Mi generación no conoció la guerra civil del 48 en los libros de texto. En mi caso, fueron relatos de vivencias de primera mano, contados a cuentagotas en la niñez: por ejemplo, al preguntar el porqué de algunas apasionadas conversaciones que surgían repentinamente en las sobremesas y en los frecuentes encuentros familiares; también al deslizar con gran interés la mirada en fotos guardadas cuidadosamente por mi abuelito en álbumes y en una caja, y escuchar sus entretenidas explicaciones, e ir conociendo algunos de sus motivos de orgullo; o al saber que otros queridos familiares habían tenido que huir de su casa ¨cuando la revolución¨. Las conversaciones se sucedían una y otra vez, a lo largo de un tiempo que, a esa corta edad, yo sentía muy extenso, y que -aprecio plenamente ahora- seguía transcurriendo muchos años después de haber concluido la guerra. Pero esas conversaciones no daban lugar a peleas ni a serias discordias: tenían lugar entre personas que se querían, que se habían apoyado mutuamente en aquellos días revividos tan difíciles e inciertos, y se mezclaban con el ponerse al día, con chistes y bromas, con el disfrute de comidas condimentadas con cariño. En algún vago momento entendí que tenía familiares en ambos bandos, me percaté de algunos protagonismos ¨en la revolución¨ y percibí algunas impresiones sobre ellos, y mucho después pude presenciar cómo algunas personas fueron cambiando sus simpatías partidarias, y aprendí de cuáles habían sido sus razones.
Cuando adulta nunca llegué a formularles esa pregunta, pero pienso que -en términos sociales- esa convivencia respetuosa probablemente se había reforzado por el carácter de los magnos y generosos acuerdos entre las fuerzas políticas en pugna que permitieron dar fin a la guerra civil de 1948, y por haberse establecido una enraizada democracia en nuestro país. Desde las cenizas y rescoldos de la guerra civil, los costarricenses compartimos el orgullo de haber podido construir un sistema pluralista, una institucionalidad democrática y desarrollado un Estado de bienestar destacados en América Latina, y reconocidos en el mundo. Se fueron arraigando importantes políticas de Estado que trascendían las administraciones gubernamentales; es el caso de la seguridad social encarnada en la Caja costarricense del seguro social. Tradicionalmente en el país ha existido un debate entre los políticos que podía llegar a ser muy álgido, pero eminentemente respetuoso; se respetaba la investidura presidencial de la República, tanto por los jefes de Estado como por los ciudadanos. Y pese a la desigualdad creciente, a numerosos problemas e insuficiencias por resolver, y a irritantes soluciones postergadas, los costarricenses hemos construido una comunidad política democrática y nos hemos sentido parte de ella.
Desde sinuosos recovecos y con una violencia verbal inaudita e intimidadora, el gobierno de Rodrigo Chaves propicia la desintegración de esa comunidad política, impugna el Estado de derecho, y somete numerosas instituciones públicas vitales a una mezquina erosión que daña directamente el bienestar de los ciudadanos. Para adentrarnos en este diapasón antidemocrático, y proveer de enfoque a nuestro análisis, tiene sentido traer a colación una brevísima reflexión sobre la democracia. Usando las palabras de Claude Lefort, la democracia representativa vincula el principio de soberanía del pueblo, ejercido mediante el sufragio, con tres cánones: la garantía de las libertades fundamentales de los ciudadanos; la abolición de diferencias estamentales; la formación de órganos en los cuales la autoridad pública se delega. Por otra parte, como lo resalta Nadia Urbinati, las instituciones de la democracia cabalmente tienen entre sus objetivos unir y vincular en un ¨nosotros político¨ a los ciudadanos individuales, y contener las presiones internas que propicien la desintegración del pueblo (el demos). Dado que el ¨nosotros político¨ no es un fenómeno natural, debe construirse de manera constante, tal como la democracia debe construirse incesantemente. A su vez, hay que considerar otro importante marco integrador: los regímenes democráticos se sustentan también en una asociación preestatal -la nación- cuya historia pasada común, por más contestada y conflictiva que sea, se construye y que también provee el vínculo de un destino común futuro.
Como se ha hecho meridianamente evidente, la democracia es la némesis del actual gobierno, un obstáculo para sus objetivos. Ya durante la campaña inicial y del balotaje, carente de una estructura partidaria y con solo nueve diputados electos, y sin explicitar un programa u objetivos que ambicionara lograr, Chaves hizo ostensivo que pretendía introducir transformaciones disruptivas y abruptas mediante la descomposición de instituciones democráticas, y su sustitución por ¨nuevas reglas¨ generadas desde el Poder Ejecutivo, al que grandilocuentemente llamaba el Soberano.
En el caso de los referéndums y plebiscitos, según lo explicitó, se trataba de la capacidad del soberano para influenciar las políticas públicas; precisaba que las disposiciones de instituciones tales como la Asamblea Legislativa y la Sala Cuarta podrían objetarse recurriendo a ellos (ver entrevista en Noche sin tregua, 20 febrero 2022). Totalmente ajeno a un ethos democrático que se ajusta a la división de poderes, y apelando a la noción de pueblo, afirmaba que si la Asamblea Legislativa ¨no se alinea¨ y ¨no legisla las cosas que el país necesita, vamos a poner la gente a legislar a través de referéndums¨, a ¨darle una opción a la ciudadanía para hacer lo correcto en caso de que la Asamblea Legislativa no quiera, yo quiero que la Asamblea legislativa quiera, pero tiene que haber una alternativa, si la gente no quiere negociar, para el bien del país¨ (¿Por quién voto? Entrevista con Glenda Umaña 22.12.2021).
Pilar Cisneros, por su parte, la emprendió contra el Tribunal Supremo de elecciones en cuanto garante de los resultados electorales, y fue secundada por Chaves, y sus confusas excusas posteriores no lograron remendar su trumpiano exabrupto. En el balotaje se evidenciaron nítidamente las ambiciones que buscan socavar la división de poderes y el Estado de derecho inherentes a un orden democrático, con una fuerte y evidente carga autocrática.
En cuanto a la libertad de expresión, el candidato la emprendió contra empresas periodísticas de peso en el país, que redujo a empresas corruptas, y amenazó a sus dueños: ¨somos un tsunami y, sí, vamos a causar destrucción, vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7…¨ (video de acto de campaña).
En el más puro libreto populista, impugnó la credibilidad de los opositores, para validar un modo de pensar de “nosotros-versus-ellos”. Su caracterización del sistema político costarricense fue de un reduccionismo mendaz: en esos términos, para hablar de su partido decía ¨no somos un club de amigos ni parientes¨ y utilizaba un lenguaje para aludir al contrincante, que aludía directamente a lo soez: ¨Hagamos una campaña de altura… ¿y a qué se han dedicado? a repartir barro, para no decir una palabra más pior…, algo que se parece al barro… y ahí me callo¨; ¨el cambio no puede ser darle las llaves del carro a los sinvergüenzas que nos trajeron aquí¨.
Además, con el lema ¨nos comemos la bronca¨, se apeló al pleito y la riña entre las personas, a la polarización social como mecanismos para enfrentar los problemas que enfrenta el país, y se apeló a constituir barras embravecidas.
Analizar la propaganda chavista ya no en el fragor de la campaña, sino traspasada la mitad de su gobierno, revela cómo tempranamente con ¨nos comemos la bronca¨ y criticando al poder legislativo de forma intimidatoria porque no ¨se alinea¨, se instaló tempranamente un dispositivo discursivo que, por un lado, servía para ocultar los propósitos programáticos del futuro gobierno que jamás fueron enunciados en la campaña y, por otro, para justificar futuras actuaciones orientadas a cambiar las reglas, para poder avanzar hacia propósitos y objetivos que serían ilegales conforme a las normas democráticas vigentes. Ese ¨productivo¨ dispositivo también estaba llamado a ¨predecir¨ el futuro: como el Estado democrático de derecho con sus normas es un obstáculo, debe transitarse hacia un Estado plebiscitario, obsecuente con el ¨productor de plebiscitos¨. Esta ¨autopredicción¨, de paso, ha permitido además justificar la ineficiencia e ineficacia del gobierno, sus fracasadas ¨rutas¨ que tanto están dañando el bienestar ciudadano y, por supuesto, tender un tupido velo ante las cuestionables e inconfesadas intenciones que subyacen tras el deterioro tan profundo al que están siendo sometidas intencionalmente las más diversas instituciones, como la CCSS, AyA y el ICE.
El primer paso que se pretende dar hacia ese ominoso tránsito es el proyecto más conocido como Ley Jaguar. Pensando en qué polisemia querrían despertar los asesores del mandatario y los rugidos en su escenificación en San Carlos, busqué por curiosidad en Wikipedia las características del felino: fundamentalmente solitario, caza haciendo emboscadas y prefiere la oscuridad de la noche, es oportunista a la hora de elegir las presas; está provisto de una mordedura excepcionalmente potente, que le permite atacar la cabeza de la presa para propinar un mordisco letal que atraviesa el cráneo para alcanzar el cerebro.
Contra los propósitos de sus hacedores, tras esa revisión de Wikipedia, menuda resulta tal denominación para esa ley que, como lo ha revelado y detallado la Contraloría de la República, órgano constitucional auxiliar de la Asamblea Legislativa, impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que se ejecuten; solo podrá actuar posteriormente y con ello elimina toda la etapa de prevención como instrumento para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción con los dineros públicos. Las instituciones podrían contratar obras públicas a dedo, habría deuda pública sin registrar, y no sería posible emitir alertas sobre ilegalidades evidentes en proyectos.
Como ha afirmado la Contralora ¨el ejecutivo quiere diseñar su propio modelo de control¨. Sin duda, el jaguar que quiere desdentar a su primera presa, la Contraloría de la República, es una paradójica manera de ¨comerse la bronca¨, para inaugurar una el Estado plebiscitario.
En su enjundioso, fecundo y documentado estudio de los totalitarismos del siglo XX, Hannah Arendt se refería a su pretensión de “reescribir” la historia, y a cómo las más variadas e infundadas construcciones tenían como objeto revelar la historia oficial como un chiste, para demostrar una esfera de secretas influencias, de las cuales la realidad histórica visible y conocida era solo una engañosa fachada exterior: así, se trataba de revelar el presunto descubrimiento de fuerzas ocultas, cuyo inexorable enfrentamiento debería acarrear la buena fortuna.
Conforme a la ocurrente ¨reescritura¨ de nuestra historia realizada en San Carlos por Rodrigo Chaves, nuestro país tras la guerra civil del 48 ha sido una ¨dictadura perfecta¨, y la buena fortuna del país se inició con su gobierno. Como reacción a la carta de los expresidentes, se corrige y dice que ¨la palabra dictadura perfecta no fue la más apropiada, pero si tiranía perfecta¨.
No: son nuestra amada democracia y el nosotros que hemos construido juntos como costarricenses los que están siendo amenazados, y esa amenaza nos convoca a defenderlos desde las mejores y más acendradas convicciones democráticas.
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