El AyA está en crisis. La falta de agua en Costa Rica es producto de la mala administración por parte de las autoridades responsables, específicamente el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que afecta a la ciudadanía y pone en una posición de vulnerabilidad a las costarricenses y los costarricenses.
Hoy más que nunca, la población sufre por la falta de agua en sus comunidades y barrios, sin importar si son de zonas rurales, costeras o urbanas. Así las cosas, es totalmente inaceptable la mala planificación estratégica, la pésima gestión y la precaria ejecución de la cual existe evidencia.
Primero, es importante aclarar que las fallas en el AyA no son por falta de dinero. El portafolio de inversiones de esta institución asciende a más de 801 mil millones de colones, de los cuales 520 mil millones de colones están destinados a agua potable y 281 mil millones de colones a saneamiento. Todos recursos públicos del pueblo de Costa Rica, que no están sirviendo para satisfacer las necesidades más urgentes de la gente.
La Contraloría General de la República en su informe más reciente sobre el AyA de abril del 2024 es contundente. La gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA no ha sido eficaz ni eficiente. Únicamente el 1,6% de los distritos más vulnerables del país tienen inversiones programadas en saneamiento y, solo el 16,7%, en agua potable. Asimismo, la Contraloría señala una anodina atención de las comunidades más olvidadas del territorio nacional. Inclusive la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también ha señalado varios puntos de mejora y la Sala Constitucional se ha pronunciado al respecto de la obligatoriedad de atender estas problemáticas.
Esto es sumamente grave. El 57% de los proyectos del AyA, debieron estar finalizados a enero de 2024; sin embargo, continúan en ejecución, demorando mejoras en la calidad, cantidad y continuidad del servicio de agua potable, así como el beneficio para más de 2,8 millones personas en todo el país. También, se ven afectadas más de 1,2 millones de personas, con la falta de construcción de alcantarillados sanitarios en nuestras costas. Algunos proyectos con atrasos incluyen obras enfocadas a eliminar el déficit actual de agua potable, y garantizar a largo plazo el suministro de las nuevas generaciones en todo el país.
Las deficiencias son tales que no existe una gestión de riesgos ni se definen responsables del portafolio y sus componentes; igualmente, el manejo de los datos institucionales presenta inconsistencias, omisiones y errores, advirtió el ente contralor. Por ejemplo, ningún proyecto fue incluido en el portafolio de inversiones con base en criterios de admisibilidad y priorización, costos, beneficios y riesgos. Esta situación dificulta la resolución de las problemáticas actuales y del por venir que más apremian, relacionadas a la desigualdad en el acceso al agua potable y saneamiento, el justificado enojo de la ciudadanía y el rezago en la descontaminación de aguas vertidas en nuestros mares y ríos; que demuestra, a propósito del día mundial del medio ambiente, que el AyA está fallando en la protección de nuestra riqueza natural y de la biodiversidad.
Entre 2019 y 2023 el costo por intereses, comisiones y amortización aumentó un 56%, mientras que los ingresos crecieron a penas un 12,4%, según datos de este órgano auxiliar del Poder Legislativo.
Es necesario profundizar en esto. El dictamen de la CGR sobre la liquidación presupuestaria del 2023 del AyA, específicamente en lo que se refiere a el comportamiento de sus créditos externos para proyectos de inversión, resulta alarmante y reprochable.
Por ejemplo, en setiembre 2019 se aprobó la Ley No. 9723, un crédito entre el Gobierno y el banco alemán KFW, para financiar el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias por un monto de hasta 79 millones de euros. El programa contemplaba como contrapartida un aporte nacional de $10 millones, aportada por el AyA, llamado a fungir como órgano ejecutor. Pese a este gran esfuerzo país, en el 2023 el AyA solicitó "realizar únicamente dos de los cuatro proyectos originales y con alcance reducido" debido al "incremento de costos de un 122,96% sobre el monto original del empréstito, esto, causado por las debilidades en el proceso de preinversión y el tiempo transcurrido de los estudios realizados". Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda decidió notificar al acreedor sobre la renuncia a los fondos aún no desembolsados. Ante la incapacidad de gestión y ejecución propia del AyA, el Gobierno decidió cerrar y finiquitar este valioso programa de crédito.
Esto es inaudito, Costa Rica es un territorio rico en agua, suficiente para satisfacer las necesidades de nuestra gente, impulsar el desarrollo sostenible e integral de nuestro país, y procurar el mayor bienestar de las futuras generaciones. Además de ser un líquido vital finito, su mala administración nos está costando muy caro.
¿Qué pasará con Costa Rica en 20 años? Como queda plasmado en las enseñanzas del Libro de Génesis, en abundancia debemos prepararnos para los tiempos de sequía. No obstante, actualmente estamos haciendo todo lo contrario. Hoy, se está hipotecando el agua de las generaciones venideras. Aquella que es necesaria para que las familias costarricenses subsistan. De ahí la importancia de una adecuada planificación de nuestro preciado recurso hídrico y ver con luz larga hacia el futuro, sin menoscabar nuestro medio ambiente para preservar la sostenibilidad del planeta, reactivar la economía y, sobre todo, proteger la vida humana.
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