El presente proyecto de ley busca fortalecer la autonomía en la toma de decisiones de las personas funcionarias públicas, especialmente de aquellas personas que ocupan altos puestos de jerarquía en el sector público costarricense. Además, busca equilibrar la influencia que los distintos actores de la sociedad civil ejercen sobre las personas tomadoras de decisiones. Todo lo anterior, con el fin de evitar conflictos de interés y los riesgos que traen consigo aquellos escenarios de captura de la decisión pública, en la cual algunos grupos de poder económico logran tomar control de los procesos de formulación de políticas públicas, legislación, normas o regulaciones para la consecución de beneficios privados.