Debo iniciar por expresar mi beneplácito de que el gobierno del presidente Chaves y su ministro de Economía pongan el tema del gota a gota como un referente de política pública. Reconocer la existencia del problema es ya un avance; sin embargo, su diagnóstico correcto, es aún más importante para encontrar una correcta solución de política pública.

El gota a gota es un mercado negro o informal que resulta de tres grandes temas vinculados. El primero refiere al problema de la exclusión social creciente en el mercado laboral que desplaza a casi la mitad de los trabajadores y a una parte sustantiva de los micro y pequeños empresarios al sector informal. Este tema, que no es nuevo, lleva consigo un problema social mayúsculo, que se hace más grande, dado que el sector informal laboral y productivo debe probar, ante banqueros e instituciones reguladoras, sus fuentes de ingreso, aspecto que es intrínseco de sus actividades. Las regulaciones existentes en los programas de riesgo de los bancos, auspiciado por la legislación internacional de Basilea, los obliga a excluir a buena parte de las propuestas de crédito asociadas con estos grupos, por la falta de los requisitos mínimos para su aprobación.

El segundo gran tema que explica el mercado negro es la expulsión del mercado formal de cientos de miles de consumidores financieros que han quedado morosos por una mancha en su expediente financiero por múltiples razones: desde pérdida del empleo o problemas familiares y personales hasta falta de educación financiera. Este segundo grupo pierde, por 10 años o más, la oportunidad de volver a tener un crédito en el sistema, lo que los obliga a caer en el mercado negro del gota a gota.

El tercer y más agudo problema es la exclusión y la pobreza que vive el país, agravada con la pandemia. Actualmente existen personas a las que no les alcanza sus ingresos ni siquiera para comer tres veces al día, especialmente madres, adultos mayores y una gran cantidad de niños que se han quedado desamparados. La falta de lo que podríamos llamar un ingreso mínimo vital para algunas familias las lleva a la desesperada situación de acudir por subsistencia a estos créditos del mercado negro, en un esfuerzo por tirar la bola hacia adelante, pero perdiendo los pocos activos que tienen en su haber.

Se trata entonces de un problema multidimensional que aborda no sólo la situación presente sino también las salidas a futuro. Un paliativo de un crédito puntual de 50 a 600 mil colones para personas —cuya situación de exclusión y pobreza es permanente— no es una solución duradera; en el mejor de los casos, asumiendo que se asigne a quienes realmente lo necesiten, es un parche o una gota de agua en el desierto.

Lo digo con toda franqueza: la propuesta de disminuir los costos de transacción de los bancos para asignar el microcrédito, sobre todo el Banco Popular, que debería por ley estar vinculado con estas iniciativas, no debería tomarse a la ligera. Aunque, si por la víspera se saca el día, pareciera carecer de suficientes recursos y de opciones de acompañamiento para convertirse en una solución legítima y sostenible.

El programa de crédito anunciado con bombos y platillos por el presidente requiere serios ajustes y mejoras para convertirse en una solución real al problema; de no hacerse con cuidado, la gotera se podrá hacer más grande.

La solución de los préstamos gota a gota es una acción de política pública que combine la persecución judicial de los delitos de extorsión y abuso de las tasas, la segmentación de servicios de crédito para el mercado informal, con propuestas como el “Banco de los pobres” o “la banca social comunal” y, por supuesto, una propuesta de ingreso mínimo vital que garantice la dignidad humana de todos los costarricenses.

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