Según el informe, Costa Rica debe redoblar sus esfuerzos en varias áreas críticas.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe 2024 sobre la trata de personas en el mundo, ubicando a Costa Rica en el listado de "nivel 2", el cual agrupa a los países cuyos gobiernos, pese a no cumplir plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, están haciendo "esfuerzos significativos" para cumplir con esos estándares.
Según el informe, publicado este lunes en un evento encabezado por el secretario Antony J. Blinken, en comparación con el periodo de reporte anterior, el gobierno costarricense incrementó sus esfuerzos generales, lo que le permitió mantener su posición en el nivel 2.
Entre los esfuerzos destacados, el informe destaca que el gobierno asignó recursos para programas de prevención por primera vez en tres años, procesó judicialmente a más presuntos traficantes, condenó a un mayor número de ellos y proporcionó servicios a todas las víctimas identificadas. Sin embargo, el informe también señala que el financiamiento para los esfuerzos contra la trata sigue siendo inadecuado y que existen obstáculos burocráticos que dificultan el acceso a los fondos disponibles. Además, solo se identificó a una víctima masculina de trata, y las opciones de refugio y servicios para víctimas adultas masculinas son insuficientes.
El reporte incluye varias recomendaciones prioritarias, como aumentar la identificación y referencia de víctimas, incrementar el financiamiento para servicios especializados y mejorar la formación de fiscales locales. También se recomendó intensificar los esfuerzos para investigar y procesar los delitos de trata, reducir los obstáculos burocráticos para la asignación de fondos y mejorar la recolección de datos sobre los esfuerzos judiciales y de protección a las víctimas.
En el ámbito de la persecución de delitos, el informe destaca que el país aumentó sus esfuerzos de aplicación de la ley. Según el artículo 172 del Código Penal, se criminaliza la trata sexual y laboral con penas de seis a diez años de prisión para delitos que involucren a víctimas adultas, y de ocho a dieciséis años para aquellos con víctimas menores de edad. En 2023 se investigaron 37 casos bajo este artículo, se iniciaron procesos contra 46 presuntos traficantes y se condenó a 11 traficantes, con sentencias que oscilan entre dos y 23 años de prisión.
En cuanto a la protección, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) del gobierno identificó a 36 víctimas de trata, a quienes se les proporcionaron servicios iniciales como refugio y atención médica. No obstante, el proceso de referencia del ERI fue evaluado de manera mixta, con algunas preocupaciones sobre su efectividad en áreas rurales. El gobierno también reportó desafíos en la distribución de recursos del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT), y solo asignó una parte de los fondos disponibles para servicios a las víctimas.
El informe subraya que la capacidad institucional para combatir la trata varía en todo el país, y que existe una mayor familiaridad con el tema a nivel nacional que en el municipal. Observadores consultados para la confección del informe señalaron que algunos funcionarios locales y fiscales no están familiarizados con situaciones de trata y no saben cómo solicitar apoyo de la oficina de la fiscalía especializada en trata.
En términos de prevención, el informe destaca que el gobierno aumentó sus esfuerzos y asignó recursos para campañas de concienciación y medidas preventivas por primera vez desde 2019. La Comisión Nacional contra la Trata de Personas (CONATT) continuó coordinando esfuerzos entre instituciones públicas, ONG y organizaciones internacionales, y evaluando críticamente sus actividades de lucha contra la trata.
El informe también detalla el perfil de la trata en Costa Rica, señalando que tanto las víctimas nacionales como extranjeras son explotadas en el país, y que los tratantes operan a menudo sin conexión con el crimen organizado. Las víctimas incluyen mujeres y niños costarricenses, personas LGBTQI+ y migrantes de Nicaragua, Panamá y otros países latinoamericanos, explotados en trata sexual y trabajos forzados.
El informe concluye que, a pesar de los avances, Costa Rica debe redoblar sus esfuerzos en varias áreas críticas para cumplir con los estándares internacionales y proteger a las víctimas de la trata de personas de manera más efectiva.
