En un breve comunicado la Contraloría General de la República declinó participar del encuentro sugerido por el presidente.
Esta mañana, en atención a diversas consultas de la prensa, la Contraloría General de la República emitió un breve comunicado en el que informa que la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, no tiene planeado aceptar la invitación del presidente Rodrigo Chaves Robles a participar de un debate con la ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado.
El día de ayer, durante la conferencia de prensa semanal, el mandatario dijo:
Doña Marta la desafío a usted públicamente hoy, a que tenga un debate público con la ministra de Planificación, transmitido por televisión, vamos a buscar a un buen árbitro moderador, usted se trae un abogado constitucional y doña Laura se trae un abogado constitucional. Yo sé que usted se va a animar doña Marta y eso va a decir mucho si se anima o no a ese debate, está invitada. Le mandamos los detalles por escrito, que Dios los bendiga a todos y a usted también doña Marta”.
A modo de respuesta, la Contraloría indicó que: “Ante consultas de medios de comunicación, nos permitimos indicar que el debate sugerido sobre el referéndum ya se realiza en las instancias institucionales que corresponden: la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones. La CGR atenderá allí los procedimientos establecidos en las leyes que regulan ese debate formal, como corresponde en una democracia como la nuestra”.
Actualmente el futuro inmediato del proyecto de Ley Jaguar está en manos de la Sala Constitucional pues ayer miércoles diputadas y diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Liberal Progresista, Frente Amplio e independientes presentaron una consulta legislativa de constitucionalidad.
En un video circulado a la presa la jerarca de Mideplan, señaló que "es realmente lamentable que la señora contralora general de la República no quiera que tengamos un debate sano para escuchar argumentos y razones, ver punto por punto los contenidos de la ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica".
