Bancada buscará consensuar con el resto de bancadas una consulta unificada ante la Sala IV.
La bancada del Partido Liberal Progresista (PLP) anunció este martes que impulsarán llevar a consulta legislativa de constitucionalidad el proyecto de Ley Jaguar que el Poder Ejecutivo solicitó sea llevado a referéndum mediante una convocatoria con la Asamblea Legislativa.
Así lo anunció esta tarde el presidente de la agrupación liberal, Eliecer Feinzaig Mintz en un vídeo enviado a la prensa donde aparece junto al resto de la bancada legislativa.
El líder del PLP enfatizó la importancia de garantizar que los artículos del proyecto de referéndum estén alineados con la Constitución Política y señaló que varios expertos han advertido sobre posibles incongruencias constitucionales en el proyecto actual. "Lo responsable es consultarlo para ir a la segura", declaró Feinzaig.
El referéndum propuesto, recordó Feinzaig, implicaría un costo aproximado de 3500 millones de colones, por lo que ante esa cifra significativa, los diputados del PLP argumentaron que es esencial contar con un dictamen de la Sala Constitucional para evitar malgastar los recursos públicos en un proceso potencialmente viciado desde su origen.
El PLP expresó su apoyo al uso del referéndum como una herramienta democrática vital. Sin embargo, recalcaron que debe utilizarse con prudencia y responsabilidad, asegurando que los fundamentos legales del proyecto sean sólidos. "Este es un acto de responsabilidad y cuidado del tiempo y de los recursos de los contribuyentes", reiteró Feinzaig.
La Asamblea Legislativa aprobó el lunes suspender hasta el martes 25 de junio el conocimiento en plenario de la solicitud de llevar a referéndum la Ley Jaguar, a la espera de que el presidente legislativo, Rodrigo Arias Sánchez, emita una resolución que esclarezca el procedimiento que se seguirá para decidir sobre la convocatoria a consulta popular.
Este martes la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, expresó su preocupación respecto al proyecto de Ley Jaguar, ya que el análisis hecho al mismo arrojó que tiene el objetivo de desmantelar el actual sistema de control de los fondos públicos, lo que podría debilitar significativamente la supervisión financiera en el país.
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