La calificación S&P destacó la estabilidad de la democracia e instituciones políticas costarricenses así como los sólidos mecanismos de control del país.

La empresa internacional Standard & Poor's (S&P) elevó las calificaciones de riesgo soberano de largo plazo en moneda extranjera y local del país de ‘BB-’ a ‘BB’, con perspectiva estable. El análisis señala que hay una expectativa de una continuidad general en las principales políticas económicas de Costa Rica después de las elecciones del próximo año, así como que se mantenga el dinamismo económico impulsado por las exportaciones, que debería seguir apoyando la consolidación fiscal y estabilizar la carga de la deuda del gobierno.

Además, al otorgar la calificación S&P destacó la estabilidad de la democracia e instituciones políticas costarricenses así como los sólidos mecanismos de control, y un nivel de vida próspero en comparación con sus pares regionales, pero advierte que, mientras los incentivos fiscales que tienen las empresas en régimen de zona franca continúan impulsando el crecimiento económico, la dependencia en la economía del régimen definitivo para la recaudación tributaria afecta la estabilidad fiscal a largo plazo.

El análisis de S&P señala que la calificación podría mejorar en los próximos 12 a 18 meses si se da una mejor coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa que reduzca los obstáculos políticos que dificultan aprobar reformas legales; o si la economía del país creciera de forma sostenida por encima de la de sus pares, aumentando gradualmente su ingreso per cápita.

Por otro lado, se indica que la calificación podría ser degradada en los próximos 12 a 18 meses  si se produjeran retrasos persistentes en el acceso al financiamiento externo que generen presiones significativas sobre los mercados de capital internos; o ante una desaceleración económica de los principales socios comerciales de país, choques externos o problemas de inseguridad que afecten su posición en la balanza de pagos y su desempeño económico.

Entre otros aspectos el informe de S&P destacó que la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles se ha enfocado en impulsar el crecimiento tras el punto más crítico de la pandemia de COVID-19 y en fortalecer la posición fiscal de Costa Rica, cosechando los beneficios de la reforma fiscal de 2018. Sin embargo, reconoce que el partido oficialista "ha tenido dificultades durante todo su mandato para construir alianzas", y recuerda que la fragmentación en la toma de decisiones del país ha ralentizado e incluso, en ocasiones, impedido el avance de medidas fiscales que han sido debatidas por varias administraciones. Sobre las próximas elecciones añade:

Hemos observado una tendencia de fragmentación política en elecciones anteriores, lo que podría indicar que cualquier futuro gobierno necesitará negociar con varios partidos en la Asamblea para poder aprobar legislación".

Sobre la mejora en la calificación, Luis Alvarado, analista Económico y Bursátil de ACOBO Puesto de Bolsa. S.A., señaló:

Este movimiento fue bastante anticipado por el mercado ya que Moodys y Fitch habían realizado una calificación similar en las últimas revisiones".

Alvarado añadió:

Tres elementos destacan en esta calificación, las exportaciones, el crecimiento económico y la inversión extranjera. Es relevante mencionar que ya desde hace varios meses la deuda costarricense se ha venido transando en los mercados internacionales muy cercana a países que tienen una calificación cercana a grado de inversión".

Calificadoras de riesgo

Las agencias calificadoras de riesgo son empresas privadas que se dedican a clasificar los riesgos de inversiones de diferentes productos financieros, incluyendo las deudas soberanas. Existen tres empresas que suelen ser utilizadas como referencia para los riesgos de la deuda soberana: Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings.

Las calificaciones de riesgo son valoraciones de entes económicos privados que miden la capacidad de un Estado de hacerle frente a las deudas que adquiere, señalando el riesgo —la posibilidad de recuperar la inversión más los intereses— que conlleva para quien compra deuda de un Estado.