatarias de sus decisiones, incluyendo actividades de lobby.

El proyecto está delegado para su estudio en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso, sin embargo, no ha sido convocado a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo.