Pronunciamiento se presentó mientras Costa Rica es sede de la Pre-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos.
En conmemoración del Día de los Océanos, una serie de organizaciones ecologistas denunciaron a las autoridades del Poder Ejecutivo el incumplimiento de las leyes ambientales, las marítimas, las de ordenamiento, y la de zona marítimo terrestre.
El pronunciamiento se presentó este 8 de junio mientras el país es sede de la Pre-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Océanos y fue suscrito por la Asociación para el Desarrllo de la Cultura y el Ambiente de la Región Huetar Norte, Bloque Verde, Crema, Covirenas Caribe Sur Puerto Viejo, Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadores del Mar, Marine Watch Internacional, Oilwatch, Talamanca Siempre Verde y la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación.
Pronunciamiento fue leído durante el evento Immersed in Change que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Costa Rica.
Entre las exigencias solicitaron atender la situación crítica que viven los arrecifes de coral en ambas costas del país producto del aumento de las temperaturas del océano, el desarrollo urbano desmedido en zonas costeras, la deforestación de los bosques costeros, el uso de pesticidas y la contaminación por aguas residuales, así como el secamiento de humedales.
Estas condiciones se han traducido en un intenso blanqueamiento de los corales y su posterior pérdida. En este contexto urgieron a declarar un estado de emergencia con el objetivo de atender la conservación de estos ecosistemas.
“Para lograr su protección se requieren acciones inmediatas como la reactivación del Concejo de Corales y la implementación urgente de las medidas de conservación y gestión establecidas en el decreto ejecutivo 41.774 – MINAE, la Ley de Vida Silvestre, la Ley Orgánica del Ambiente, y la Ley de Pesca y Acuicultura”, puntualiza el documento.
El documento también recuerda que tiburones son vida silvestre y así han sido reconocidos por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 000912-F-S1-2023, publicada en junio de 2023.
Las organizaciones instaron al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a erradicar la captura de tiburón martillo y de otros tiburones en peligro de extinción, “incluso la incidental en la totalidad de la zona económica exclusiva costarricense”.
Sobre el Incopesca también pidieron por su urgente intervención, ya que consideran que "se quedó sin rumbo” y especificaron que contrario a ayudar al sector pesquero, el Gobierno ha buscado revivir la pesca de arrastre.
Debido a la inoperancia del INCOPESCA, Costa Rica perdió el financiamiento disponible para la urgente mejora de las pesquerías y la acuicultura, incluyendo los estudios necesarios para brindar las licencias a los pescadores artesanales y de pequeña escala".
Detallaron que el Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura se encontraba vigente hasta el año pasado, pero no han existido intentos por actualizarlo.
En el mismo tema, mencionaron que se debe atacar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada y cumplir con las obligaciones internacionales adquiridas por el país, tanto en puerto como en el mar. Al respecto solicitaron a Incopesca cumplir plenamente con el Programa de Observadores a Bordo que le ordena el artículo 60 de la Ley de Pesca y Acuicultura.
“Resulta urgente la mejora de las capacidades de inspección del INCOPESCA, en coordinación con otras autoridades como el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fuerza Pública, el SINAC y la Fiscalía”.
Las organizaciones denunciaron que las políticas de la administración Chaves Robles “han incrementado las violaciones al Patrimonio Natural del Estado”, esto según dicen provoca una acelerada invasión de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, así como la destrucción masiva de bosques costeros y humedales.
Estas acciones conllevan la destrucción de los hábitats de fauna marina en vías de extinción como lo son los corales, el manatí, los tiburones, y las tortugas, entre otros”.
Además cuestionaron que “el objetivo de esta destrucción es permitir el desarrollo inmobiliario y turístico”, lo cual ha aumentado además el desplazamiento geográfico de las comunidades locales hacia zonas lejanas de la costa, perdiendo así gran parte de su cultura e identidad.
Las organizaciones también llamaron al Estado a garantizar un desarrollo sostenible y democrático de cara a los indicadores socioeconómicos que reflejan la indiscutible vulnerabilidad de las comunidades costeras.
Al respecto, exigieron la implementación del mecanismo de gobernanza marina establecido en el decreto ejecutivo 41.775-MP-MSP-MAG-MINAE-MOPT-TUR, de la Política Nacional del Mar, y un compromiso de fiscalización y participación de las instituciones del Estado en los procesos de generación de los planes reguladores costeros.
Exigimos que en estos procesos se consideren las voces de los usuarios del mar quienes deben guiar las políticas marinas. Su conocimiento tradicional es invaluable para la gestión sostenible de recursos”.
Otro de los puntos es la urgencia a parar la contaminación de los océanos, “la cual ha alcanzado niveles verdaderamente alarmantes, amenazando la vida marina, la salud humana y el equilibrio mismo de nuestro planeta”.
Exigimos medidas inmediatas para asegurar la gestión de los residuos sólidos, tratar las aguas sucias, y limitar el uso de plaguicidas y otras sustancias altamente tóxicas, las cuales terminan en los ríos, mantos acuíferos y otros cuerpos de agua e inevitablemente en el mar”.
Destacaron que el Estado debe tomar medidas para disminuir los residuos generados por la actividad de pesca, con especial atención a las artes de pesca que se descartan en alta mar y continúan pescando, generando el fenómeno conocido como pesca fantasma.
Sobre el respeto a los océanos, solicitaron un mar sin extractivismo. Enfatizaron en el hecho de que actualmente existe una moratoria contra la explotación de petróleo y gas, pero que el actual Gobierno ha insistido en impulsar la práctica nuevamente.
Exigimos que se respete la moratoria establecida hasta el 2050, coherencia y justicia climática efectiva para no abrir ni un pozo más y caminar hacia la sociedad post petrolera”.
Además pidieron por control y vigilancia en las costas y mares. Esto debido a “la compleja situación que se vive tanto en alta mar como en el mar territorial y las costas". Urgieron a las autoridades para que se le asignen los recursos necesarios al Servicio Nacional de Guardacostas, a la Fuerza Pública, y a la Fiscalía para realizar las laborales de control y vigilancia. Resaltaron:
No existe una Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Marina vigente y todas las metas correspondientes fueron eliminadas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública por la administración actual”.
Por último exigieron que se presente nuevamente un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para la ratificación del Acuerdo de Escazú, con el fin de impulsar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Las organizaciones recordaron que que Costa Rica es 92% mar, por lo que instan a redoblar esfuerzos para cumplir con lo que les exige la Constitución Política, los convenios internacionales y la ley.
