Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública.

La contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, expresó su preocupación respecto al  proyecto de ley de referéndum presentado ante la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo denominado Ley Jaguar, ya que el análisis hecho al mismo arrojó que tiene el objetivo de desmantelar el actual sistema de control de los fondos públicos, lo que podría debilitar significativamente la supervisión financiera en el país.

En declaraciones enviadas a la prensa este martes Acosta señaló que el proyecto pretende eliminar competencias esenciales que la Constitución otorga a la Contraloría General, así como a las auditorías internas y a la misma Asamblea Legislativa. "Cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance", afirmó.

Tras un análisis del proyecto, Acosta advirtió sobre "enormes huecos" que podrían perjudicar el control de los fondos públicos. Indicó que la propuesta afecta más allá de la contratación de obra pública, ya que la Asamblea Legislativa también perdería herramientas cruciales de control político proporcionadas actualmente por la Contraloría.

Luego de analizar a fondo los enormes huecos que pretenden hacerle al control de los fondos públicos, podemos indicar con certeza que la situación es peor de lo que parece, ésto va más allá de los temas de contratación de obra pública, porque hasta la misma Asamblea Legislativa perderá insumos de control político que recibe actualmente de la Contraloría General, dado que esta ley le quitaría funciones sustantivas de forma tal que el poder ejecutivo le impondría al poder legislativo el tipo de controles que podrá realizar su propio órgano auxiliar, lo que parece claramente una invasión de las potestades legislativas y una abierta intención de minimizar dicha auxiliaridad".

Uno de los puntos críticos mencionados por Acosta es la posible eliminación de la capacidad de la Contraloría para fiscalizar la legalidad y eficiencia del uso de los fondos públicos. Esto incluye la supresión de instrumentos vinculantes, lo cual impediría a la Contraloría tomar acciones preventivas o correctivas ante posibles irregularidades detectadas.

Además, Acosta subrayó que el proyecto podría eliminar los controles preventivos, como la aprobación presupuestaria y el refrendo de contratos públicos, establecidos por la Constitución.

La Contraloría no podría avisar a tiempo para evitar un perjuicio económico para la Hacienda Pública sino únicamente hasta que se materialicen los daños y sea demasiado tarde. Se elimina así toda la etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción".

Otro aspecto preocupante para la jerarca del ente auxiliar del Congreso es la modificación del artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, vigente desde hace solo un año y medio. Según Acosta, esto permitiría la contratación y arrendamiento de inmuebles para obras públicas sin concurso público, limitando la transparencia y la participación de oferentes.

La situación también afecta a Japdeva, entidad para la cual el proyecto busca redefinir las alianzas estratégicas, permitiendo selecciones directas sin los debidos procesos de contratación pública.

La contralora general concluyó que la propuesta busca evadir el control de los fondos públicos, afectando negativamente la eficiencia y legalidad en el uso de los recursos nacionales.

Acosta dijo que están a la espera de la consulta oficial de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, conforme al artículo 6 de la ley que regula el trámite del referendo.